La terminal internacional proyectada entre Laguna Garzón y Laguna de Rocha cuenta con respaldo político y privado, pero el Ministerio de Ambiente advierte posibles impactos significativos sobre aves, fauna, ruido y áreas protegidas.
Una obra estratégica en una zona sensible
El proyecto para construir un aeropuerto internacional en Rocha ingresó en una etapa decisiva. La iniciativa busca mejorar la conectividad aérea del departamento, atraer vuelos privados y chárter, acompañar el crecimiento turístico del este y sumar infraestructura a una zona que desde hace años recibe presión inmobiliaria y nuevas inversiones.
El plan fue habilitado por el marco normativo aprobado en la Ley de Presupuesto Nacional. El esquema involucra a Corporación América Airports, empresa vinculada a la gestión aeroportuaria en Uruguay. La fórmula prevé que la compañía construya, conserve y explote la nueva terminal en Rocha, con la posibilidad de ampliar por hasta 25 años la concesión del Aeropuerto de Laguna del Sauce, en Maldonado.
El punto que abrió la discusión no es solamente la obra, sino su localización. La ubicación proyectada se encuentra entre Laguna Garzón y Laguna de Rocha, dos áreas de enorme valor ambiental, paisajístico y ecológico. En un departamento cuya identidad turística está ligada a la costa oceánica, las lagunas, los humedales y la baja densidad territorial, la decisión exige una evaluación pública rigurosa.
Ambiente advierte por impactos significativos
La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica propuso inicialmente clasificar el proyecto en categoría B, correspondiente a obras con impactos moderados y mitigables. Sin embargo, el Área de Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente planteó elevar la clasificación a categoría C, reservada para proyectos que pueden generar impactos ambientales negativos significativos.
Esa diferencia no es menor. Una categoría C implica mayores exigencias técnicas, estudio de impacto ambiental completo, más información pública y audiencia. También obliga a analizar alternativas, rutas de aproximación, niveles de ruido, tránsito, funcionamiento del aeropuerto y efectos sobre el territorio cercano.
El Ministerio de Ambiente puso especial atención en el riesgo para las aves y la fauna. Las rutas de vuelo no se limitan al predio elegido: atraviesan el entorno. En una zona vinculada a humedales, lagunas costeras y corredores de aves residentes y migratorias, el riesgo de colisiones y el aumento de presión sonora forman parte de las advertencias centrales.
Desarrollo, turismo y protección del territorio
Los defensores del proyecto sostienen que Rocha necesita más conectividad, más inversión y una infraestructura que permita ampliar su oferta turística. También argumentan que otros aeropuertos conviven con aves y ambientes naturales mediante protocolos, monitoreo y gestión adecuada.
La advertencia ambiental obliga a mirar el asunto con más profundidad. No se trata de negar la importancia del desarrollo ni de rechazar toda obra de infraestructura. El punto central es bajo qué condiciones, con qué controles, en qué lugar y con qué garantías se interviene una de las zonas ambientalmente más sensibles del país.
Laguna de Rocha integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como paisaje protegido. El área incluye cuerpo de agua, lomadas, llanuras, franja costera y parte de la plataforma oceánica. También es reconocida por su importancia para la alimentación, nidificación y reposo de aves. Laguna Garzón, ubicada entre Maldonado y Rocha, también forma parte del SNAP y presenta un mosaico de ambientes de alto valor ecológico y paisajístico.
Rocha enfrenta una discusión que va más allá de una pista de aterrizaje. El debate coloca frente a frente dos modelos posibles de crecimiento: uno apoyado en la expansión de infraestructura y turismo de alto poder adquisitivo, y otro que exige planificar cada intervención sin debilitar áreas naturales que son parte del patrimonio común.
El proceso ambiental será clave. Allí deberán quedar claras las medidas de prevención, los estudios sobre aves, ruido y fauna, la compatibilidad territorial del proyecto, la participación de la población local y la responsabilidad del Estado para que ninguna decisión quede reducida al interés privado o a la urgencia de una inversión.