La gestión de ASSE durante el gobierno de Luis Lacalle Pou cerró con un salto financiero de enorme impacto. De los $ 376 millones registrados en 2019 se pasó a cifras que superan los $ 4.500 millones y que, según el relevamiento de la Auditoría Interna de la Nación, llegaron a más de $ 5.400 millones en obligaciones pendientes de pago a enero de 2025. La administración que tuvo a Leonardo Cipriani al frente durante más de cuatro años dejó al principal prestador público de salud condicionado por facturas, proveedores y gastos sin respaldo presupuestal suficiente.
De $ 376 millones a más de $ 5.400 millones
La comparación es directa y difícil de disimular. En 2019, ASSE registraba $ 376.353.548 en gastos de funcionamiento imputados al ejercicio siguiente. Ese dato surge del relevamiento de la Auditoría Interna de la Nación y coincide con las cifras manejadas por las nuevas autoridades del organismo.
Al cierre del período de gobierno de Luis Lacalle Pou, el cuadro era otro. Álvaro Danza, presidente designado de ASSE, señaló que la deuda había trepado a $ 4.500 millones, una cifra casi doce veces superior a la de 2019. En dólares, ese monto se ubica en el entorno de los US$ 102 millones.
El informe de la Auditoría Interna agregó otro dato todavía más pesado: al 20 de enero de 2025, las obligaciones pendientes de pago registradas en ASSE ascendían a $ 5.403.477.130. La equivalencia informada públicamente ubicó esa cifra cerca de los US$ 127 o US$ 128 millones.
No se trata de una diferencia menor ni de un ajuste contable. El salto entre 2019 y el final de la administración de la coalición muestra un deterioro fuerte en la situación financiera del prestador público de salud.
La deuda detrás del discurso de buena gestión
Durante la gestión anterior se presentaron balances con énfasis en obras, camas, servicios, ambulancias y mejoras de equipamiento. Leonardo Cipriani dejó la presidencia de ASSE el 9 de mayo de 2024, tras poco más de cuatro años al frente del organismo, y fue sustituido por Marcelo Sosa.
Pero detrás de ese relato de gestión apareció una estructura financiera tensionada. El relevamiento de la Auditoría Interna marcó gastos comprometidos sin crédito disponible, deudas que pasaban de un ejercicio al siguiente, atrasos con proveedores y criterios de priorización de pagos.
La deuda no quedó en una planilla abstracta. ASSE paga medicamentos, estudios, traslados, CTI, limpieza, vigilancia, alimentación, oxígeno, material médico y servicios tercerizados. Un atraso en esas áreas golpea directamente sobre la capacidad de respuesta del sistema público.
El dato más grave es que, según la ministra Cristina Lustemberg, ASSE arrastraba una deuda total de US$ 280 millones, de los cuales US$ 180 millones no tenían resguardo presupuestal. Esa cifra coloca el problema por encima de una simple discusión entre administraciones: muestra un organismo central para la salud pública entrando al nuevo período con una fragilidad financiera severa.
Cipriani, auditorías y responsabilidad política
La mayor parte del período 2020-2025 en ASSE estuvo bajo la conducción de Leonardo Cipriani. Su salida se produjo en mayo de 2024, antes del cierre del gobierno, pero la gestión que encabezó quedó en el centro del debate político y administrativo.
En abril de 2026, el directorio de ASSE resolvió presentar una denuncia penal contra las autoridades del período anterior, presidido por Cipriani, por presuntas irregularidades en contrataciones de servicios externos, traslados en ambulancias, camas y exámenes clínicos en mutualistas. El exdirectorio respondió que se trataba de un ataque político y sostuvo que su actuación había sido ajustada a derecho.
La discusión también llegó al Parlamento. La oposición impulsó una comisión investigadora para analizar gestiones de ASSE desde 2015 en adelante, mientras el Frente Amplio puso el foco en la administración encabezada por Cipriani y en las contrataciones realizadas durante el gobierno de Lacalle Pou.
El punto de impacto político está en los números: 2019 cerró con una deuda de unos $ 376 millones; el final del período de la coalición dejó cifras que superan los $ 4.500 millones y obligaciones pendientes por más de $ 5.400 millones. El principal prestador público de salud no cambió de gobierno con una deuda similar: cambió de gobierno con una carga financiera multiplicada.