La administración de Yamandú Orsi resolvió sostener durante setiembre los precios de la nafta, el gasoil y el supergás, pese a que las referencias internacionales utilizadas por la Ursea marcaban aumentos. La decisión es especialmente significativa en el gasoil: frente a un precio de referencia de $73,18 por litro, el gobierno lo mantiene en $58,68, evitando que la lógica de paridad de importación incorporada por la LUC se traslade directamente al transporte, la producción y el bolsillo de los uruguayos.
El gobierno decidió absorber la presión y mantener los precios
Desde el 1.º de setiembre la nafta Súper 95 continuará costando un máximo de $88,67 por litro, mientras que el gasoil 50S permanecerá en $58,68 y el supergás en $93,56 por kilogramo. El Poder Ejecutivo decidió así mantener por tercer mes consecutivo los principales precios de los combustibles, aun cuando el mercado internacional empujaba nuevamente hacia arriba las referencias utilizadas para determinar sus valores.
La diferencia más importante está en el gasoil. El último cálculo publicado por la Ursea estableció un Precio de Venta al Público de referencia de $73,18 por litro, mientras que el precio que continuará pagando el consumidor será de $58,68. Son $14,50 menos por litro, una diferencia cercana al 25%. En la nafta Súper 95, la referencia era de $89,54, frente a los $88,67 que continuará costando en los surtidores.
No se trata de una diferencia menor. Un aumento de esa magnitud en el gasoil hubiera repercutido directamente sobre el transporte de pasajeros y de cargas, la producción agropecuaria, la industria y buena parte de la cadena de precios. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, había advertido antes de la resolución que trasladar una suba cercana al 25% podía afectar seriamente la competitividad de la producción nacional y había adelantado que el objetivo era que ANCAP absorbiera la mayor parte posible del impacto en lugar de descargarlo sobre la economía.
La referencia de importación de la LUC no se traslada mecánicamente al surtidor
El mecanismo de Precio de Paridad de Importación quedó incorporado al sistema de fijación de combustibles mediante el artículo 235 de la Ley de Urgente Consideración aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. La norma estableció que la Ursea debe informar cuánto costaría importar los combustibles terminados y ponerlos a disposición en las plantas de distribución de ANCAP, convirtiendo esa referencia internacional en uno de los elementos centrales para definir los precios.
Eso no significa jurídicamente que el Poder Ejecutivo esté obligado a trasladar peso por peso el PPI al consumidor. El precio final continúa siendo una decisión del gobierno y la regulación actualmente vigente permite introducir mecanismos de estabilización frente a situaciones excepcionales. El gobierno de Orsi modificó en 2025 el esquema heredado y estableció una regla destinada precisamente a evitar que cada movimiento brusco de los mercados internacionales termine convertido automáticamente en un aumento en los surtidores.
La diferencia política está allí: frente a una referencia que llevaría hoy el gasoil a más de $73, el Ejecutivo optó por mantenerlo por debajo de $59. En lugar de trasladar directamente la volatilidad internacional al consumidor, utiliza la capacidad de intervención estatal y de ANCAP para amortiguar una suba que terminaría propagándose por buena parte de la economía.
Tres meses sin aumentos y una política de amortiguación
La decisión de setiembre no aparece aislada. Los actuales valores rigen desde julio, cuando el gobierno redujo 5% la nafta y el gasoil y 7,6% el supergás. En agosto, cuando las referencias internacionales volvieron a subir, el Ejecutivo mantuvo nuevamente los precios: en ese momento la referencia implicaba un incremento de 12,8% para el gasoil. Ahora la presión prácticamente se duplicó, pero la decisión volvió a ser no trasladarla al público.
Desde el agravamiento de la volatilidad petrolera internacional, el gobierno viene utilizando esta estrategia para evitar saltos bruscos. El criterio supone asumir que los combustibles no son una mercancía cualquiera: atraviesan el transporte, la producción de alimentos, la actividad agropecuaria, la industria y finalmente el costo de vida de toda la población.
Para setiembre, la definición vuelve a ser clara. Mientras la referencia construida a partir del sistema de paridad de importación señalaba precios superiores, especialmente para el gasoil, el gobierno eligió amortiguar el golpe. Nafta, gasoil y supergás permanecerán sin aumentos y una diferencia de $14,50 por litro en el diesel no será trasladada a quienes producen, trabajan, transportan o consumen.