El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto que permitirá jubilarse desde los 60 años con 30 años de aportes, aunque mantendrá los 65 como edad normal de retiro. También impulsará una ventanilla única para los trámites jubilatorios, una reducción de entre 5% y 10% en las comisiones de las AFAP y nuevos mecanismos para vincular sus ingresos con la rentabilidad obtenida para los trabajadores.
El gobierno de Yamandú Orsi definió las primeras medidas que impulsará a partir de las recomendaciones del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social. Las transformaciones alcanzarán tanto al régimen general de jubilaciones como al pilar de ahorro individual administrado por las AFAP.
La principal modificación será la creación de una causal general de jubilación anticipada desde los 60 años, destinada especialmente a quienes enfrentan dificultades para mantenerse en el mercado laboral hasta los 65. Paralelamente, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto anunciaron seis líneas de acción para reducir los costos, simplificar los trámites y modificar la estructura de funcionamiento de las administradoras.
El Gobierno no eliminará las AFAP ni trasladará las cuentas individuales a un organismo público. Las administradoras continuarán gestionando los ahorros, pero estarán sujetas a nuevas reglas de competencia, comisiones, seguros e inversiones.
Jubilación desde los 60 años con 30 años de aportes
El Poder Ejecutivo remitirá en las próximas semanas un proyecto de ley que permitirá acceder a una jubilación anticipada con 60 años de edad y un mínimo de 30 años de servicios reconocidos.
La causal tendrá carácter general. Esto significa que el trabajador no deberá acreditar que realizó una actividad especialmente exigente, que perdió su empleo o que presenta una incapacidad. Bastará con cumplir los requisitos de edad y años aportados.
El diseño, sin embargo, mantiene los 65 años como edad normal de retiro y establece una diferencia en el monto de la prestación para incentivar la permanencia en el mercado laboral. La tasa utilizada para calcular el componente pagado por el BPS será menor cuanto más temprano se produzca la jubilación.
La tasa de adquisición de derechos por cada año aportado será de 1,20% a los 60 años, 1,26% a los 61, 1,31% a los 62, 1,37% a los 63, 1,43% a los 64 y 1,50% a los 65.
En una persona con 30 años de aportes, esto representa una tasa de reemplazo de 36% para el componente del BPS si se retira a los 60 años y de 45% si espera hasta los 65. A esas cantidades deberán agregarse la prestación correspondiente a la AFAP y, cuando corresponda, el suplemento solidario financiado por Rentas Generales.
El beneficio total tendrá, por tanto, tres posibles componentes:
Jubilación del BPS + jubilación generada por la AFAP + suplemento solidario.
Para 2026, el valor base del suplemento solidario fue establecido en $17.591. Este complemento se aplica de forma decreciente cuando la suma de las prestaciones contributivas se encuentra por debajo de $53.306, con mayor protección relativa para las personas de ingresos bajos y medios-bajos.
Según el diseño oficial, quienes pertenecen a los sectores de menores ingresos podrán jubilarse a los 60 años en condiciones similares o incluso mejores a las que regían antes de la reforma aprobada en 2023. Para las personas de ingresos medios y altos, el incentivo económico para continuar hasta los 65 será mayor.
La jubilación anticipada no será compatible con el trabajo. Quien se retire utilizando esta causal no podrá continuar trabajando formalmente ni acumular servicios bonificados. El Gobierno sostiene que se trata de un mecanismo para atender contingencias laborales y sociales, y no de una reducción general de la edad jubilatoria.
La medida busca responder especialmente a las desigualdades acumuladas durante la vida laboral. Los trabajadores de menores ingresos suelen comenzar a trabajar antes, desarrollar tareas con mayor desgaste físico, atravesar más períodos de informalidad y tener menos posibilidades de reconversión laboral cuando se aproximan a los 60 años.
También se consideran las dificultades de empleabilidad que pueden generar la automatización, la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos entre trabajadores de mayor edad, cuyas competencias pueden quedar desplazadas antes de alcanzar la edad normal de retiro.
El impacto será limitado y se concentraría en los ingresos más bajos
El Gobierno estima que la nueva causal no provocará un retiro masivo a los 60 años. Incluso bajo el régimen anterior, cuando era posible jubilarse a esa edad, la edad promedio efectiva de retiro se ubicaba cerca de los 63 años.
Más de la mitad de quienes logran reunir causal jubilatoria a los 60 deciden continuar trabajando, mientras que aproximadamente una cuarta parte posterga su retiro al menos hasta los 65.
Además, una parte creciente de la población no consigue completar 30 años de aportes debido a la informalidad, el desempleo o las interrupciones de la trayectoria laboral. Otras personas acceden a prestaciones por incapacidad o por edad avanzada.
Los cálculos del BPS indican que alrededor del 50% de las nuevas altas jubilatorias anuales podría reunir, en teoría, las condiciones para utilizar la causal anticipada. Eso no significa que todas esas personas decidan ejercer el derecho.
Las proyecciones oficiales suponen que el uso se concentrará principalmente en los primeros cinco deciles de ingresos, donde el suplemento solidario reduce la pérdida provocada por el retiro anticipado. Para las personas de ingresos medios y altos, jubilarse antes implicaría una pérdida económica acumulada a lo largo de la vida.
El costo fiscal máximo se registraría entre 2040 y 2045 y alcanzaría aproximadamente 0,15% del producto interno bruto. Ese incremento se explicaría por el adelanto de nuevas jubilaciones durante la transición entre los distintos regímenes.
A partir de 2070, el Gobierno proyecta un ahorro cercano a 0,03% del PIB, debido a que las prestaciones iniciadas anticipadamente tendrán tasas de reemplazo menores. En el largo plazo, la modificación tendría un efecto fiscal prácticamente neutro.
La propuesta introduce una alternativa frente a la reforma de 2023, que elevó progresivamente la edad normal de retiro hasta los 65 años. No deroga esa decisión, pero reconoce que no todas las personas llegan a esa edad en las mismas condiciones físicas, laborales y económicas.
Una ventanilla única para dejar de duplicar trámites
El segundo bloque de transformaciones se concentra en el funcionamiento de las AFAP y su relación con los afiliados.
El Gobierno creará una ventanilla única para centralizar el trámite jubilatorio en el BPS o en el organismo previsional correspondiente. Actualmente, una persona comprendida por el régimen mixto debe realizar gestiones separadas ante el organismo de reparto, la AFAP y posteriormente la aseguradora que paga la renta previsional.
La reforma busca que el trabajador inicie el procedimiento en un solo lugar y que las instituciones intercambien la información necesaria sin trasladarle la carga administrativa al afiliado.
También se desarrollará un sistema integrado de información que combine los datos del pilar de reparto y de la cuenta de ahorro individual. El objetivo es que cada persona pueda conocer de forma conjunta cuánto percibiría del BPS, cuánto generó en su AFAP y qué resultado tendría si posterga o adelanta su jubilación.
La integración se realizará gradualmente y con la participación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. El Gobierno sostiene que deberá garantizarse el acceso igualitario, la protección de los datos personales y la interoperabilidad entre las instituciones.
Los trámites para elegir una administradora también podrán realizarse ante el BPS o el organismo previsional de amparo, y no exclusivamente en las oficinas o canales comerciales de las AFAP.
Un sistema que administra cerca de US$ 26.600 millones
Los cambios alcanzarán a uno de los mayores fondos de inversión institucional del país.
En marzo de 2026 había 1.742.346 personas afiliadas a alguna de las cuatro AFAP existentes. De ellas, 981.863 realizaron aportes efectivos durante ese mes, equivalentes al 56,4% del total.
República AFAP concentraba el 41,2% de los cotizantes efectivos, seguida por AFAP Sura con 21,8%, AFAP Itaú con 21,5% e Integración AFAP con 15,3%.
Al cierre de febrero, los fondos previsionales administrados superaban los $1,09 billones, equivalentes a unos US$26.600 millones. Al finalizar 2025, el ahorro acumulado representaba cerca del 30% del producto interno bruto.
República AFAP administraba aproximadamente el 55% de los fondos, seguida por Sura con alrededor del 18%, Itaú con cerca del 17% e Integración con aproximadamente el 10%.
El tamaño del sistema explica la importancia económica de las decisiones anunciadas. Los fondos de los trabajadores no solo determinan una parte de sus futuras jubilaciones: también constituyen una fuente central de financiamiento para el Estado, las empresas públicas, los fideicomisos y distintas inversiones productivas.
A finales de 2025, aproximadamente 56% de la cartera estaba colocada en valores emitidos por el Estado y Letras de Regulación Monetaria del Banco Central. Cerca del 20% correspondía a instrumentos emitidos por empresas públicas y privadas, mientras que alrededor del 15% estaba invertido en títulos vinculados con organismos internacionales.
Comisiones más bajas y vinculadas a los resultados
El Gobierno estima que el conjunto de reformas permitirá reducir entre 5% y 10% los valores actualmente cobrados por las AFAP. No se trata de una disminución de cinco o diez puntos porcentuales sobre el aporte, sino de una reducción relativa respecto a los costos vigentes.
Durante el primer trimestre de 2026, AFAP Sura, Itaú e Integración redujeron su comisión de administración sobre los aportes desde 5,89% hasta 5,76%. República AFAP continuó cobrando una comisión menor.
Cuando se suma la comisión de administración y la prima del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, República AFAP tenía en marzo la menor deducción total del mercado, equivalente al 12,27% del aporte destinado a la cuenta individual.
Para reducir esos costos, el Poder Ejecutivo cambiará el mecanismo mediante el cual son distribuidos los nuevos afiliados. La asignación se realizará mediante una licitación o procedimiento competitivo que valorará simultáneamente la menor comisión y la mayor rentabilidad ofrecida.
La comisión ganadora deberá extenderse a todos los afiliados de la administradora y no solamente a quienes ingresen mediante la licitación. El trabajador mantendrá el derecho de cambiar posteriormente de AFAP.
El mecanismo deberá diseñarse de manera que evite una mayor concentración del mercado. Actualmente existen solamente cuatro administradoras y República AFAP controla más de la mitad de los fondos, por lo que la competencia efectiva es uno de los puntos centrales de la reforma.
Las AFAP cobrarán según los fondos y la rentabilidad
El Gobierno también modificará la estructura de las comisiones.
Para quienes ingresaron al sistema después de diciembre de 2023, se plantea sustituir progresivamente la comisión cobrada sobre cada aporte por una comisión calculada sobre los activos administrados.
El MEF sostiene que este mecanismo permitirá comparar con mayor facilidad el costo de cada AFAP con otros productos financieros. La transición provocará, según el documento oficial, una reducción de los ingresos por comisiones de las administradoras.
Para todos los afiliados se creará además una estructura de “doble llave”: una parte fija y otra variable vinculada con los resultados de las inversiones.
Cuando la administradora obtenga mejores rendimientos podrá cobrar el componente variable previsto. Ante resultados adversos, la comisión deberá reducirse. El objetivo es que las AFAP compartan una parte del riesgo y no cobren el mismo porcentaje independientemente del desempeño obtenido con los ahorros de los trabajadores.
La modificación intenta corregir uno de los principales problemas del modelo vigente: las administradoras cobran sus comisiones al recibir el aporte, incluso cuando la rentabilidad posterior resulta baja o negativa.
El seguro colectivo podría licitarse de forma centralizada
Una parte importante del dinero descontado antes de acreditar el ahorro en la cuenta individual corresponde al seguro colectivo de invalidez y fallecimiento.
El Gobierno evaluará centralizar su contratación y realizar una licitación conjunta para todo el sistema. Actualmente, las administradoras contratan este seguro y trasladan su costo a los afiliados.
La licitación buscará aumentar la competencia entre aseguradoras, reducir la prima y eliminar las diferencias que pagan los trabajadores según la AFAP elegida.
Cada reducción de la prima permitiría que una proporción mayor del aporte llegue efectivamente a la cuenta personal y genere rentabilidad durante la vida laboral.
Más inversiones en el exterior, con controles públicos
Otra de las medidas permitirá ampliar gradualmente los activos extranjeros en los que pueden invertir las AFAP.
El argumento oficial es que una mayor diversificación puede reducir riesgos y mejorar la rentabilidad de largo plazo, evitando que la mayor parte de los ahorros previsionales dependa exclusivamente de la economía uruguaya y de los títulos emitidos por el Estado.
La apertura será gradual y deberá mantener la regulación y supervisión del Banco Central. También se utilizarán instrumentos de cobertura para limitar la exposición a variaciones cambiarias y otros riesgos financieros.
El MEF afirmó que los cambios deberán proteger el papel de las AFAP en el financiamiento de inversiones productivas nacionales y del mercado de deuda en moneda local.
La ampliación exige controles rigurosos. Se trata de ahorros laborales obligatorios y no de capital especulativo disponible para asumir riesgos sin consecuencias sociales. Una mayor inversión exterior solamente puede justificarse si mejora de forma comprobable las futuras jubilaciones, mantiene límites de exposición y no debilita el financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura en Uruguay.
Las AFAP continúan, pero con nuevas obligaciones
Las resoluciones del Gobierno se apartan de la propuesta surgida durante el Diálogo Social para que un organismo público administrara de manera integrada las cuentas personales.
El presidente Yamandú Orsi había descartado previamente la eliminación o estatización de las AFAP. El documento del MEF y la OPP confirma que las administradoras públicas y privadas conservarán la gestión de las cuentas individuales y de las inversiones.
El PIT-CNT ha defendido históricamente un sistema de seguridad social sin lucro y la eliminación de las AFAP. La solución oficial no avanza hasta ese punto: mantiene el régimen mixto creado en 1996 y profundizado por la reforma de 2023, pero intenta disminuir los costos privados, ampliar la información disponible y otorgar mayor capacidad de decisión a los trabajadores.
El desafío será que la reducción de comisiones y la competencia prometida se traduzcan efectivamente en jubilaciones más altas. En un sistema de aportación obligatoria, la regulación estatal debe asegurar que la rentabilidad obtenida beneficie prioritariamente a los afiliados y no se diluya en costos comerciales, seguros sobredimensionados o ganancias empresariales desconectadas del resultado previsional.
La habilitación para jubilarse desde los 60 años constituye, al mismo tiempo, un reconocimiento de las desigualdades existentes dentro del mercado laboral. La libertad de elegir la edad de retiro solo será efectiva si las personas de menores ingresos pueden acceder a una prestación suficiente y no se ven obligadas a continuar trabajando por necesidad.