La fiscal Isabel Ithurralde reiteró la solicitud de 16 años de penitenciaría para el exsenador Gustavo Penadés y seis años para Sebastián Mauvezín. La jueza Marcela Vargas rechazó el intento de las defensas de detener el proceso por supuestos defectos formales. Las próximas audiencias definirán qué pruebas llegarán al juicio oral.
La Fiscalía solicitó una condena de 16 años de penitenciaría para el exsenador Gustavo Penadés y seis años para el profesor de Historia Sebastián Mauvezín, al comenzar las audiencias de control de acusación del caso que investiga delitos sexuales y explotación sexual de adolescentes.
La petición fue expuesta ante la jueza Marcela Vargas por la fiscal de Delitos Sexuales Isabel Ithurralde. La acusación había sido presentada formalmente en octubre de 2025 y ahora ingresa en la etapa previa al juicio oral.
El pedido de pena no constituye todavía una condena. Durante el juicio, la Fiscalía deberá demostrar los hechos incluidos en su acusación, mientras las defensas podrán cuestionar las pruebas, presentar su propia versión y reclamar la absolución de los acusados.
Penadés fue un dirigente de peso del herrerismo y ocupó durante décadas distintos cargos parlamentarios. El 7 de junio de 2023, el Senado autorizó por unanimidad —31 votos en 31— el levantamiento de sus fueros para que pudiera avanzar la investigación judicial.
Una acusación basada en los relatos de 13 víctimas
La acusación fiscal contempla los relatos de 13 víctimas por hechos que, según la investigación, ocurrieron entre 1990 y 2022. Diez de esas personas tenían entre 13 y 17 años en el momento de los episodios denunciados, mientras las otras tres eran mayores de edad.
La Fiscalía atribuye a Penadés diez delitos de retribución a personas menores de edad para que realizaran actos sexuales o eróticos, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado y tres delitos de abuso sexual.
También incluyó reiterados delitos de violación, reiterados delitos de atentado violento al pudor y un delito de violencia privada. A esto se agregan los delitos de asociación para delinquir y cohecho calificado agravado, vinculados con la investigación paralela que habría sido organizada para obtener información, desacreditar a las víctimas y entorpecer la causa.
La Fiscalía sostiene que algunas de las víctimas, aunque no se conocían entre ellas, aportaron relatos coincidentes sobre lugares, vehículos, formas de contacto y mecanismos utilizados para evitar que fueran vistas.
En el caso de Mauvezín, la acusación comprende siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores. Para la Fiscalía, el profesor habría funcionado como intermediario y habría facilitado el contacto de Penadés con algunos adolescentes.
La acusación sostiene que existieron transferencias de dinero entre Penadés y Mauvezín y que varias víctimas llegaron al exsenador a través del docente. Mauvezín rechaza esas imputaciones.
Ithurralde pidió 16 años para Penadés, que presentó como la pena máxima aplicable a la combinación y reiteración de los delitos incluidos en su acusación. Para Mauvezín solicitó seis años de penitenciaría.
La defensa pidió las partidas de nacimiento
Los abogados de Penadés, Homero Guerrero y Laura Robatto, plantearon una “excepción de improponibilidad manifiesta” y reclamaron que la jueza rechazara la acusación antes de avanzar hacia el juicio.
La defensa sostuvo que existían defectos formales que limitaban su capacidad para responder a la Fiscalía. Entre otras objeciones, cuestionó el orden cronológico empleado para presentar los hechos, denunció diferencias entre algunas declaraciones y la acusación final y reclamó que fueran excluidos elementos que consideró ajenos a Penadés.
Uno de los principales puntos de discusión fue la edad de las víctimas. Los abogados exigieron acceder a sus partidas de nacimiento completas para comprobar cuántos años tenían en el momento de cada hecho.
La defensa argumentó que la edad es determinante para establecer qué figura penal corresponde aplicar. También señaló que algunos de los hechos denunciados se remontan a la década de 1990, mientras la ley sobre explotación sexual de menores fue aprobada en 2004 y no puede aplicarse retroactivamente.
La defensora de Mauvezín, Rosanna Gavazzo, acompañó el reclamo y sostuvo que conocer las edades exactas era necesario para controlar la acusación.
La Fiscalía respondió que esas objeciones no constituyen defectos formales, sino discrepancias con su teoría del caso que deberán resolverse durante el juicio oral.
Ithurralde señaló que en investigaciones de violencia sexual no siempre es posible exigir a las víctimas que recuerden fechas exactas, especialmente cuando los hechos ocurrieron durante su adolescencia o muchos años antes de la denuncia.
Para intentar resolver la controversia, la Fiscalía propuso que una funcionaria del juzgado revisara las partidas y comunicara a las defensas la información necesaria para acreditar las edades.
Los representantes de las víctimas aceptaron que se informara el mes y el año de nacimiento, pero se opusieron a entregar las fechas completas. Argumentaron que esos datos podrían permitir identificar a personas cuya identidad se encuentra protegida por orden judicial.
Los defensores de Penadés insistieron en acceder a la documentación completa y anunciaron que podrían realizar reclamos ante organismos internacionales si se mantenía la reserva.
Luego de escuchar a todas las partes, la jueza Marcela Vargas rechazó el pedido de detener el proceso. La magistrada consideró que la acusación no presenta defectos formales y que los cuestionamientos de la defensa deberán discutirse durante el juicio.
La defensa anunció que apelará la decisión ante el Tribunal de Apelaciones.
Cuatro meses para definir las pruebas del juicio
Las audiencias de control de acusación comenzaron el 21 de julio y continuarán, en principio, dos veces por semana durante aproximadamente cuatro meses.
La siguiente audiencia fue fijada para el jueves 23 de julio. En esta etapa se discutirá qué pruebas, testimonios, pericias, documentos y registros podrán ser utilizados durante el juicio oral.
Una vez concluido el control, la jueza deberá dictar el auto de apertura a juicio y remitir el expediente al tribunal que tendrá a su cargo el debate. Será ese tribunal el que escuche a las partes y determine si corresponde condenar o absolver a los acusados.
Penadés continúa bajo prisión preventiva, medida que fue prorrogada en abril ante los riesgos señalados por la Fiscalía y los representantes de las víctimas. Mauvezín cumple prisión domiciliaria total con vigilancia electrónica por decisión del Tribunal de Apelaciones.
La Fiscalía ha sostenido que persisten riesgos para la seguridad de las víctimas y para el normal desarrollo del proceso. Durante la investigación se abrió una causa paralela por acciones dirigidas a obtener información reservada y desacreditar a quienes denunciaron al exlegislador.
El caso llega a esta etapa después de más de tres años de actuaciones judiciales. La extensión del proceso vuelve a poner en discusión la necesidad de garantizar simultáneamente el derecho de defensa de los acusados y la protección efectiva de víctimas que, según la Fiscalía, atravesaban situaciones de vulnerabilidad cuando ocurrieron los hechos.
La reserva de identidad no puede transformarse en un obstáculo para el ejercicio de la defensa, pero tampoco puede ser ignorada en una causa en la que ya se investigaron presiones, seguimientos y maniobras contra denunciantes y testigos.