La bancada oficialista comenzó a estudiar una actualización de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en 2012. Entre los cambios aparecen extender de 12 a 14 semanas el plazo general, eliminar los cinco días obligatorios de «reflexión» y terminar con la exigencia de un año de residencia para las mujeres migrantes. El Ministerio de Salud Pública ya incorporó la revisión de algunas de estas barreras a su agenda sanitaria, pero el Frente Amplio no tiene los votos suficientes por sí solo en Diputados y dentro del propio oficialismo existe discusión sobre cuándo abrir un debate que sectores conservadores buscan convertir nuevamente en una batalla ideológica.
Una ley que fue de avanzada pero que después de 13 años muestra límites
Uruguay aprobó la Ley 18.987 en octubre de 2012 y se convirtió entonces en uno de los países latinoamericanos con una legislación más avanzada en materia de interrupción voluntaria del embarazo. La norma despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas siempre que se cumpla un procedimiento que incluye la consulta médica, la intervención de un equipo interdisciplinario y un período obligatorio de reflexión de al menos cinco días antes de que la mujer pueda ratificar su decisión. En casos de embarazo producto de una violación, el límite se extiende actualmente hasta las 14 semanas. Pero existe otra condición que, más de una década después, aparece como una de las principales inequidades de la ley: su artículo 13 establece que una extranjera solamente puede acceder al procedimiento si demuestra haber residido habitualmente en Uruguay durante al menos un año. La experiencia acumulada permitió comprobar que algunas de las precauciones incorporadas en 2012 funcionan hoy como obstáculos más que como garantías. La Comisión Asesora en Salud Sexual y Reproductiva volvió a colocar la revisión de la normativa en la agenda del MSP, mientras la cartera incluyó expresamente entre sus objetivos 2025-2030 «reformular los plazos» y «repensar el tiempo obligatorio de reflexión». La propia ministra Cristina Lustemberg se manifestó personalmente favorable a estudiar una ampliación del plazo, mientras el subsecretario Leonel Briozzo sostiene desde hace meses que la legislación necesita adaptarse al Uruguay actual.
Migrantes, cinco días de espera y un plazo que puede convertirse en una carrera contra el tiempo
El grupo de trabajo de la bancada bicameral de mujeres del Frente Amplio analiza tres modificaciones principales. La primera es llevar de 12 a 14 semanas el plazo general para acceder a una interrupción voluntaria. La segunda es eliminar los cinco días obligatorios de reflexión posteriores a la consulta interdisciplinaria. La tercera, y para algunas legisladoras la más urgente, es suprimir la exigencia de un año de residencia para las mujeres migrantes. La diputada del MPP Margarita Libschitz entiende que este último punto podría incluso permitir acuerdos con sectores de la oposición. Lilián Abracinskas, legisladora suplente, histórica referente de los derechos sexuales y reproductivos y fundadora de MYSU, sostiene que la experiencia acumulada cuestiona la utilidad del período obligatorio de espera: según señaló, más del 95% de las mujeres que comienzan el proceso terminan ratificando su decisión. El problema no es solamente normativo. Organizaciones especializadas han documentado dificultades para reunir los equipos interdisciplinarios, falta de profesionales disponibles en algunas zonas del interior y demoras asistenciales que consumen días decisivos cuando existe un límite de 12 semanas. Un estudio publicado en 2026 por la Revista Uruguaya de Enfermería también identificó dificultades específicas de las mujeres migrantes para acceder legalmente a una interrupción voluntaria durante sus primeros años de residencia. Briozzo ha señalado además situaciones particularmente graves de migrantes recientes que llegan al sistema sanitario después de embarazos no deseados vinculados a violencia sexual o redes de trata y quedan fuera del régimen legal por no cumplir un requisito puramente temporal de residencia.
Mayoría social, pero todavía sin mayoría parlamentaria
La discusión política aparece atravesada por una paradoja. Mientras el Frente Amplio duda sobre la conveniencia de abrir ahora una discusión que pueda ser utilizada para polarizar, la aceptación social de la interrupción voluntaria del embarazo creció considerablemente desde 2012. Una encuesta realizada por El Observador junto con la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y el estadístico Juan Pablo Ferreira encontró que alrededor de siete de cada diez consultados están de acuerdo o totalmente de acuerdo con que una persona pueda decidir si continúa o no un embarazo. Entre quienes votaron a Yamandú Orsi en el balotaje, el respaldo se acerca a nueve de cada diez. Tampoco los datos de más de una década muestran aquel escenario de descontrol que algunos sectores anunciaban cuando se aprobó la norma: en 2025 se registraron 11.445 interrupciones voluntarias, apenas unas 200 más que en 2024, y desde la implementación de la ley se contabilizan alrededor de 129.000. El subsecretario Briozzo calificó el último aumento como «muy leve» y señaló que Uruguay mantiene una tasa de aborto comparativamente baja, aunque advirtió déficits pendientes en educación sexual y acceso a anticonceptivos.
El principal obstáculo es parlamentario. El Frente Amplio cuenta con 48 diputados y necesita construir acuerdos fuera de su bancada para asegurar una mayoría en la Cámara de Representantes. Dentro del Partido Nacional ya existen sectores que han adelantado posiciones contrarias a extender los plazos, mientras otras corrientes y dirigentes de la oposición no han cerrado definitivamente la puerta a discutir aspectos puntuales. Por eso existe la posibilidad de que una eventual reforma avance artículo por artículo y no necesariamente como un paquete único.
A ese cálculo parlamentario se agregó otro elemento: la visita del papa León XIV a Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, oficialmente confirmada por el gobierno. Dentro del Frente Amplio existen quienes consideran inconveniente impulsar la discusión inmediatamente antes de una visita que inevitablemente dará mayor exposición pública a la Iglesia Católica y a sectores contrarios al aborto, y por eso algunos dirigentes y organizaciones consideran que 2027 podría ser un momento político más favorable.
Sin embargo, el calendario religioso no modifica el fondo del asunto. Uruguay es un Estado laico y la discusión parlamentaria debe apoyarse en derechos, evidencia sanitaria y evaluación de una política pública que lleva más de trece años funcionando. La ley de 2012 representó una conquista histórica y permitió sacar el aborto de la clandestinidad, reducir los riesgos sanitarios y reconocer capacidad de decisión a las mujeres. Defender aquella conquista no debería significar congelarla para siempre: si la experiencia demuestra que existen barreras innecesarias, especialmente para quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad, revisarlas es profundizar el derecho que la propia ley quiso garantizar.