El canciller Mario Lubetkin sostuvo que Uruguay está “en las antípodas” de la estrategia impulsada por Estados Unidos, que reunió a representantes de 66 países y utilizó a los Tupamaros como antecedente para justificar una ofensiva internacional contra el denominado “terrorismo político de extrema izquierda”. El gobierno uruguayo defendió un enfoque regional, democrático y sin filtros ideológicos.
Uruguay marcó distancia de la ofensiva impulsada por Washington
El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, rechazó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien mencionó al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros durante una conferencia internacional convocada por Estados Unidos.
“Escuchando las palabras del secretario de Estado y de otros sobre el tema del combate al crimen organizado, estamos en las antípodas”, afirmó Lubetkin este lunes 20 de julio.
El canciller sostuvo que Uruguay tiene una política claramente diferente y remarcó que la seguridad regional debe abordarse mediante la integración, la cooperación entre Estados y el análisis de los diversos factores económicos, sociales e institucionales vinculados con la violencia y el crimen organizado.
“Nosotros no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera. Es de sentido común”, agregó.
La afirmación se refiere al lugar que actualmente ocupa el MLN-T dentro del espacio político del Movimiento de Participación Popular y del Frente Amplio. La organización tuvo una etapa de guerrilla urbana durante las décadas de 1960 y 1970, pero abandonó hace décadas la lucha armada y se incorporó a la actividad política democrática y legal.
Rubio no anunció la inclusión del MLN-T actual en una lista de organizaciones terroristas ni presentó medidas específicas contra sus integrantes. Utilizó el nombre de los Tupamaros como referencia histórica dentro de un discurso que intentó establecer una continuidad entre organizaciones armadas del siglo pasado, movimientos políticos de izquierda y redes radicales contemporáneas.
Uruguay estuvo representado en la conferencia de Washington por una funcionaria de su embajada. Hasta el cierre de esta nota, la Cancillería uruguaya no había publicado un comunicado específico explicando el mandato de esa representación o el alcance político de su presencia.
La participación diplomática generó cuestionamientos porque la reunión estuvo orientada exclusivamente a construir una agenda internacional contra organizaciones identificadas como de izquierda. La respuesta posterior de Lubetkin dejó establecido que la presencia uruguaya no supone compartir el enfoque ideológico desarrollado por la administración de Donald Trump.
El MLN-T también había respondido a Rubio, cuestionando la política exterior estadounidense y reclamándole que atendiera las consecuencias económicas de la escalada militar en el estrecho de Ormuz, especialmente su impacto sobre el petróleo, el gasoil y los productores uruguayos.
Rubio reunió a 66 países y anunció sanciones migratorias
La controversia comenzó el 16 de julio, cuando Rubio encabezó en la sede del Departamento de Estado la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político.
Participaron representantes políticos, diplomáticos, policiales y de inteligencia de 66 países. Entre los Estados presentes estuvieron Uruguay, Argentina, Chile, Canadá, España, Alemania, Italia e Israel. Brasil, México, China, Nicaragua y Colombia no integraron la nómina difundida por Washington.
Durante su intervención, Rubio aseguró que las estructuras internacionales de contraterrorismo mantuvieron durante años un “punto ciego” frente a la violencia política de izquierda. Para fundamentar esa posición recordó los secuestros, atentados y ejecuciones cometidos por distintas organizaciones armadas durante la segunda mitad del siglo XX.
En ese contexto mencionó a los Tupamaros uruguayos, los Montoneros argentinos, las FARC y el ELN de Colombia, Sendero Luminoso de Perú, las Brigadas Rojas italianas, el grupo Baader-Meinhof de Alemania, Weather Underground y el Ejército Negro de Liberación de Estados Unidos.
Rubio afirmó que las redes radicales actuales intercambian recursos, propaganda, información sobre objetivos y financiamiento por medio de conexiones internacionales. También pidió a los países participantes identificar organizaciones, movimientos de dinero y estructuras de apoyo.
Estados Unidos anunció una nueva política de restricciones de visas contra extranjeros señalados como integrantes o colaboradores de organizaciones consideradas “terroristas de extrema izquierda” o grupos alineados con ellas. Los criterios divulgados incluyen la promoción de actos violentos, sabotajes, intimidación y otras actividades delictivas con objetivos políticos.
Washington ya había designado como organizaciones terroristas extranjeras a cuatro agrupaciones europeas: Antifa Ost, la Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria. Rubio anticipó que podrían producirse nuevas designaciones.
La conferencia contó además con la participación del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Este último realizó una intervención cargada de ataques no solamente contra acciones violentas, sino contra la identidad, las ideas y hasta la apariencia de las personas de izquierda.
Los discursos se concentraron exclusivamente en la violencia atribuida a organizaciones izquierdistas. No hubo un tratamiento equivalente de los atentados cometidos por grupos neonazis, supremacistas blancos, milicias ultraderechistas o responsables del ataque al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021.
La utilización de herramientas antiterroristas definidas mediante categorías ideológicas abre la posibilidad de que medidas migratorias, financieras y de inteligencia terminen alcanzando a movimientos sociales, organizaciones sindicales, activistas y adversarios políticos que no participan en acciones violentas.
La estrategia uruguaya: integración regional sin criminalización ideológica
Lubetkin contrapuso el enfoque de Washington con la política defendida por el presidente Yamandú Orsi en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Uruguay ejerce durante 2026 la Presidencia pro témpore de la Celac. Al asumir esa responsabilidad, Orsi planteó que la lucha contra el crimen organizado transnacional requiere cooperación entre los Estados, fortalecimiento institucional, intercambio de información y atención de las causas estructurales vinculadas con la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades.
El gobierno uruguayo sostiene que la delincuencia organizada representa una amenaza para la seguridad de las personas, la democracia, el desarrollo humano y la estabilidad institucional, pero rechaza que el problema pueda resolverse mediante alineamientos ideológicos o decisiones unilaterales.
Esta posición también quedó reflejada en la declaración conjunta firmada el 1.º de julio por Orsi y el presidente chileno, José Antonio Kast. Ambos gobiernos acordaron fortalecer la coordinación regional frente al narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de armas y otras formas de delincuencia transnacional.
El 17 de julio, Uruguay se incorporó formalmente al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, integrado además por Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú.
Lubetkin señaló que el gobierno trabaja sobre estos asuntos en la Celac, el Mercosur y los ámbitos de cooperación con Argentina, Chile y otros países sudamericanos. Advirtió que se trata de fenómenos complejos que no pueden definirse ni resolverse mediante “dos o tres golpes rápidos”.
La diferencia quedó planteada entre una estrategia estadounidense que coloca la ideología de izquierda dentro del campo de la seguridad y una posición uruguaya que busca combatir conductas delictivas concretas mediante cooperación regional, institucionalidad democrática y respeto por el pluralismo político.