La auditoría sobre la administración de José Yurramendi abrió una disputa política dentro del Partido Nacional que ya llegó a la Fiscalía. El actual intendente, Christian Morel, denuncia irregularidades en el manejo de fondos, retenciones salariales y procedimientos de contratación, mientras su antecesor rechaza los cuestionamientos. Entre las acusaciones cruzadas aparecen cuentas con saldos insuficientes, pagos pendientes y operaciones sin respaldo administrativo completo. El centro del conflicto es el destino de los recursos públicos y las responsabilidades de quienes los administraron.
El dinero que exige explicaciones
La administración de Cerro Largo encabezada por José Yurramendi entre 2020 y 2025 quedó bajo examen después de que el intendente Christian Morel impulsara una auditoría externa sobre las cuentas departamentales. Los resultados fueron presentados públicamente el 18 de mayo de 2026 y expusieron observaciones sobre compras, pagos, manejo de fondos extrapresupuestales y retenciones practicadas a funcionarios municipales. La revisión alcanzó áreas sensibles de la administración financiera y abrió interrogantes sobre el destino de recursos que debían estar respaldados por registros contables y comprobantes de ejecución.
Uno de los señalamientos más importantes fue realizado por el director de Hacienda, Alejandro Duarte. Según explicó durante la presentación, se encontraron cuentas vinculadas a fondos extrapresupuestales con saldos insuficientes pese a existir recursos asignados a obras específicas. También mencionó diferencias entre fondos pendientes de rendición y disponibilidades correspondientes a convenios, subsidios de transporte y programas sociales. Entre estos últimos apareció Tu Sueño, Tu Hogar, programa vinculado a una reclamación de aproximadamente ocho millones de pesos presentada por un proveedor de materiales de construcción. De acuerdo con lo expuesto por Hacienda, no se había encontrado una orden de compra, autorización del ordenador de gastos ni documentación suficiente para establecer el destino de los materiales reclamados.
Los antecedentes de problemas administrativos no comenzaron con la auditoría encargada por Morel. El Tribunal de Cuentas, mediante su Resolución 653/2025, del 25 de marzo de 2025, examinó la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2023 e identificó incumplimientos relacionados con el depósito de la recaudación, las cajas chicas, los arqueos periódicos, los anticipos y la rendición de fondos, entre otras disposiciones. Aunque emitió una opinión sin salvedades sobre la presentación razonable de los estados presupuestales, dejó constancia de esas infracciones normativas y formuló recomendaciones a la administración. Se trata de antecedentes oficiales que permiten situar las actuales controversias dentro de un período en el que ya existían observaciones sobre los procedimientos financieros.
Dos administraciones blancas y una disputa por las responsabilidades
La presentación de la auditoría provocó un enfrentamiento público entre dos dirigentes del mismo Partido Nacional. Morel sostuvo que existían elementos para trasladar actuaciones a Fiscalía y anunció investigaciones administrativas. Yurramendi respondió cuestionando tanto el contenido político de la presentación como la actuación del nuevo intendente. El 19 de mayo acusó a Morel de generar «humo», interpretó su proceder como una actitud de revanchismo y lo exhortó a dedicarse a gobernar. La controversia trasladó el debate sobre las cuentas municipales al terreno de la interna nacionalista.
Sin embargo, las responsabilidades administrativas no se determinan por la intensidad de las declaraciones. Los fondos observados fueron gestionados por distintas dependencias municipales y su recorrido debe reconstruirse a través de las órdenes de pago, las cuentas bancarias, las retenciones, los comprobantes y las resoluciones que autorizaron cada operación. En el caso de los descuentos salariales, resulta especialmente importante establecer si las sumas retenidas a los trabajadores fueron efectivamente transferidas a sus destinatarios y, cuando eso no ocurrió, qué decisiones administrativas explican la diferencia. La responsabilidad de la administración anterior por las operaciones de su período y la obligación de la actual de documentar las irregularidades detectadas forman parte de una misma exigencia de rendición de cuentas.
La disputa también alcanza al control de las contrataciones. Durante la presentación de la auditoría, la administración Morel informó que en el 90 % de las compras examinadas no se había encontrado evidencia de procedimientos competitivos previos y que una parte importante de las adquisiciones se concentraba en un grupo reducido de proveedores. Esos resultados fueron comunicados públicamente, aunque la falta de acceso al informe completo y sus anexos impide comprobar de manera independiente cada operación, el universo de compras examinado y las eventuales justificaciones administrativas. La documentación, más que el intercambio de acusaciones, será determinante para establecer qué ocurrió.
Las denuncias llegaron a Fiscalía, pero las cuentas siguen reclamando respuestas
A comienzos de junio, la Intendencia confirmó la presentación de dos denuncias penales vinculadas a las observaciones de la auditoría. Una refiere a retenciones salariales practicadas a funcionarios municipales y la otra al manejo de fondos extrapresupuestales. La administración indicó además que continuaba una investigación administrativa y que podría aportar nuevos elementos a Fiscalía. Las actuaciones judiciales deberán establecer si existieron conductas penalmente relevantes y qué personas participaron en ellas, mientras la Intendencia conserva sus obligaciones de control y esclarecimiento financiero.
El avance de las investigaciones también exige identificar con precisión los importes involucrados. No existe todavía, en la documentación pública que pudo ser examinada, una conciliación completa entre el dinero retenido, las obligaciones pendientes, los saldos bancarios y los pagos finalmente realizados. Tampoco se dispone de las denuncias completas, sus anexos probatorios ni de resoluciones fiscales que permitan establecer responsabilidades individuales. La auditoría abrió interrogantes concretos, pero el recorrido documental de los fondos continúa siendo la pieza indispensable para esclarecerlos.
La discusión entre Morel y Yurramendi transcurre dentro de un partido que gobernaba Cerro Largo antes de la actual administración y que continúa al frente de la Intendencia. Las diferencias personales y políticas no sustituyen las explicaciones sobre los recursos municipales, ni resuelven las obligaciones con funcionarios, proveedores y beneficiarios de programas sociales. Cuando las papas queman, el problema deja de ser quién acusa a quién: lo que Cerro Largo necesita conocer es cuánto dinero está cuestionado, qué destino tuvo y quién debe responder por cada decisión administrativa.
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