Foto ; Casa Presidencial, El Salvador, CC0, via Wikimedia Commons
por Andrés Alsina
El tema Bukele como alternativa, modelo o cuestión a tener en cuenta resurgió en Uruguay con la visita del vicepresidente de El Salvador, Félix Augusto Antonio Ulloa Garay. Fue una visita normal de intercambio diplomático, pero resurgió el tema planteado por periodistas y políticos opositores.
Oficialmente se dijo que no se habló específicamente de eso, aunque declaraciones posteriores del canciller Mario Lubetkin admitían la duda, y la oposición —notablemente Andrés Ojeda— hizo caudal del tema.
Es que la avería del contrato social producida por las políticas neoliberales —y no solo en Uruguay, sino en el mundo— ha hecho a amplios sectores permeables a proyectos de pulsión autoritaria.
Así, 35 años después del colapso del comunismo, buena parte de los rumanos sigue recordando los años de su dictador Ceaucescu como tiempos de prosperidad. Lo mismo pasaba en Rusia hasta el ascenso de Putin. En Corea del Sur, este fenómeno se conoce como el síndrome Park Chung Hee, en alusión al dictador que gobernó el país con mano de hierro desde su golpe de Estado de 1961 hasta 1979 y que en 2015, según Gallup Korea, fue considerado por el 44 % de los encuestados como el mejor presidente que ha tenido la nación. Incluso en Alemania se escucha la frase «no todo fue malo bajo Hitler», aludiendo a los presuntos logros del régimen: auge económico, pleno empleo y, claro, las autopistas. Por algo avanza allí la derecha en las elecciones estaduales.
En Latinoamérica, la memoria hacia las dictaduras militares de la Guerra Fría es igualmente benévola para parte de la población, vistas como épocas de industrialización acelerada y bonanza económica. Desde la partidocracia uruguaya no se declara esa nostalgia: formalmente, todos están en contra del golpe de Estado civil y militar, aunque de los civiles no se sepa nada. Ni quiénes eran, en qué se beneficiaron ellos y sus seguidores y quiénes son los continuadores de esos intereses. Es más: uno de los motivos centrales que alentaron el golpe de Estado fue la legislación autoritaria que convirtió al Uruguay en «plaza financiera», esto es, en plaza de lavado de activos. Y a la dictadura, a la que mucho se le reprocha, esto no se le reprocha.
En Uruguay, el autoritarismo se expresa con lengua bífida hacia lo demostrado por Bukele: esto es, que se puede encarcelar a 100 o 120 mil pobres en un país de 6,4 millones de habitantes sin casi respaldo judicial más que sus tatuajes. El Partido Nacional sigue haciendo caudal de lo que afirma fue su lucha antidictatorial, pese a la evidencia en contrario, y en el Partido Colorado, la expresión en 2013 del entonces senador Ope Pasquet sobre la responsabilidad partidaria por la elección como presidente de Juan María Bordaberry bajo el lema Partido Colorado, y sobre el hecho de que este firmó el decreto de disolución de las Cámaras, fue cuestionada por su liderazgo. El senador Jorge Batlle de inmediato lo trató de «idiota» e «imbécil», y dijo que nunca había visto uno más grande. Sostuvo que el golpe estaba organizado mucho antes y que no lo organizó Bordaberry. Y Julio María Sanguinetti responsabilizó del golpe al Frente Amplio.
El autoritarismo uruguayo también se expresa en reclamar el —por suerte— inconstitucional allanamiento nocturno, propuesta dirigida no a concretarse, sino a atraer hacia el autoritarismo a votantes del FA.
En Uruguay, ese autoritarismo tiene su atractivo en sugerir la defensa de los bienes del ciudadano y no de su vida, que en general no es el propósito de los ladrones. Esa es su esencia: expresión de miedo y frustración, que es también lo que provoca en muchos ciudadanos ver gente durmiendo en la calle. Y eso promueve el autoritarismo: el miedo y la frustración, alimentados, entre otras cosas, por la propuesta del allanamiento nocturno. Esto, cuando se está en verdad ante una crisis social que necesita de otras respuestas. Empezando por la atención a los adictos, que el Estado no da.
Pero eso no se explicita, porque la situación alberga una pulsión positiva para los autoritarios: la posesión de bienes va simbolizando en esta sociedad el ascenso social hacia la famosa e imprecisa clase media uruguaya.
El allanamiento nocturno no va a favorecer ese ascenso, y la verdad, expresada por Sandra Libonatti, la titular de Senaclaft, es que la represión todavía no ha llegado al lavado de dinero de los grandes.
Fiscales como Angelita Romano no ayudan a que la represión siga la escalera del delito hacia arriba. El 16 de setiembre de 2026, Henry Latorre fue filmado entregándole dinero a Pablo Leiva en su casa; el allanamiento requería orden judicial, con lo que el día 17 Romano se enteró de la investigación en marcha. Se hicieron las tres detenciones: los nombrados y la señora de Latorre, pero el acuerdo abreviado, ya al día siguiente, impidió seguir la investigación hacia los mandantes de Latorre.
En este y en muchos otros casos, las fiscalías trabajan para poner obstáculos a la justicia. La reforma del Código del Proceso Penal (CPP), Ley 19.293, se aprobó en 2014 y entró en vigencia el 1.º de noviembre de 2017. Pasó del viejo sistema inquisitivo, con juez de instrucción, a uno acusatorio y oral, en el que la Fiscalía investiga y acusa. Ese cambio fue acompañado por la Ley 19.334 (2015), que convirtió a la Fiscalía en un servicio descentralizado y autónomo.
El nuevo CPP incorporó el proceso abreviado: el fiscal y el imputado, con su defensa, acuerdan la calificación del delito y la pena, y el juez homologa el acuerdo sin juicio oral. Para esto, el imputado debe aceptar los hechos y renunciar al juicio. El Parlamento no midió adecuadamente sus alcances al votar estas potestades a la Fiscalía. La sospecha de motivos políticos en fallos abreviados es creciente, y el interés parcial de la política en la justicia se transforma cada vez más en un problema institucional.