La Asociación de Maestros de Rivera denunció una serie de ataques contra centros educativos del departamento. Hubo hurtos de aires acondicionados, cables, puertas, rotura de vidrios y daños materiales. La situación afecta directamente a niños, niñas, docentes y comunidades que sostienen todos los días la escuela pública.
Escuelas atacadas en pocos días
La preocupación crece entre maestras y maestros de Rivera por una serie de robos y actos de vandalismo registrados en centros educativos públicos del departamento. La Asociación de Maestros de Rivera, AMDER, denunció hechos reiterados y reclamó medidas concretas de seguridad para proteger a las comunidades educativas.
Uno de los casos más graves ocurrió en la Escuela Nº 9, ubicada a media cuadra de una comisaría. Según la denuncia difundida por AMDER, el centro sufrió tres hurtos en apenas 30 días. En el último episodio fueron robados tres equipos de aire acondicionado y otros tres quedaron dañados durante la acción delictiva. También se informó el hurto de parte del cableado eléctrico.
La situación no quedó limitada a una sola escuela. En la Escuela Especial Nº 102 se registraron robos de cables y nuevos daños materiales. En la Escuela Nº 110 hubo vandalismo, rotura de vidrios y destrozos. En la Escuela Nº 113, según lo informado por docentes, fueron sustraídas varias puertas.
El daño lo pagan los niños y la escuela pública
Los robos en centros educativos no afectan solamente edificios. Cada aire acondicionado robado, cada vidrio roto, cada cable arrancado y cada puerta sustraída deteriora las condiciones de aprendizaje de niños y niñas que necesitan aulas cuidadas, seguras y dignas.
AMDER advirtió que los principales perjudicados son los escolares. La denuncia apunta a una realidad conocida por muchas comunidades: las escuelas públicas terminan destinando tiempo, energía y recursos a reparar daños que no deberían existir. Ese dinero podría ir a materiales, infraestructura, actividades educativas o mejoras para el funcionamiento cotidiano.
También hay un impacto sobre el trabajo docente. Maestras, equipos de dirección y familias quedan obligados a reorganizar clases, gestionar arreglos, hacer denuncias, insistir ante autoridades y sostener la rutina educativa en medio de la incertidumbre.
Seguridad, presupuesto y presencia estatal
La asociación docente informó que solicitó la implementación de servicio policial 222 para reforzar la vigilancia en algunos centros. La respuesta recibida, según AMDER, fue que el costo presupuestal resulta elevado. Ese punto abre una discusión de fondo: la protección de las escuelas no puede depender solo de la capacidad de presión de cada comunidad ni de soluciones aisladas.
ANEP cuenta con un Área de Seguridad encargada de hacer seguimiento del plan de seguridad en centros educativos, proponer mejoras, coordinar acciones y trabajar sobre políticas de prevención dentro y fuera de los locales. Además, el Ministerio del Interior y ANEP anunciaron en 2025 el fortalecimiento de acciones coordinadas en centros educativos, con participación de Policía Comunitaria y programas territoriales.
Ese marco institucional existe. El problema es que los hechos denunciados en Rivera muestran una distancia entre la planificación general y la respuesta efectiva en el territorio. Las alarmas, cámaras o denuncias posteriores no alcanzan si los centros siguen expuestos a hurtos reiterados y vandalismo.
Cuidar la escuela también es defender derechos
La escuela pública cumple una función social que va mucho más allá del aula. Es un espacio de aprendizaje, alimentación, encuentro, protección y comunidad. En departamentos del interior, además, muchas escuelas son referencia cotidiana para familias, barrios y localidades enteras.
Por eso, la seguridad escolar debe ser tratada como parte de una política pública de cuidado. No se trata de militarizar centros educativos ni de trasladar a la escuela una lógica punitiva. Se trata de asegurar presencia estatal, prevención, coordinación con la comunidad, mantenimiento edilicio, respuesta rápida y recursos suficientes.
Rivera necesita respuestas concretas. Las comunidades educativas ya hicieron visible el problema. Ahora corresponde que las autoridades nacionales y departamentales actúen con la misma urgencia con la que maestras, familias y funcionarios sostienen cada día la escuela pública.