La empresa pública confirmó que la planta fotovoltaica de 30 MW se construirá finalmente en Baygorria, pero fuera de los terrenos que habían generado el conflicto con la Intendencia. La solución permite mantener la inversión energética, proteger el área de mayor potencial turístico y reafirma el papel de UTE como instrumento público para la transición energética y el desarrollo del interior.
Un conflicto por la ubicación que terminó con una solución negociada
UTE y la Intendencia de Durazno lograron destrabar el proyecto del parque solar fotovoltaico previsto para Baygorria después de varios meses de diferencias por el lugar elegido originalmente. El vicepresidente del ente, Roberto Bentancor, y el intendente Felipe Algorta confirmaron que la central se instalará sobre terrenos propiedad de la empresa estatal próximos al punto de conexión con la red eléctrica, pero fuera de los padrones junto al lago que la comuna pretende reservar para el desarrollo turístico. La Intendencia colaborará con el acondicionamiento del terreno y con los trámites ambientales, que ya comenzaron.
El entendimiento cierra un episodio que llegó a tener consecuencias jurídicas e institucionales. En abril, la Intendencia inició el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Baygorria y estableció medidas cautelares sobre determinados padrones, incluyendo restricciones a nuevos usos productivos y construcciones. Posteriormente presentó un recurso contra el procedimiento impulsado por UTE. El gobierno nacional decidió entonces avanzar con una alternativa en Río Negro para no detener el programa de incorporación de energía solar, aunque desde la empresa pública se sostuvo posteriormente que la intención de desarrollar también Baygorria seguía vigente.
La salida alcanzada ahora evita convertir la discusión territorial en una falsa disyuntiva entre producción de energía y desarrollo local. Los paneles podrán levantarse en un predio alternativo de unas 40 hectáreas próximo a la infraestructura eléctrica existente, mientras los terrenos sobre el lago quedarán disponibles para futuros emprendimientos turísticos. La solución acordada muestra además que la planificación pública puede compatibilizar generación renovable, protección del territorio y proyectos de desarrollo departamental cuando existe coordinación entre los distintos niveles del Estado.
Una planta de 30 MW y ahorro ciudadano para financiar energía pública
El proyecto previsto para Baygorria tendrá una potencia de 30 megavatios. Cuando fue presentado originalmente por el gobierno de Yamandú Orsi, uno de sus elementos centrales fue la posibilidad de incorporar pequeños ahorristas al financiamiento mediante inversiones desde US$ 200, sin un límite máximo establecido. El mecanismo prevé una rentabilidad anual y la devolución del capital inicial aproximadamente a los cinco años.
La propuesta tiene una dimensión que excede la construcción de un nuevo parque. El gobierno planteó el esquema como una forma de canalizar ahorro nacional hacia infraestructura pública y permitir que ciudadanos comunes puedan participar de inversiones energéticas respaldadas por una empresa estatal. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, definió entonces el avance de las fuentes renovables como una cuestión vinculada directamente con la independencia y la soberanía energética del país.
Durante la construcción se estima que el proyecto podrá generar entre 150 y 200 puestos de trabajo temporales, con un período de ejecución aproximado de un año. La iniciativa se integra al programa inversor de UTE para el actual quinquenio, que contempla unos US$ 2.300 millones destinados a generación, transmisión y otras obras de infraestructura eléctrica.
Baygorria también cambia su relación con UTE
El acuerdo alcanzado va más allá del parque fotovoltaico. UTE y la Intendencia avanzaron además en el traspaso de la administración de buena parte del poblado de Baygorria al gobierno departamental. La localidad nació vinculada directamente a la construcción y funcionamiento de la represa hidroeléctrica y durante décadas numerosos servicios, viviendas y espacios permanecieron bajo gestión de la empresa eléctrica. Según la información divulgada localmente, de unas 120 viviendas la gran mayoría pasaría a la órbita de la comuna, mientras UTE conservaría cuatro casas, la policlínica y algunos predios. Los convenios específicos todavía deben completar su formalización administrativa.
También se acordó reforzar el monitoreo de la cuenca del río Yí mediante nuevos sensores y telemedidores, una herramienta relevante para mejorar la información disponible ante crecidas e inundaciones. De esta manera, el entendimiento termina abarcando energía, planificación territorial, gestión urbana, turismo y prevención hídrica.