Foto: Terreno en Ocean Park, Maldonado

Las intendencias blancas reclaman a Yamandú Orsi que retire el decreto que endurece las condiciones para recategorizar suelos. El planteo aparece después de antecedentes que muestran cuánto puede valer una decisión administrativa sobre la tierra: en Maldonado, el gobierno de Luis Lacalle Pou autorizó la venta por unos US$ 120.000 de 7,5 hectáreas estatales a Alexandre Grendene, empresario que había puesto su avión privado a disposición del entonces presidente y cuyo terreno fue señalado en el Parlamento como muy por debajo de estimaciones inmobiliarias difundidas públicamente; en Tacuarembó, Wilson Ezquerra quedó bajo investigación penal por la venta en US$ 210.000 de un campo suyo mientras avanzaban actuaciones para recategorizarlo de rural a suburbano industrial.

Las intendencias blancas quieren que Orsi retire el decreto

El Decreto 128/026 fue promulgado el 4 de junio por el presidente Yamandú Orsi junto a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. La norma reglamentó los Programas de Actuación Integrada y estableció requisitos para determinados procesos de transformación de suelo, entre ellos fundamentación territorial, definición de usos, características de ocupación, infraestructura, servicios y participación de organismos nacionales.

La Intendencia de Rocha presentó un recurso de revocación. La administración de Alejo Umpiérrez entiende que el decreto agrega exigencias que exceden la ley, afecta la autonomía departamental, incrementa los costos de los desarrollos y dificulta los procesos de urbanización. Umpiérrez planteó el reclamo directamente a Orsi durante una reunión con los intendentes en Anchorena y el presidente se comprometió a estudiar el planteo.

El cuestionamiento también encontró respaldo entre otros intendentes del Partido Nacional. Felipe Algorta, de Durazno, dispuso analizar la reglamentación antes de decidir si acompaña el recurso, mientras Carlos Enciso, intendente de Florida y presidente del Congreso de Intendentes, expresó reparos por el incremento de controles nacionales sobre procedimientos departamentales. El núcleo de la discrepancia quedó planteado en el margen de decisión que conservan las intendencias para transformar el suelo y en la intervención del Estado nacional sobre decisiones capaces de modificar profundamente el aprovechamiento y el valor de un inmueble.

Grendene: 7,5 hectáreas estatales, US$ 120.000 y el avión de Lacalle Pou

El antecedente de Alexandre Grendene coloca esa discusión sobre hechos concretos vinculados con la administración y valorización de tierras. El 5 de septiembre de 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, el Poder Ejecutivo autorizó la venta al empresario brasileño de una fracción de 7 hectáreas y 4.657 metros cuadrados del padrón 31.896, en Maldonado, perteneciente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La documentación administrativa estableció una tasación de 2.885,50 Unidades Reajustables. Un pedido de informes presentado en la Cámara de Representantes consignó, sobre la base de información difundida públicamente, que por el predio se habían pagado alrededor de US$ 120.000 y que inmobiliarias de la zona habían estimado su valor en unos US$ 750.000. Esa diferencia llevó a reclamar explicaciones sobre la tasación, las condiciones de la enajenación y el procedimiento utilizado.

Grendene ya había facilitado aeronaves utilizadas por Lacalle Pou. En febrero de 2021 puso un avión privado a disposición del entonces presidente para viajar a Brasilia y reunirse con Jair Bolsonaro. El empresario volvió a facilitar una aeronave en enero de 2023 para trasladar a Lacalle Pou, José Mujica y Julio María Sanguinetti a la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. Meses después, el Poder Ejecutivo autorizó la venta del terreno estatal lindero con propiedades del empresario.

La secuencia documentada reúne esos hechos: un empresario que había facilitado aviones utilizados por el presidente adquirió del Estado 7,5 hectáreas en Maldonado mediante una operación que un pedido de informes parlamentario situó en aproximadamente US$ 120.000, mientras recogía estimaciones inmobiliarias cercanas a US$ 750.000. La enajenación fue autorizada por el Poder Ejecutivo y formalizada mediante resolución de Presidencia.

Ezquerra: el campo del intendente y la recategorización

El caso de Tacuarembó entra directamente en el terreno que ahora regula el decreto de Orsi. Wilson Ezquerra había comprado en 2007 un campo de 14 hectáreas en Paso del Manco por US$ 32.000. Años después, un proyecto maderero de capitales brasileños se interesó en instalar allí una actividad industrial que requería transformar la categoría rural del predio.

La Intendencia de Tacuarembó promovió actuaciones vinculadas con la declaración de interés departamental y con la recategorización del terreno de rural a suburbano industrial. Durante parte de ese proceso, el propietario seguía siendo el propio intendente. En febrero de 2024 Ezquerra había firmado un boleto de reserva para vender el campo y el expediente para declarar de interés departamental el proyecto ingresó a la Junta antes de concretarse la compraventa.

La compraventa se concretó el 31 de mayo de 2024 por US$ 210.000. El campo había sido comprado por US$ 32.000 y Ezquerra lo había declarado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública en 2022 por US$ 45.000. Después de la venta, los padrones involucrados fueron unificados y la Junta terminó aprobando la declaración de interés departamental vinculada al emprendimiento.

La Fiscalía de Durazno abrió una investigación en la que Ezquerra quedó indagado por posibles delitos de corrupción, entre ellos conjunción del interés personal y del público y tráfico de influencias. Ezquerra declaró en octubre de 2025. Su versión fue que la solicitud de interés había partido de la empresa y que, cuando la Junta aprobó definitivamente la iniciativa, el terreno ya había sido vendido.

Cambiar la categoría del suelo también cambia su valor

Los dos episodios muestran dimensiones distintas de las decisiones públicas sobre la tierra. En Maldonado, una propiedad estatal terminó en manos privadas mediante una operación cuyo precio generó un pedido de informes parlamentario. En Tacuarembó, una actuación pública vinculada con la recategorización alcanzó un terreno perteneciente al propio intendente y quedó posteriormente bajo investigación penal.

El Decreto 128/026 actúa directamente sobre el segundo tipo de situación: los procedimientos para transformar categorías de suelo. Para determinados Programas de Actuación Integrada Complementarios exige fundamentar territorialmente la transformación, establecer la categoría y subcategoría pretendidas, determinar usos, modelo de ocupación, densidades, infraestructura y servicios. Cuando se pretende transformar suelo rural que no había sido previamente declarado potencialmente transformable, exige además una declaración de interés de la Junta Departamental.

La reglamentación habilita además al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Ambiente a formular observaciones, solicitar información complementaria o requerir estudios dentro de sus competencias. También establece plazos para concretar las transformaciones y prevé que el suelo vuelva a su categoría original si el cambio autorizado no se materializa dentro del período establecido.

Esa es la capa de controles que las intendencias blancas cuestionan por considerarla una intromisión en su autonomía y un obstáculo para los desarrollos. Los antecedentes recientes muestran la relevancia económica de estas decisiones: la transformación de un padrón puede habilitar usos industriales, residenciales o inmobiliarios con efectos importantes sobre su valorización.

Una discusión que vale millones

En el ordenamiento territorial no se decide únicamente qué puede construirse. También se establecen los usos y las posibilidades de transformación de la tierra. Pasar un padrón de rural a suburbano o urbano, habilitar determinados usos o permitir un desarrollo puede modificar sustancialmente su aprovechamiento económico.

La controversia sobre el decreto de Orsi excede así una discusión administrativa entre el Poder Ejecutivo y varias intendencias. En juego están los procedimientos, controles y fundamentos exigidos para decisiones públicas capaces de producir importantes efectos económicos sobre propiedades concretas.

El caso Grendene dejó como antecedente una venta de tierra estatal autorizada durante el gobierno de Lacalle Pou a un empresario que había facilitado aeronaves utilizadas por el entonces presidente, mediante una operación cuyo precio fue cuestionado en un pedido de informes parlamentario. El expediente Ezquerra llevó a la Fiscalía la actuación de una intendencia sobre un terreno que pertenecía a su propio jefe comunal mientras avanzaban procedimientos vinculados con su recategorización. Con esos antecedentes recientes, la resistencia de varias intendencias del Partido Nacional a los nuevos requisitos para transformar suelos suma una dimensión política y económica al debate sobre la autonomía departamental.

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