El expresidente boliviano afirmó que Washington, con apoyo del gobierno de Rodrigo Paz, impulsa una operación militar con participación de la DEA y el Comando Sur. La denuncia aparece en un escenario de fuerte tensión política, protestas sociales, orden judicial de captura contra Morales y reingreso de la agencia antidrogas estadounidense a Bolivia.

Una denuncia grave contra Estados Unidos y el gobierno de Paz

El expresidente de Bolivia Evo Morales denunció que Estados Unidos habría ordenado una operación militar para detenerlo o asesinarlo, con apoyo del gobierno de Rodrigo Paz, la DEA y el Comando Sur norteamericano.

La acusación fue realizada por Morales a través de sus redes sociales. Allí sostuvo que Washington habría instruido al Ejecutivo boliviano para ejecutar una acción militar en su contra. También afirmó que el operativo tendría respaldo de estructuras militares y de inteligencia dentro de Bolivia.

La denuncia debe ser tratada con cuidado: se trata de una acusación política de extrema gravedad, formulada por el propio Morales, pero sin confirmación independiente pública hasta el momento. Aun así, no aparece aislada. Surge en un clima de creciente conflictividad social, con protestas, bloqueos, pedidos de renuncia contra Rodrigo Paz y un fuerte giro del gobierno boliviano hacia la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.

DEA, Comando Sur y el retorno de una vieja herida

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la mención a la DEA. La agencia antidrogas estadounidense fue expulsada de Bolivia en 2008 durante el gobierno de Evo Morales, en una decisión que formó parte de una política de soberanía frente a la intervención de Washington en la región.

El gobierno de Rodrigo Paz reabrió la puerta a la cooperación con la DEA, una decisión que elevó la tensión con sectores cocaleros y organizaciones vinculadas al Trópico de Cochabamba, bastión histórico de Morales.

Para el movimiento cocalero, el regreso de la DEA no es un hecho administrativo. Remite a décadas de militarización, erradicación forzada de cultivos, violencia estatal y presencia extranjera en territorios campesinos. Por eso, la denuncia de Morales conecta con una memoria política profunda: la disputa por la soberanía boliviana frente a la injerencia estadounidense.

Morales también mencionó al Comando Sur, estructura militar de Estados Unidos para América Latina. La sola referencia vuelve a colocar el conflicto boliviano en una dimensión regional, donde los procesos populares, indígenas y soberanistas han enfrentado históricamente presión diplomática, judicial, mediática y militar.

Nombres señalados y acusaciones de guerra sucia

En su denuncia, Morales señaló a Carlos “Zorro” Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, radicado en Estados Unidos tras la Masacre de Octubre de 2003. También mencionó a Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa Social, a quien ubicó en Washington.

El exmandatario afirmó además que existe una campaña de desprestigio en su contra, con acusaciones sin pruebas, insultos y operaciones de guerra sucia. En ese marco nombró al argentino Fernando Cerimedo, vinculado a la derecha regional y al entorno político de Javier Milei.

Morales también apuntó contra mandos militares que, de acuerdo con su denuncia, estarían desplegados en el Trópico de Cochabamba. Entre ellos mencionó a la Novena División del Ejército y a oficiales que, según dijo, tendrían promesas de ascenso si avanzan contra él.

Todas esas afirmaciones requieren verificación institucional. Pero el cuadro político es claro: Bolivia atraviesa una crisis donde se cruzan conflicto social, judicialización de liderazgos populares, presencia estadounidense, disputa por el control territorial y movilización de sectores obreros, campesinos y cocaleros.

Una crisis que ya no es solo judicial

La denuncia aparece pocos días después de que la Justicia boliviana ordenara la captura de Morales por no presentarse a un juicio en su contra. Su defensa sostiene que se trata de una persecución política y denuncia irregularidades en el proceso.

El caso judicial se suma a una situación política más amplia. Morales conserva apoyo en el Chapare y en sectores campesinos e indígenas, mientras el gobierno de Paz enfrenta protestas y bloqueos en distintos puntos del país. La tensión escaló en La Paz y El Alto, donde las movilizaciones sociales desafiaron el despliegue policial y militar.

En ese escenario, una eventual detención de Morales no sería un hecho aislado. Podría profundizar la crisis, activar una respuesta social mayor y abrir una etapa de confrontación todavía más dura entre el gobierno y los sectores populares movilizados.

Soberanía, represión y disputa regional

La denuncia de Evo Morales debe leerse dentro de una disputa de fondo: el lugar de Bolivia frente a Estados Unidos, la autonomía de sus Fuerzas Armadas, el control de los recursos y territorios, y la criminalización de liderazgos populares.

América Latina conoce demasiado bien el uso de agencias extranjeras, operaciones judiciales, campañas mediáticas y aparatos de seguridad para disciplinar procesos políticos que se apartan de los intereses de Washington.

Eso no exime a ninguna figura pública de responder ante la Justicia con garantías reales. Pero una causa judicial no puede transformarse en excusa para la militarización, la intervención extranjera o la persecución política.

Bolivia vuelve a quedar ante una encrucijada: resolver sus conflictos dentro de un marco democrático, soberano y respetuoso de los derechos populares, o profundizar una salida represiva alineada con la agenda de seguridad de Estados Unidos.

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Fuentes

• teleSUR