La Comisión de Hacienda del Senado aprobó este jueves, con los votos del Frente Amplio, una iniciativa presentada por el senador Daniel Caggiani que establece mayores controles sobre los viáticos de legisladores y cargos políticos. El proyecto obliga a justificar los gastos dentro de los diez días hábiles posteriores a cada misión oficial, devolver los excedentes y declarar los viajes financiados por terceros. La propuesta recupera parte de un criterio de control establecido en una ley aprobada en 2019, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, que fue derogada en 2020 bajo la administración de Luis Lacalle Pou. El texto deberá continuar ahora su trámite parlamentario.
Diez días para rendir cuentas y devolver los excedentes
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores aprobó el jueves 8 de octubre un proyecto de ley impulsado por Daniel Caggiani, integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP), que busca ampliar las obligaciones de rendición de viáticos en el Estado. La iniciativa, presentada por integrantes de la bancada del Frente Amplio, recibió los votos del oficialismo y establece un régimen aplicable a senadores, diputados y cargos políticos y de particular confianza de los gobiernos departamentales y municipales. El proyecto modifica el artículo 46 de la Ley 19.924, que actualmente regula la liquidación y rendición de viáticos de los funcionarios comprendidos en los incisos del Presupuesto Nacional. La modificación incorpora expresamente al Poder Legislativo y a las juntas departamentales dentro del ámbito de aplicación de las obligaciones. Cuando una persona comprendida por la norma participe en una misión oficial en el exterior o una comisión de servicio dentro del país, dispondrá de diez días hábiles desde su regreso para presentar la rendición correspondiente. Deberá declarar los conceptos en los que utilizó los recursos recibidos, informar sobre el cumplimiento de las tareas asignadas y reintegrar los montos que no haya gastado. La declaración tendrá valor de declaración jurada. El texto también establece consecuencias para quienes incumplan estas obligaciones. En el caso de funcionarios que perciban una remuneración, una vez cumplida la instancia administrativa correspondiente, podrá descontarse de sus haberes el monto total del viático que no haya sido rendido, respetando las disposiciones sobre retenciones salariales. Cuando se trate de personas que desempeñen funciones honorarias, los antecedentes serán remitidos a las autoridades que las designaron para que adopten las medidas pertinentes. Además, quienes incumplan quedarán impedidos de recibir nuevas designaciones para misiones o comisiones de servicio que generen derecho al cobro de viáticos. El mecanismo busca establecer obligaciones verificables sobre el destino del dinero público utilizado en actividades oficiales, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Una regulación aprobada en 2019 y derogada durante el gobierno de Lacalle Pou
La discusión tiene antecedentes legislativos que permiten comprender el alcance del nuevo proyecto. El 12 de julio de 2019, durante la presidencia de Tabaré Vázquez, se promulgó la Ley 19.771, que regulaba el otorgamiento y la utilización de viáticos para los funcionarios públicos. Su artículo primero incluía expresamente a quienes ocuparan cargos electivos, políticos y de particular confianza, tanto remunerados como honorarios, y comprendía a los tres poderes del Estado, organismos de contralor, entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales y municipales. Aquella norma establecía la obligación de rendir los gastos dentro de los treinta días hábiles posteriores al regreso de cada misión y exigía documentación respaldante, un informe sobre las actividades realizadas y la devolución de los excedentes. Admitía que hasta un 20% de los gastos careciera de comprobantes, siempre que estuviera acompañado de una justificación con valor de declaración jurada. También preveía descuentos salariales y restricciones para nuevas misiones cuando no se cumpliera con la rendición. Sin embargo, la entrada en vigor de esa legislación fue postergada hasta el 1.º de enero de 2021 mediante la Ley 19.860, aprobada en diciembre de 2019. Antes de que comenzara a regir, el gobierno de Luis Lacalle Pou promovió un nuevo régimen mediante la Ley de Presupuesto 19.924, promulgada el 18 de diciembre de 2020, cuyo artículo 46 derogó expresamente las leyes 19.771 y 19.860. La nueva regulación mantuvo obligaciones de rendición y devolución de excedentes, con un plazo de diez días hábiles, pero circunscribió su aplicación a los funcionarios comprendidos en los incisos del Presupuesto Nacional, dejando atrás el alcance general de la ley anterior. El proyecto que ahora impulsa el Frente Amplio busca ampliar nuevamente ese marco para incorporar a los legisladores y otros cargos políticos. La diferencia entre ambas normas constituye uno de los antecedentes centrales del debate: el Parlamento vuelve a discutir la obligación de justificar recursos públicos que había sido concebida con un alcance más amplio en 2019 y posteriormente sustituida por una regulación más acotada. La iniciativa de Caggiani fue presentada en agosto de este año junto con otra propuesta de la bancada frenteamplista para reducir de doce a seis meses el subsidio que pueden percibir determinados exlegisladores y exjerarcas al finalizar sus funciones, acercando su duración a la protección prevista para los trabajadores de la actividad privada. Se trata de proyectos independientes, aunque ambos forman parte de una discusión sobre los beneficios económicos asociados al ejercicio de cargos políticos.
Los viajes pagados por terceros también deberán declararse
Una de las disposiciones del proyecto introduce obligaciones específicas para los viajes parlamentarios financiados por terceros. Los senadores y diputados que participen en congresos, seminarios, conferencias, visitas oficiales u otras actividades costeadas total o parcialmente por Estados, instituciones u organismos internacionales deberán presentar, dentro de los diez días hábiles posteriores a su regreso, un informe ante la Presidencia de la cámara correspondiente. El documento deberá incluir una copia de la invitación o una constancia que la acredite, identificar a la institución o entidad que realizó la convocatoria y detallar los beneficios recibidos. Entre los conceptos que deberán declararse figuran los pasajes, alojamiento, alimentación, transporte interno, viáticos y cualquier otro beneficio económico o en especie proporcionado por terceros. La disposición permitirá que las autoridades parlamentarias cuenten con información sobre quiénes financian los desplazamientos internacionales de los representantes y qué gastos asumen las organizaciones que los invitan. Este aspecto incorpora al debate una dimensión que excede el control contable de los viáticos: la identificación de las relaciones institucionales y económicas que pueden establecerse mediante el financiamiento de actividades oficiales. La iniciativa se suma a otras propuestas discutidas durante el año, entre ellas un proyecto presentado en agosto por el senador colorado Pedro Bordaberry para prohibir viajes de legisladores y funcionarios parlamentarios financiados con fondos públicos, una alternativa diferente a la regulación de gastos impulsada por el Frente Amplio. Tras la aprobación en comisión, Caggiani expresó su expectativa de que el proyecto reciba el respaldo de legisladores de otros partidos cuando sea considerado por el plenario del Senado. Su aprobación definitiva dependerá del resto del trámite parlamentario, incluido el tratamiento en la Cámara de Representantes. El debate vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión concreta de la administración pública: los recursos asignados para representar al Estado deben utilizarse para las actividades que justificaron su entrega y estar sujetos a mecanismos de rendición. La obligación de declarar los gastos, restituir el dinero no utilizado e identificar a terceros que financien viajes establece condiciones para controlar esas partidas y permite examinar con mayor precisión el destino de los recursos públicos. El alcance efectivo de estos cambios dependerá de la aprobación de la ley y de su posterior aplicación por los organismos comprendidos.
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