El asalto ocurrido este lunes en 21 de Setiembre y Ellauri abrió una historia que va mucho más allá de la crónica policial. La víctima fue descripta por la prensa como un empresario vinculado a una casa de cambio de esa zona; en esa misma esquina funciona Cambio Aspen, cuyo único accionista ante el Banco Central es Daniel Pérez Montero. Su trayectoria atraviesa más de dos décadas del sistema financiero uruguayo y aparece documentada en sanciones del BCU, en dos transferencias por casi US$800.000 utilizadas para iniciar la compra de El Entrevero vinculada al entramado de Lázaro Báez, en una investigación argentina sobre el patrimonio del exjerarca vial Gustavo Gentili y en una causa penal abierta en Brasil.
Del mercado de valores a Cambio Aspen
Los registros del Banco Central del Uruguay ubican a Daniel Pérez Montero como corredor de bolsa al menos desde 2003, cuando figuraba con domicilio profesional en 21 de Setiembre 2859. En diciembre de 2010 fue cancelada su inscripción individual y comenzó el proceso de inscripción de DPM Corredor de Bolsa S.R.L., sociedad en la que Pérez Montero llegó a controlar el 99% del capital, acompañado por Mario Alberto Ribeiro Ricci con el 1% restante. El BCU otorgó la inscripción definitiva a la firma en 2011, pero cinco años después la Superintendencia de Servicios Financieros la sancionó con una multa de 300.000 Unidades Indexadas por deficiencias e incumplimientos relacionados con las normas destinadas a prevenir el uso de los intermediarios de valores para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, además de realizar actividades ajenas al objeto exigido para este tipo de empresas. DPM comunicó posteriormente el cese de sus actividades al 24 de marzo de 2017 y solicitó el retiro voluntario de su autorización, que el BCU concedió en junio de 2018 mientras la sociedad avanzaba hacia su disolución y liquidación. Pérez Montero reaparece después en Segural S.A., la sociedad que opera como Cambio Aspen: el registro actual del Banco Central lo identifica como propietario del 100% de las acciones y presidente de la compañía desde noviembre de 2023. Ese mismo año la Superintendencia realizó una inspección en la casa de cambio a partir de informaciones relacionadas con una causa argentina. La resolución dictada en octubre de 2024 estableció que solamente 18 de 54 operaciones de montos significativos realizadas entre Cambio Aspen y una empresa vinculada habían sido comunicadas a la base centralizada de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Los inspectores comprobaron además que cuentas personales de correo electrónico de Pérez Montero eran utilizadas para actividades vinculadas con la casa de cambio y dejaron constancia de que el empresario se negó a permitir el acceso solicitado a esas cuentas. Segural fue sancionada con una multa de 300.000 UI, cuyo pago en diez cuotas mensuales de 30.000 UI fue autorizado posteriormente por el BCU. La página institucional del Banco Central identifica actualmente a Segural S.A. como una casa de cambio “en proceso de baja”, manteniendo a Pérez Montero como su único accionista.
Las transferencias de El Entrevero y la Ruta del Dinero K
El vínculo documental más directo de Pérez Montero con una causa judicial argentina aparece en la sentencia dictada el 22 de octubre de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº4 en el expediente conocido como El Entrevero. La investigación reconstruyó la compra por US$14 millones de una estancia ubicada en José Ignacio y concluyó que la operación había integrado una estructura utilizada para canalizar y ocultar fondos de origen ilícito vinculados a Lázaro Báez. Para asegurar la compra se depositó una seña cercana a US$1,4 millones en una cuenta del escribano uruguayo Adolfo Pittaluga Shaw en Banco Santander de Montevideo. Los registros enviados desde Uruguay permitieron establecer que el 23 de diciembre de 2010 AFISUR transfirió desde HSBC en Estados Unidos US$399.617,68 por orden de Daniel Pérez Montero y que el 28 de diciembre realizó otra transferencia, también ordenada por Pérez Montero, por US$399.618,01. Entre ambas sumaron US$799.235,69. Una tercera transferencia, ordenada por Santiago Walter Edgardo Carradori el 30 de diciembre, agregó US$599.441,68 y completó prácticamente la seña, descontadas las comisiones bancarias. En respuesta a los requerimientos realizados durante la investigación uruguaya, DPM explicó que Pérez Montero había intervenido a título personal y que Maximiliano Goff Dávila le había solicitado un préstamo de US$800.000, documentado mediante un pagaré con un interés compensatorio del 8% anual, para una inversión inmobiliaria denominada El Entrevero. Según esa respuesta, los fondos provenían de posiciones personales de Pérez Montero mantenidas mediante Indira Management Inc. dentro de AFISUR. El Tribunal reconstruyó posteriormente la adquisición del campo dentro de la estructura financiera y societaria utilizada para colocar dinero de Báez en el circuito formal y condenó a Báez y a varios de los responsables que participaron en la maniobra. Pérez Montero no integró la lista de ocho acusados juzgados en esa sentencia: su intervención aparece documentada como ordenador de las dos transferencias que aportaron casi US$800.000 al primer pago de la estancia. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó posteriormente las condenas de El Entrevero y en abril de 2026 declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados para llegar a la Corte Suprema. El expediente quedó relacionado con el universo judicial de la denominada Ruta del Dinero K, aunque la propia Casación diferenció las operaciones de El Entrevero de los hechos juzgados en la causa principal y sostuvo que se trataba de fondos y maniobras distintos. Esa documentación permite ubicar con precisión a Pérez Montero en el movimiento inicial del dinero de El Entrevero sin atribuirle una condena que nunca recibió en ese proceso.
Gentili, Aspen Trading y una investigación abierta en Brasil
El nombre de Pérez Montero volvió a aparecer en otro expediente argentino relacionado con Gustavo Gentili, quien ocupó cargos en la Dirección Nacional de Vialidad y dirigió el Órgano de Control de Concesiones Viales, OCCOVI. Una resolución de la Cámara Federal de 2021 reconstruyó que el 12 de julio de 2013 Febaro S.A. celebró un contrato de mutuo con Aspen Trading Corp., vinculada a Mario Alberto Ribeiro Ricci y Daniel Pérez Montero, por el equivalente en dólares de 670.000 bonos Boden 2015, con devolución en cuatro cuotas e interés anual del 6%. La causa investigó esa operación dentro del patrimonio atribuido a Gentili y su entorno y Pérez Montero y Ribeiro fueron procesados en distintas oportunidades durante la instrucción. El 8 de julio de 2026, sin embargo, la Cámara Federal revocó el último procesamiento y sobreseyó a ambos al entender que después de años de investigación no se había logrado probar que conocieran el origen ilícito atribuido a los fondos. El expediente Gentili también tuvo otras líneas: una resolución del Tribunal Oral Federal Nº2 dejó registrado que entre los hechos investigados estuvieron los presuntos beneficios concedidos desde el OCCOVI a las empresas IECSA, AECSA y Consular. IECSA había sido la constructora insignia de SOCMA hasta 2007, cuando Franco Macri la vendió a su sobrino Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, un dato que muestra cómo las investigaciones sobre obra pública terminaron atravesando redes empresariales que no se agotaban en una única pertenencia política. El recorrido de Pérez Montero continúa después en Brasil. Una resolución del Banco Central uruguayo del 29 de agosto de 2025 consignó que las autoridades brasileñas habían investigado movimientos financieros realizados entre noviembre de 2023 y enero de 2024 y que esas actuaciones culminaron en la acción penal Nº5050353-10.2024.4.04.7100/RS por supuestos delitos de evasión de divisas e integración de una organización criminal, entre otros. La Superintendencia sostuvo que Segural debía haber comunicado esa situación porque Pérez Montero era su único accionista y presidente y terminó sancionando a la sociedad con 45.000 UI por incumplir la obligación de informar el hecho relevante. Los documentos disponibles trazan así un recorrido de más de dos décadas: corredor de bolsa en Uruguay, transferencias utilizadas en el primer pago de El Entrevero, operaciones examinadas en la causa Gentili, actuaciones y sanciones del Banco Central y una investigación penal brasileña. Son expedientes diferentes y con desenlaces diferentes, pero en ellos se repiten los mismos elementos que permiten seguir el dinero más allá de las fronteras políticas y nacionales: intermediarios financieros, sociedades, títulos públicos, préstamos, cuentas internacionales y movimientos entre Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Brasil.