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Estados Unidos cuestiona hoy de forma abierta la cooperación médica cubana, pero en Uruguay el deterioro de algunos componentes sociales del Hospital de Ojos José Martí ocurrió de otra manera durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. El centro no fue cerrado, la brigada cubana permaneció y hubo incluso inversiones y descentralización, pero desde 2020 dejaron de cumplirse convenios que garantizaban traslados gratuitos, pesquisas territoriales y acceso de usuarios de ASSE a mecanismos de detección. La frase de Julio María Sanguinetti sobre “ir desplumando al pollo pluma por pluma para que grite lo menos posible” sirve como hilo para observar cómo una política pública puede conservar su estructura mientras pierde, poco a poco, parte de los instrumentos que la acercaban a quienes más la necesitaban.
El Hospital siguió abierto, pero algunas puertas comenzaron a cerrarse
El Hospital de Ojos José Martí llegó al comienzo del gobierno de Lacalle Pou con más de una década de funcionamiento y una historia que ya superaba ampliamente la atención dentro de un edificio. La cooperación con Cuba había permitido que primero 2.027 uruguayos viajaran a ese país para recibir tratamiento y que, desde 2007, Uruguay desarrollara una capacidad propia en el Saint Bois. Para noviembre de 2020 el centro había alcanzado las 100.000 operaciones, mientras el programa había consolidado una red de consultas, pesquisas, traslados y coordinación con organizaciones de jubilados. Ese entramado era parte sustancial de su sentido social: no bastaba con que la cirugía fuera gratuita, también debía existir un camino real para que una persona de bajos ingresos, mayor o residente en el interior pudiera llegar hasta ella.
Durante el quinquenio 2020-2025 el Hospital de Ojos no fue clausurado ni paralizado. En 2021 pasó a ser una Unidad Ejecutora independiente, hubo experiencias de descentralización en departamentos como Artigas, Soriano y Durazno, y en 2023 se incorporó un consultorio oftalmológico móvil. En 2024 el hospital realizó 6.392 cirugías, además de miles de consultas y estudios. Estos datos impiden sostener seriamente que existió un vaciamiento total o una decisión explícita de terminar con el servicio. Pero al mismo tiempo, mientras el hospital continuaba funcionando y acumulando actividad, componentes centrales del acceso social dejaron de ejecutarse, y recién después del cambio de gobierno se conoció oficialmente que algunos de esos convenios habían permanecido vigentes sobre el papel pero sin cumplirse desde 2020.
En agosto de 2025 el Banco de Previsión Social confirmó que varios convenios relacionados con la Operación Milagro seguían formalmente en vigor, aunque no se ejecutaban desde cinco años antes. Entre ellos estaba el traslado gratuito para jubilados y pensionistas del interior que debían viajar a Montevideo para operarse. El nuevo esquema restableció ese beneficio para personas residentes a más de 250 kilómetros de la capital y con ingresos inferiores a 10 BPC. La diferencia no es menor: una intervención puede continuar siendo gratuita y, sin embargo, volverse inaccesible si el paciente debe financiar cientos de kilómetros de traslado, alimentación y eventualmente acompañamiento. El derecho permanece escrito, pero la posibilidad material de ejercerlo se aleja de quien menos recursos tiene.
Menos territorio, menos pesquisa y más distancia para el usuario
Otro de los mecanismos que dejó de funcionar como antes fue el transporte de las brigadas que realizaban pesquisas oftalmológicas en asociaciones de jubilados. La pesquisa era una de las piezas fundamentales de la Operación Milagro porque trasladaba al sistema hacia el paciente y no al revés: permitía detectar problemas visuales en personas que muchas veces no habían iniciado una consulta, no conocían la gravedad de su situación o encontraban dificultades para desplazarse. Hasta julio de 2025 el programa había acumulado 217.885 pesquisas, junto con 916.787 consultas y 118.029 operaciones. Las cifras muestran que esa tarea territorial no era un complemento marginal, sino una de las principales puertas de entrada al servicio.
Durante el período anterior, ONAJPU terminó asumiendo costos vinculados a esos desplazamientos y en 2025 el BPS volvió a proporcionar transporte para que los equipos médicos recorrieran organizaciones de jubilados. A eso se sumó otra restitución significativa: los usuarios de ASSE volvieron a ser incluidos en el sistema de pesquisas organizado mediante esos convenios. El anuncio oficial del BPS dejó establecido que, antes de la modificación, podían participar jubilados y pensionistas afiliados a prestadores privados, mientras quienes pertenecían a ASSE habían quedado fuera de ese mecanismo. No significa que un usuario de la salud pública hubiera perdido todo derecho a atenderse en el Hospital de Ojos, pero sí que había dejado de contar con una vía de detección y acceso diseñada especialmente para acercar el servicio a la población más vulnerable.
La consecuencia política de esas decisiones aparece con claridad cuando se observa el modelo en conjunto. El Hospital de Ojos había nacido para reducir barreras económicas y territoriales que durante años habían separado a quienes podían pagar una operación de quienes debían esperar. Si se conserva el quirófano pero se elimina el transporte, si se mantiene la gratuidad pero se reduce la pesquisa territorial, o si el servicio permanece formalmente abierto pero una parte de los usuarios pierde una puerta específica de acceso, la política no desaparece, aunque sí cambia su alcance social. Entre 2020 y 2025 esa transformación ocurrió sin grandes anuncios, mientras el hospital seguía sumando operaciones y las restricciones recaían sobre componentes menos visibles, precisamente aquellos que permitían acercar el derecho a quienes estaban más lejos.
Presupuesto, equipos y una disputa sobre qué significa sostener un servicio público
El conflicto interno más fuerte apareció en enero de 2022 con la renuncia de Sandra Medina, que trabajaba en el Hospital de Ojos desde 2008 y lo dirigía desde 2011. Medina cuestionó una pauta presupuestal anual de 68 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 4 millones se destinaban a la alimentación de la brigada cubana, lo que dejaba unos 64 millones para el funcionamiento. Según su planteo, esa cifra resultaba insuficiente para sostener un hospital quirúrgico de referencia nacional y mantener adecuadamente equipamiento de alta tecnología. Advirtió además sobre fallas en equipos utilizados para vitrectomías y cirugías refractivas y sostuvo que no podía continuar al frente de una institución si no lograba garantizar al usuario las prestaciones que entendía debía recibir.
ASSE rechazó esa interpretación. Su entonces presidente, Leonardo Cipriani, afirmó que el Hospital de Ojos no sufría una falta de recursos estructural, que las grandes inversiones podían financiarse desde la administración central y que a fines de 2021 se habían agregado 7 millones de pesos. Ese descargo es necesario para reconstruir el conflicto con rigor. Pero también lo es el hecho de que una directora con más de una década de conducción renunciara denunciando dificultades para sostener equipos y prestaciones. La discusión no era solamente contable: enfrentaba dos concepciones sobre qué recursos debía tener una unidad quirúrgica para funcionar con autonomía suficiente y qué nivel de deterioro podía tolerarse antes de que comenzara a repercutir sobre los pacientes.
Ahí es donde la frase de Sanguinetti adquiere valor como metáfora política. En diciembre de 2019 había hablado de “ir desplumando al pollo pluma por pluma para que grite lo menos posible”. No se refería al Hospital de Ojos, pero la imagen permite observar una forma de transformación que no necesita cerrar un servicio para modificarlo. Estados Unidos cuestiona hoy de manera frontal la cooperación médica cubana; durante el gobierno de Lacalle Pou, en cambio, el José Martí siguió abierto y operando, mientras desde 2020 dejaron de cumplirse convenios que financiaban viajes, acercaban las pesquisas a las organizaciones de jubilados y garantizaban determinadas vías de acceso para usuarios de ASSE. En 2025 esos mecanismos comenzaron a ser restituidos. La diferencia entre mantener una política y garantizar plenamente su alcance puede estar, precisamente, en esas pequeñas piezas que parecen secundarias hasta que se observa quién queda afuera cuando desaparecen.
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