Un empresario salteño, técnico radiólogo y dueño de un boliche fue detenido durante un operativo de tránsito tras negarse a realizar una espirometría. La Intendencia de Salto radicó denuncia ante Fiscalía por amenazas y desacato. El caso expone un choque directo entre controles públicos, funcionarios en la calle y una reacción marcada por presunto abuso de posición social.

Un control de tránsito que terminó en Fiscalía

Un operativo de tránsito realizado en Salto terminó con un empresario detenido, una denuncia presentada y el caso en manos de Fiscalía. El episodio ocurrió durante un control de rutina, en el que inspectores solicitaron una prueba de espirometría.

El hombre, identificado en el ámbito local como empresario salteño, técnico radiólogo y propietario de un boliche, se habría negado a realizar el examen. A partir de esa negativa, el procedimiento derivó en un intercambio con inspectores y efectivos policiales que terminó con una denuncia por desacato y amenazas.

La información fue confirmada por el director de Tránsito de la Intendencia de Salto, Alberto Subí, quien señaló que el hecho fue registrado y que la administración departamental resolvió llevar el caso a Fiscalía.

Amenazas, insultos y poder frente a funcionarios públicos

El caso no quedó limitado a una infracción de tránsito. Según la información difundida por medios locales y nacionales, el empresario habría insultado y amenazado a los funcionarios actuantes durante el procedimiento.

Entre las expresiones atribuidas al detenido figura una frase de fuerte contenido clasista: “Soy millonario, tengo varias empresas, ustedes van a ser unos muertos de hambre siempre”. También se le atribuyó una amenaza vinculada a su actividad en el área de la salud: “Cuando se enfermen, me voy a acordar de atenderlos porque yo trabajo en la salud y me las voy a cobrar”.

Ese punto agrava el impacto público del episodio. No se trata solo de una negativa a soplar en un control. La denuncia apunta a una reacción frente a trabajadores públicos en ejercicio de una tarea de prevención, en un área sensible para la seguridad vial.

Los controles de espirometría existen para reducir riesgos en la vía pública. Detrás de cada procedimiento hay inspectores, policías y funcionarios expuestos a situaciones de tensión, muchas veces de noche, en la calle y frente a personas que rechazan la autoridad del control.

El caso queda en manos de Fiscalía

Tras el episodio, el empresario fue detenido y trasladado a la Seccional 3ª. Más tarde, dos abogados se presentaron para asumir su defensa. Fiscalía deberá analizar las actuaciones, la denuncia presentada y las eventuales responsabilidades por amenazas, desacato y negativa a realizar la prueba de espirometría.

El director de Tránsito también informó que durante el fin de semana se realizaron varios puntos de control, con incautación de vehículos en infracción y detenciones de personas que conducían bajo efectos del alcohol.

El caso abre una discusión que va más allá de Salto. Los controles públicos no pueden depender del poder económico, del apellido, del cargo ni de la profesión de quien está frente a los funcionarios. En una democracia, la ley de tránsito corre para todos: para el trabajador común, para el comerciante, para el empresario y para quien crea que su lugar social lo pone por encima del procedimiento.