El proyecto busca bajar los topes de interés, crear mecanismos de reestructura y limitar cuotas según ingresos. La discusión abre un tema sensible: miles de familias acceden al crédito para llegar a fin de mes y terminan atrapadas por intereses, recargos y mecanismos de cobro abusivos.

Una deuda que dejó de ser un problema individual

El endeudamiento de los hogares volvió al centro de la discusión política. La Comisión de Hacienda de Diputados analiza un proyecto de ley de protección de deudores de bajos recursos, con cambios a la ley de usura y un mecanismo específico para reestructurar deudas de consumo.

El tema no es menor. En Uruguay, más de dos millones de personas tienen algún vínculo de deuda con el sistema financiero, según datos de la Central de Riesgos del Banco Central procesados por investigadores de la Universidad de la República. De ese universo, cientos de miles figuran en situación de impago.

Detrás de esas cifras hay salarios que no alcanzan, créditos tomados para sostener gastos básicos, refinanciaciones sucesivas, intereses que se acumulan y hogares que terminan pagando mucho más de lo que recibieron. La deuda, en esos casos, deja de ser una herramienta financiera y se transforma en una carga permanente sobre la vida cotidiana.

Qué propone el proyecto

La iniciativa plantea modificar los topes de usura. Uno de los cambios centrales es considerar usuraria una tasa que supere en más de 35% la tasa media publicada por el Banco Central del Uruguay. El esquema actual permite márgenes superiores, según el tipo de operación.

El proyecto también busca ordenar la forma en que se cobran intereses de mora. En las operaciones pagaderas en cuotas, los intereses por atraso se aplicarían sobre las cuotas vencidas e impagas, no sobre todo el saldo de la deuda. Ese punto apunta a frenar mecanismos que hacen crecer rápidamente montos originalmente pequeños.

Otro capítulo relevante crea un procedimiento de reestructura para personas físicas con deudas de consumo sin garantía real. La primera instancia sería una conciliación ante la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. Si no hay acuerdo, el caso podría pasar a la Justicia, con la posibilidad de que un juez imponga una reestructura ajustada a la capacidad real de pago.

La propuesta fija además que las cuotas de una reestructura judicial no puedan superar el 30% de los ingresos líquidos del deudor. También habilita plazos más largos, reducción de intereses o quitas, según la situación económica de la persona.

Regular sin empujar a la informalidad

La discusión no está cerrada. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central trabajan en modificaciones y plantean matices sobre el texto original. Una de las preocupaciones es que un tope demasiado rígido pueda provocar la salida de algunas financieras del mercado de crédito para sectores de bajos ingresos.

Ese riesgo existe y debe ser tomado en serio. Si el crédito formal desaparece para determinados hogares, el vacío puede ser ocupado por prestamistas informales, mecanismos ilegales o modalidades mucho más violentas, entre ellas el “gota a gota”.

Pero esa advertencia no puede usarse para dejar todo igual. La desregulación también tiene costos sociales. Un mercado de crédito que cobra tasas excesivas, comunica mal las condiciones, acumula recargos y presiona a personas vulnerables necesita límites democráticos.

El desafío está en construir una regulación equilibrada: proteger a quienes se endeudan por necesidad, asegurar información clara, impedir abusos, sostener el acceso al crédito formal y fortalecer la presencia del Estado en la defensa del consumidor financiero.

El antecedente de la reestructura voluntaria

El Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas mostró la magnitud del problema. Según el Banco Central, más de 204.000 personas accedieron a beneficios, con deudas canceladas o reestructuradas en condiciones especiales.

Ese antecedente dejó una señal clara: existe una demanda real de soluciones. Miles de personas no buscan dejar de pagar; buscan una forma posible de salir de deudas que se volvieron impagables.

La discusión parlamentaria deberá definir si Uruguay avanza hacia un sistema más justo de crédito al consumo o si mantiene una estructura donde la necesidad de los hogares sigue siendo aprovechada por intereses altos, costos poco claros y mecanismos de cobro que golpean sobre los sectores de menores ingresos.

Fuentes

Proyecto de ley “Protección de deudores de bajos recursos”, Carpeta Nº 559 de 2025, Repartido Nº 314, Cámara de Representantes.