El planteo del Partido Nacional volvió a colocar los allanamientos nocturnos en la agenda política y encontró esta vez una respuesta diferente dentro del Frente Amplio. Sectores del oficialismo están dispuestos a discutir una reforma constitucional, pero pretenden incorporar a la negociación el fortalecimiento de la Fiscalía y la designación de un Fiscal de Corte titular, un cargo que permanece sin titular definitivo desde 2021.
Dos discusiones que comienzan a cruzarse
El movimiento comenzó a tomar forma luego de la reunión que el presidente Yamandú Orsi mantuvo con Álvaro Delgado. El presidente del Directorio del Partido Nacional planteó la creación de una comisión multipartidaria para acordar un nuevo texto que habilite los allanamientos nocturnos, especialmente como herramienta contra el narcotráfico y el crimen organizado. El planteo blanco supone volver sobre una reforma que la ciudadanía no aprobó en las elecciones nacionales de 2024.
La novedad apareció después desde filas del Frente Amplio. El senador Daniel Caggiani expresó públicamente que personalmente no tendría inconvenientes en analizar la propuesta, pero agregó una condición política de peso: que dentro del acuerdo también se incluya el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación y la designación, por parte del Senado, de un nuevo Fiscal de Corte. Eduardo Brenta también manifestó que existe espacio para generar una instancia de conversación con los partidos de oposición. No se trata todavía de un acuerdo del Frente Amplio ni de un pacto cerrado con los blancos, sino de una puerta que algunos dirigentes oficialistas decidieron abrir.
El movimiento puede terminar colocando en una misma mesa dos asuntos que hasta ahora avanzaban por caminos separados. Por un lado, el Partido Nacional quiere modificar la Constitución para habilitar allanamientos durante la noche. Por otro, el Frente Amplio pretende terminar con una situación institucional extraordinaria que se prolonga desde hace casi cinco años: la Fiscalía General continúa dirigida por autoridades subrogantes porque el sistema político no ha logrado reunir la mayoría necesaria para designar un titular. La posibilidad de negociar ambos asuntos simultáneamente modifica, por lo tanto, el tablero parlamentario.
Una Fiscalía sin titular desde 2021
La titularidad de la Fiscalía de Corte quedó vacante cuando Jorge Díaz renunció en octubre de 2021. Juan Gómez asumió entonces en carácter de subrogante y posteriormente Mónica Ferrero pasó a ejercer la conducción interina. Desde 2024 Ferrero aparece institucionalmente como Fiscal de Corte y Procuradora General de la Nación subrogante. Lo excepcional terminó transformándose así en una situación prolongada: uno de los organismos centrales del sistema de Justicia lleva años sin una conducción designada mediante el procedimiento constitucional previsto para su titular.
La Constitución establece un mecanismo especialmente exigente para ocupar el cargo. El Poder Ejecutivo debe proponer al candidato y el Senado otorgar su venia con tres quintos del total de sus componentes, es decir, 18 votos. El Frente Amplio no dispone por sí solo de esa mayoría y necesita necesariamente votos de la oposición. Allí se encuentra el bloqueo. Blancos y colorados han respaldado públicamente la continuidad de Ferrero y sectores de la oposición llegaron a anunciar que no acompañarían otro nombre, lo que les permite bloquear cualquier candidatura alternativa mientras mantengan una posición común.
Para el Frente Amplio, en cambio, mantener indefinidamente una subrogación no debería convertirse en un mecanismo alternativo para evitar la mayoría constitucional exigida para nombrar al titular. El problema trasciende además cualquier valoración personal sobre Ferrero. Una cosa es el respaldo institucional que corresponde brindar a la máxima autoridad de Fiscalía frente a amenazas o ataques vinculados al crimen organizado y otra diferente es aceptar que una conducción provisoria termine adquiriendo, por falta de acuerdo político, características prácticamente permanentes. Cabildo Abierto introdujo además otro elemento de presión al presentar este año un proyecto que establece rotaciones semestrales y sorteos entre fiscales cuando la titularidad permanezca vacante.
Allanamientos nocturnos: una reforma que Uruguay ya rechazó
Del otro lado de la eventual negociación aparece una garantía constitucional histórica. El artículo 11 de la Constitución establece que el hogar es un “sagrado inviolable” y dispone que durante la noche nadie puede ingresar sin consentimiento de quien lo habita. Durante el día, el ingreso requiere orden expresa y escrita de un juez competente. El Código del Proceso Penal mantiene ese principio y establece los procedimientos correspondientes, aunque contempla situaciones particulares, entre ellas mecanismos relacionados con denuncias de violencia doméstica.
Modificar esa protección exige reformar la Constitución. Una de las posibilidades que ahora promueve el Partido Nacional es utilizar el mecanismo de una ley constitucional previsto en el artículo 331. Para aprobarla serían necesarios dos tercios de los integrantes de cada Cámara y posteriormente la decisión tendría que ser sometida al cuerpo electoral. Es decir, ni el gobierno ni la oposición pueden imponer la reforma por sí solos: cualquier modificación de esta magnitud necesita necesariamente un acuerdo político muy amplio y, finalmente, la aprobación ciudadana.
Ese último punto no es menor. Los uruguayos ya votaron sobre esta cuestión el 27 de octubre de 2024 y la reforma no fue aprobada. La papeleta favorable a los allanamientos nocturnos obtuvo aproximadamente un 39,4% de los votos emitidos, lejos de la mayoría necesaria. El Frente Amplio había resuelto entonces no acompañarla, aunque su posición fue bastante más matizada de lo que muchas veces quedó reflejado en la discusión electoral: la propia resolución de la fuerza política sostuvo que los allanamientos nocturnos podían constituir una herramienta utilizada de manera “dosificada y profesional” frente a delitos como narcotráfico, trata de personas, explotación sexual de niños y adolescentes, secuestro, lavado de activos o tráfico de armas, siempre con una regulación precisa y garantías adecuadas.
No convertir la seguridad en una moneda de intercambio
Ese antecedente explica por qué la apertura actual no necesariamente representa un giro completo de ciento ochenta grados. El Frente Amplio rechazó en 2024 una reforma presentada en campaña y cuestionó que los allanamientos nocturnos fueran ofrecidos como una suerte de solución automática frente al narcotráfico, pero no descartó conceptualmente su utilización bajo determinadas condiciones. Ahora la discusión podría trasladarse desde la consigna electoral hacia el terreno concreto: para qué delitos podrían autorizarse, qué nivel de evidencia debería exigirse, qué juez podría ordenarlos, qué controles posteriores existirían y qué garantías tendrían las personas frente a eventuales abusos.
Ese debate resulta imprescindible desde una perspectiva democrática. Combatir organizaciones criminales que acumulan poder económico, armas y capacidad de corrupción estatal exige herramientas eficaces, pero ampliar las facultades coercitivas del Estado nunca puede transformarse en un sustituto de una política integral de seguridad. El narcotráfico no se combate únicamente entrando de madrugada a una vivienda; también se combate siguiendo el dinero, fortaleciendo las fiscalías especializadas, persiguiendo el lavado de activos, controlando las redes financieras y atacando las estructuras económicas que permiten transformar ganancias criminales en patrimonio aparentemente legal. La experiencia demuestra que concentrar la respuesta únicamente en los barrios más pobres puede terminar persiguiendo el último eslabón mientras los grandes negocios permanecen intactos.
Por eso la eventual negociación entre allanamientos nocturnos y Fiscalía puede abrir una oportunidad, pero también contiene un riesgo institucional. Un Fiscal de Corte no debería ser la moneda de cambio de una reforma constitucional, así como una garantía constitucional no debería modificarse simplemente para obtener votos para otro cargo. Si el diálogo avanza, el desafío será convertir esa negociación política en un acuerdo institucional más amplio: una Fiscalía fortalecida y conducida por un titular con respaldo constitucional, instrumentos eficaces contra el crimen organizado, controles judiciales estrictos y una política de seguridad que preserve al mismo tiempo la capacidad del Estado para combatir al delito y los derechos fundamentales que ese mismo Estado tiene la obligación de proteger.