El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez pidió las actas, documentos y testimonios reunidos por la comisión que investiga la compra de dos patrulleros oceánicos por más de 82 millones de euros. El expediente penal comienza así a cruzarse directamente con una investigación parlamentaria que ya dejó al descubierto la ausencia de controles sobre las garantías aceptadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
La investigación penal sobre el contrato con el astillero español Cardama sumó un movimiento relevante. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez envió un oficio al Parlamento solicitando acceder a toda la información reunida por la comisión especial que analiza el proceso de compra de los patrulleros oceánicos para la Armada Nacional.
Rodríguez no solicitó únicamente documentos concretos. Reclamó el “testimonio íntegro de las actuaciones” de la comisión “a la mayor brevedad posible” y pidió que, en caso de que todavía no puedan enviarse, se informe cuándo se estima que finalizará el trabajo parlamentario.
La solicitud coloca las actas, declaraciones y documentos producidos durante los últimos meses bajo el interés directo de la Fiscalía, que investiga las presuntas irregularidades vinculadas con las garantías presentadas por Cardama y aceptadas por el Ministerio de Defensa durante la administración anterior.
El Parlamento debe resolver cómo entregar una investigación todavía abierta
La comisión especial fue creada por la Asamblea General en febrero de 2026, está integrada por 17 legisladores y tiene un plazo de seis meses para expedirse. Su cometido abarca todo el proceso de adquisición de patrulleros oceánicos desarrollado entre 2010 y 2026, aunque buena parte de las comparecencias se concentraron en la contratación de Cardama.
El diputado frenteamplista Joaquín Garlo explicó que el organismo parlamentario todavía no terminó su trabajo y que quedan comparecencias consideradas fundamentales. Entre ellas aparecen las del exministro de Defensa Armando Castaingdebat y la actual titular de la cartera, Sandra Lazo.
Garlo anunció que el oficio será enviado al área jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para determinar si corresponde entregar inmediatamente las actuaciones parciales o esperar hasta la elaboración del informe final.
La dificultad no estaría en la disposición política para colaborar con la Justicia, sino en establecer el procedimiento jurídico correcto para remitir declaraciones, documentación recibida de organismos públicos y materiales producidos por una comisión que continúa funcionando.
Desde el Partido Nacional, el diputado Gabriel Gianoli también se manifestó a favor de enviar la información. Sin embargo, sostuvo que las actuaciones respaldarán la posición de la administración anterior y demostrarán que no existieron irregularidades en la elaboración del contrato.
Declaraciones que dejaron al descubierto la falta de controles
La comisión ya recibió a antiguos jerarcas del Ministerio de Defensa, oficiales retirados y en actividad de la Armada Nacional, integrantes del estudio jurídico que asesoró al gobierno anterior y al exministro Javier García.
Uno de los testimonios más relevantes fue el de Fabián Martínez, exdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa. El exjerarca reconoció que las dependencias de la cartera no realizaron controles sobre la solvencia ni sobre los antecedentes de las entidades que respaldaban las garantías presentadas por Cardama.
Martínez sostuvo que se le había informado que esos controles no formaban parte de las exigencias que debía cumplir el ministerio. También señaló que las prórrogas otorgadas al astillero y la autorización para pagar uno de los hitos del contrato fueron decisiones adoptadas durante la gestión de Armando Castaingdebat.
En esa misma comparecencia se recordó que el estudio Delpiazzo, contratado para asesorar al Estado, declaró que no había podido validar la apostilla vinculada con la garantía presentada por EuroCommerce. También surgieron dudas sobre quién debía verificar esa documentación y sobre la intervención de un abogado del estudio que habría sido confundido con un escribano.
Estos elementos resultan relevantes para Fiscalía porque la investigación penal no se limita a establecer si la garantía era falsa o carecía de respaldo. También deberá determinar cómo fue recibida, qué controles se realizaron, quién autorizó las sucesivas prórrogas y por qué el Estado continuó ejecutando pagos pese a que Cardama había incumplido inicialmente los plazos para constituir las garantías.
García defendió la compra, pero quedaron preguntas sin responder
Javier García compareció ante la comisión el 20 de julio. El exministro asumió la responsabilidad política por la firma del contrato, pero afirmó que el Ministerio de Defensa actuó con asesoramiento jurídico y que nadie sospechó que la garantía presentada pudiera ser irregular.
García sostuvo que el objetivo de la compra era terminar con décadas de desprotección de las aguas jurisdiccionales uruguayas y responsabilizó al actual gobierno por la paralización del proyecto.
El Frente Amplio, sin embargo, considera que la comparecencia no aclaró aspectos centrales. Garlo señaló que García no explicó por qué las más de 80 exigencias técnicas utilizadas por una comisión de la Armada en 2022 fueron reducidas a solamente tres requisitos durante el procedimiento desarrollado en 2023.
Tampoco quedó plenamente establecida la razón por la cual se firmó un contrato de esta magnitud con una empresa que no había constituido previamente las garantías exigidas.
El acuerdo fue firmado el 15 de diciembre de 2023 entre el Estado uruguayo y Francisco Cardama SA. Establecía la construcción de dos buques por 82.372.000 euros y preveía la entrega del primero 18 meses después de la entrada en vigor del contrato, mientras que el segundo debía llegar 12 meses más tarde.
Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5% del contrato y otra destinada a cubrir el anticipo financiero. La empresa no consiguió constituirlas dentro del plazo original y recibió sucesivas prórrogas.
Finalmente fue aceptada una garantía atribuida a EuroCommerce, una sociedad radicada en Reino Unido cuya capacidad financiera y documentación quedaron posteriormente bajo fuertes cuestionamientos. El gobierno de Yamandú Orsi denunció posibles maniobras fraudulentas y resolvió formalmente rescindir el contrato en febrero de 2026.
El caso ingresó entonces en varios frentes paralelos: la investigación penal, la comisión parlamentaria, las actuaciones administrativas del Ministerio de Defensa y la disputa jurídica internacional con el astillero.
El oficio enviado por Rodríguez no determina responsabilidades ni supone una imputación. Sin embargo, confirma que la Fiscalía considera que las declaraciones recogidas por el Parlamento pueden aportar elementos relevantes para reconstruir cómo se tomó una decisión que comprometió más de 82 millones de euros del Estado.
Cuando finalice la investigadora, Fiscalía podrá acceder no solo a documentos oficiales, sino también a las contradicciones, admisiones y respuestas incompletas que quedaron registradas en las versiones taquigráficas.