El senador nacionalista Javier García vuelve a impulsar los allanamientos nocturnos después de dos plebiscitos fallidos. Ahora propone una consulta separada de las elecciones y amenaza con juntar firmas si no consigue apoyo parlamentario. La insistencia tiene un costo político, institucional y económico que parece importar bastante menos que mantener viva una consigna electoral.
Dos plebiscitos, dos rechazos y una perseverancia admirable
Javier García parece haber encontrado un defecto intolerable en la democracia uruguaya: los ciudadanos votan, pero algunas veces eligen algo distinto de lo que pretende el Partido Nacional. La solución del senador es bastante sencilla. Que vuelvan a votar. Y si el resultado tampoco lo satisface, siempre habrá oportunidad de intentarlo nuevamente.
En octubre de 2019, la reforma constitucional «Vivir sin miedo», impulsada por Jorge Larrañaga, incluía los allanamientos nocturnos dentro de un paquete de cuatro medidas de seguridad. Obtuvo el 46,83 % de los votos emitidos y no alcanzó la mayoría necesaria. Cinco años después, el 27 de octubre de 2024, la ciudadanía se pronunció sobre una reforma específica del artículo 11 de la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos. Esta vez recibió 961.926 votos favorables, el 39,36 % de los emitidos. Otro rechazo.
Dos consultas nacionales, dos oportunidades de convencer a la ciudadanía y dos resultados adversos. Pero García considera que todavía falta una tercera función. El argumento ahora consiste en que una votación separada permitiría «descontaminar» la discusión del proceso electoral. Una explicación particularmente ingeniosa: después de haber presentado la misma propuesta en dos elecciones nacionales, el problema habría sido el calendario y no la capacidad de convencer al electorado.
En esta nueva ofensiva, el senador también advierte que, si el Frente Amplio se niega a acompañar la iniciativa, el Partido Nacional podría salir a juntar firmas. La voluntad popular parece adquirir un carácter provisional cuando contradice determinadas aspiraciones políticas. El voto ciudadano vale, naturalmente, siempre que exista disposición a repetirlo hasta conseguir el resultado esperado.
El senador propone y los contribuyentes pagan
La nueva estrategia contempla aprobar una ley constitucional mediante el procedimiento establecido en el literal D del artículo 331 de la Constitución. Para ello se necesitan dos tercios de los integrantes de cada cámara parlamentaria y, posteriormente, la ratificación ciudadana. García quiere que esa consulta se celebre fuera de las elecciones nacionales, en una jornada especialmente convocada.
Organizar una votación nacional implica movilizar a la Corte Electoral, habilitar circuitos, acondicionar locales, disponer urnas y materiales, convocar funcionarios, organizar traslados, garantizar la seguridad del proceso y realizar el escrutinio. Todo ese despliegue tiene un costo. Y ese costo se paga con recursos públicos, los mismos que permanentemente se presentan como insuficientes cuando se discuten necesidades sociales, servicios estatales o inversiones para mejorar la seguridad.
Todavía falta conocer cuánto costaría exactamente esa nueva convocatoria. Lo que resulta evidente es que una jornada electoral independiente exige una estructura propia y recursos adicionales. Para García, sin embargo, parece tratarse de un detalle administrativo menor frente a la urgencia de ofrecerle otra oportunidad a una propuesta que acaba de ser rechazada en 2024.
La alternativa de juntar firmas tiene otro recorrido. Requiere la adhesión del 10 % de los ciudadanos inscriptos y llevaría la reforma a la siguiente elección nacional, prevista para 2029. Curiosamente, esa solución devolvería el asunto al mismo escenario electoral del que el senador pretende «descontaminarlo». La pureza del debate parece depender de cuántos votos consiga reunir en el Parlamento.
Uruguay enfrenta problemas reales de violencia, narcotráfico y criminalidad que afectan especialmente a los sectores populares. Son precisamente esos ciudadanos quienes necesitan respuestas serias, investigaciones eficaces y un Estado capaz de protegerlos. Convertir una discusión de seguridad en un mecanismo de presión política permanente supone una irresponsabilidad considerable. Todavía más cuando la propuesta consiste en volver a gastar tiempo institucional y recursos públicos para repetir una discusión que acaba de pasar por las urnas.
Allanamientos nocturnos: una llave que tampoco abrió las puertas en otros países
La experiencia internacional ofrece un panorama bastante menos espectacular que las promesas de mano dura. En Estados Unidos, las normas federales permiten ejecutar órdenes de registro durante la noche cuando un juez autoriza expresamente esa excepción por causa justificada. En Francia, los registros domiciliarios tienen horarios establecidos y las actuaciones nocturnas están sujetas a situaciones y condiciones especiales, particularmente en investigaciones de criminalidad organizada. Brasil mantiene una protección constitucional del domicilio que limita los ingresos mediante orden judicial al horario diurno, con excepciones como la flagrancia y las situaciones de emergencia.
Son ordenamientos jurídicos diferentes, con instrumentos policiales distintos y problemas de seguridad que tampoco desaparecieron gracias a la posibilidad de ingresar a una vivienda durante la noche. La autorización horaria puede ampliar las herramientas de una investigación, pero jamás sustituye la inteligencia criminal, el trabajo de Fiscalía, la identificación de organizaciones delictivas, el seguimiento del dinero del narcotráfico ni la capacidad del Estado para intervenir sobre las condiciones que alimentan la violencia.
La Constitución uruguaya protege la inviolabilidad del hogar en su artículo 11. Modificar esa garantía constituye una decisión institucional de enorme importancia, especialmente para quienes viven en barrios donde la presencia del Estado suele manifestarse con mayor frecuencia mediante operativos policiales que mediante servicios públicos suficientes.
García, que integró el gobierno de la coalición republicana como ministro de Defensa, conoce las responsabilidades de administrar recursos públicos y las dificultades de combatir el delito desde el Estado. Ahora propone volver a movilizar la maquinaria electoral para una reforma que obtuvo menos del 40 % de apoyo en su última presentación. Los problemas de seguridad siguen exigiendo respuestas, mientras una parte de la dirigencia nacionalista parece haber encontrado una actividad mucho más cómoda: organizar la próxima campaña por los allanamientos nocturnos.
La ciudadanía ya votó en 2019 y volvió a hacerlo en 2024. Para la tercera oportunidad, el senador propone cambiar el calendario. La factura, naturalmente, quedaría del lado de siempre.
Quatroges