Javier García quiso convertir la ausencia de recursos en un certificado de transparencia. Pero Cardama llegó antes que los demás astilleros, las exigencias técnicas bajaron de más de 80 a solamente tres, su oferta pasó de €68 millones a €82,2 millones y fue la única empresa habilitada a negociar cambios sustanciales. El dato que el exministro utiliza para defenderse deja al descubierto la desigualdad del procedimiento.
El senador Javier García compareció durante cuatro horas ante la comisión parlamentaria que investiga la frustrada compra de dos patrulleros oceánicos al astillero español Cardama. El exministro de Defensa asumió la responsabilidad política por la contratación, pero aseguró que tomó la decisión respaldado por dos informes técnicos de la Armada Nacional.
García agregó un argumento con el que intentó cerrar la discusión: afirmó que se analizaron propuestas de ocho astilleros y que, una vez seleccionada Cardama, ninguna de las otras empresas presentó recursos o impugnaciones.
“Una vez que tomamos la decisión, no hubo ningún recurso ni impugnación de las otras empresas”, declaró. También sostuvo que no es habitual que en una licitación las empresas que pierden no recurran la adjudicación.
El dato formal puede ser correcto: hasta el momento no consta que los demás astilleros hayan presentado recursos administrativos contra la selección. Lo que no se sostiene es la conclusión que García pretende construir a partir de ese dato.
La ausencia de una impugnación no demuestra que todas las empresas hayan competido bajo las mismas reglas, que hayan recibido idéntica información ni que hayan tenido las mismas oportunidades para modificar sus propuestas. Mucho menos puede utilizarse como prueba de que el procedimiento fue transparente.
No fue una licitación y las empresas no participaron en igualdad
El primer problema de la defensa de García aparece en sus propias palabras. El exministro habló de lo que habitualmente ocurre “en una licitación”, pero la contratación de Cardama no fue una licitación pública.
El gobierno de Luis Lacalle Pou utilizó una compra directa por excepción, invocando el numeral del TOCAF que permite mantener una operación en secreto por razones vinculadas con la defensa nacional. La compra fue aprobada por el Tribunal de Cuentas por cuatro votos contra tres, luego de que sus integrantes recibieran dos informes jurídicos con conclusiones opuestas.
Uno de esos informes entendía que, como el Ministerio de Defensa había solicitado propuestas a varios astilleros, el procedimiento era materialmente competitivo y debía respetar las garantías de igualdad entre oferentes. El otro consideró que se trataba de una compra directa válida. La mayoría del Tribunal adoptó esta segunda posición, mientras los tres integrantes frenteamplistas rechazaron la operación.
García intenta ahora utilizar las ventajas de ambos argumentos. Para justificar la contratación, sostiene que fue una compra directa por excepción. Para presentar la ausencia de recursos como una prueba de transparencia, la compara con una licitación competitiva.
Las dos caracterizaciones no pueden utilizarse según la conveniencia del momento. Si fue una compra directa y las ofertas de los demás astilleros eran solamente referencias comparativas, como sostuvo el exsubsecretario Rivera Elgue, entonces la inexistencia de impugnaciones no tiene el valor que García pretende adjudicarle.
Rivera Elgue llegó a reconocer que no se trataba de un proceso competitivo. Según su explicación, las otras propuestas fueron solicitadas para comparar precios y otorgarle un marco de transparencia a una decisión que ya avanzaba hacia Cardama. También admitió que la delegación oficial visitó el astillero gallego porque esa era la oferta que el gobierno estaba considerando.
Ese reconocimiento destruye el núcleo de la defensa del exministro. Las demás empresas no fueron convocadas a una competencia abierta, con un pliego detallado, reglas invariables y una instancia final en la que todas pudieran mejorar sus propuestas. Fueron utilizadas como referencias dentro de un procedimiento que ya tenía a Cardama en el centro.
En esas condiciones, que no hayan presentado recursos no prueba que hayan aceptado la regularidad de la contratación. Solamente prueba que no recurrieron una compra directa en la que el propio gobierno anterior sostenía que no estaban compitiendo.
Cardama apareció antes y después se redujeron las exigencias
La reconstrucción del proceso muestra que la propuesta de Cardama no surgió como resultado de una convocatoria general a los astilleros. Apareció primero.
Según declaró el exjefe del Estado Mayor de la Armada Gustavo Musso durante la investigación administrativa, a comienzos de abril de 2023 García entregó al entonces comandante de la Armada, Jorge Wilson, un cuadernillo de unas 20 páginas con una propuesta del astillero español.
La oferta estaba fechada el 2 de abril. En ese momento no se había realizado un nuevo llamado para adquirir patrulleros oceánicos. La propuesta fue considerada extremadamente básica y no cumplía con la mayoría de las condiciones técnicas establecidas en el proceso anterior.
Solo después de la aparición de Cardama se contactó a otros astilleros para que enviaran nuevas cotizaciones.
La comisión técnica que había trabajado en el proceso anterior estableció más de 80 requisitos para evaluar los buques. En 2023, esas exigencias fueron reducidas a tres condiciones generales: un desplazamiento superior a 1.500 toneladas, una plataforma de vuelo y un hangar para helicópteros. Tampoco existió un pliego escrito con el nivel de precisión utilizado anteriormente.
El diputado frenteamplista Joaquín Garlo explicó que la comisión le preguntó directamente a García si esa reducción tenía relación con el hecho de que el proceso hubiera comenzado con la propuesta de Cardama. Según el legislador, el exministro no respondió esa pregunta.
La interrogante es central. La primera oferta de Cardama no alcanzaba los requisitos establecidos anteriormente. En lugar de mantener las exigencias y abrir un proceso en igualdad de condiciones, el gobierno redujo drásticamente los parámetros y luego convocó a otras empresas.
García asegura que siguió los informes de la Armada, pero no explicó por qué se dejó de lado el trabajo de la comisión técnica que había definido más de 80 características. Tampoco aclaró por qué los requisitos fueron sustituidos por tres condiciones tan generales después de que Cardama ya hubiera presentado su propuesta.
La supuesta competencia entre ocho astilleros queda así reducida a una comparación desequilibrada. Cardama conocía desde el comienzo el proyecto que ofrecía y mantuvo intercambios con las autoridades. Los demás fueron convocados posteriormente, sin un pliego técnico equivalente al anterior y cuando la propuesta española ya ocupaba un lugar privilegiado dentro del Ministerio de Defensa.
A esto se suma otro dato: antes de que se formalizara la selección, Rivera Elgue visitó Cardama entre el 14 y el 16 de junio de 2023. Ninguno de los demás astilleros recibió una inspección equivalente. El exsubsecretario justificó la diferencia afirmando que el gobierno ya avanzaba hacia esa propuesta.
No se trató, por tanto, de ocho empresas examinadas con idéntica profundidad. Una de ellas fue visitada, evaluada y acompañada mientras las restantes cumplían una función comparativa.
Cardama pudo cambiar su oferta y los demás quedaron afuera
La propuesta con la que Cardama entró al proceso tampoco fue la misma que terminó siendo seleccionada.
La oferta fechada el 2 de abril de 2023 tenía un precio de €68 millones. La propuesta final, fechada el 19 de junio, alcanzó los €82,2 millones. La diferencia fue de más de €14 millones, un incremento superior al 20%.
No cambió solamente el precio. La empresa modificó la velocidad proyectada, sustituyó las hélices fijas por hélices de paso controlable e incorporó aletas estabilizadoras en lugar del mecanismo planteado inicialmente. Posteriormente, la velocidad máxima volvió a cambiar: la oferta final establecía 23 nudos, pero el contrato firmado la redujo a 21.
Cardama tuvo, por tanto, la posibilidad de corregir, ampliar y renegociar su propuesta. Según la reconstrucción publicada sobre el expediente, los otros astilleros no fueron habilitados a participar de una instancia equivalente para modificar sus propias ofertas.
Esto vuelve irrelevante la coartada de las impugnaciones. Las demás empresas podían conocer la decisión inicial, pero no participaron de las negociaciones que produjeron la propuesta definitiva ni del proceso que terminó dando forma al contrato.
Entre el 3 de octubre y el 15 de diciembre de 2023, el Ministerio de Defensa y Cardama intercambiaron por lo menos siete borradores. También se realizaron reuniones presenciales los días 29 y 30 de noviembre entre representantes del astillero, jerarcas del ministerio, oficiales de la Armada y el estudio jurídico contratado para redactar el acuerdo.
El memorándum elaborado por el estudio Delpiazzo reconoció que el trabajo partió de la propuesta de Cardama y que esta fue adaptada durante las negociaciones a las condiciones jurídicas y técnicas requeridas por el Estado uruguayo.
Ninguna de las demás empresas participó en esa etapa. Ninguna pudo presentar una nueva cotización frente a las condiciones finales. Ninguna tuvo la oportunidad de competir contra el producto y el precio que terminaron incluidos en el contrato.
Por eso, la afirmación de García no limpia el procedimiento. La ausencia de recursos administrativos no transforma una compra directa en una licitación abierta, no reemplaza la igualdad entre oferentes y no corrige el trato preferencial que recibió Cardama desde el comienzo.
La discusión tampoco es meramente formal. El contrato firmado por García el 15 de diciembre de 2023 comprometió €82.372.000. Cardama incumplió durante meses con la presentación de la garantía de fiel cumplimiento y el actual gobierno terminó rescindiendo el acuerdo en febrero de 2026 por incumplimientos graves, luego de haber transferido cerca de US$30 millones.
La teoría de García busca trasladar la responsabilidad del Estado hacia las empresas que no protestaron. Pero la obligación de asegurar reglas claras, igualdad de trato, controles suficientes y una contratación segura no correspondía a los astilleros descartados. Correspondía al Ministerio de Defensa que él dirigía.
No haber recibido impugnaciones no equivale a haber realizado una compra transparente. Para sostener esa conclusión, García tendría que explicar por qué Cardama llegó antes del proceso, por qué las exigencias se redujeron después de su aparición, por qué fue la única empresa autorizada a modificar su propuesta y por qué los demás astilleros nunca pudieron competir contra las condiciones finales del contrato.
Esas preguntas permanecen sin respuesta.