La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete de Javier Milei sumó la intervención de un organismo técnico especializado. La lupa está puesta sobre gastos, deudas, inmuebles, obras privadas, viajes y movimientos digitales.

La causa entra en una etapa contable clave

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete del gobierno argentino, avanzó hacia una fase más técnica. El fiscal Gerardo Pollicita remitió parte de la documentación reunida a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, un organismo especializado que asiste al Ministerio Público en el análisis contable de expedientes complejos.

La intervención de esa oficina puede resultar decisiva para ordenar los números de la causa y establecer si los ingresos declarados por el funcionario alcanzan para explicar el nivel de gastos, deudas, propiedades y movimientos patrimoniales detectados desde su ingreso al gobierno de Javier Milei.

Adorni, una de las figuras más visibles del oficialismo argentino, pasó de la vocería presidencial a la Jefatura de Gabinete. Su perfil público quedó asociado a la defensa cotidiana del ajuste, la reducción del Estado y el discurso de austeridad del gobierno libertario. Esa exposición política vuelve más sensible una investigación que, por ahora, se mantiene en etapa de recolección y análisis de prueba.

Gastos, deudas e inmuebles bajo revisión

Según la información incorporada al expediente, la Justicia trabaja sobre registros que incluyen gastos por más de 400.000 dólares y deudas por unos 335.000 dólares, de acuerdo con las conversiones realizadas sobre cada movimiento.

Entre los puntos bajo estudio figuran dos operaciones inmobiliarias: un departamento en Caballito, escriturado por 230.000 dólares, y una casa en Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, cerrada por 120.000 dólares. A eso se suman pagos vinculados a obras de refacción en esa vivienda, que habrían alcanzado los 245.000 dólares.

Ese último dato modificó la escala de la investigación. El contratista Matías Tabar declaró haber cobrado esa cifra por trabajos realizados en la casa y luego volvió a la fiscalía para aportar documentación vinculada a remitos, facturas y comunicaciones con proveedores. Según su versión, el presupuesto inicial era mucho menor, pero los pedidos posteriores elevaron el monto final.

La fiscalía también analiza gastos en hoteles, pasajes aéreos, tarjetas bancarias, expensas del country y un viaje personal de la esposa del funcionario a Madrid. Ese viaje tendría un piso estimado de 6.000 dólares y podría acercarse a 8.500, según los cálculos mencionados en la causa.

Transparencia pública frente al discurso de austeridad

Otro frente abierto está vinculado al dinero digital. La fiscalía envió oficios a empresas proveedoras de servicios de activos virtuales para conocer si existen cuentas, tarjetas o movimientos asociados al funcionario.

La investigación todavía no llegó a una eventual citación a indagatoria. Antes, el fiscal busca completar la reconstrucción económica y definir si corresponde exigirle a Adorni una explicación formal sobre el origen de los fondos y la relación entre ingresos, gastos y patrimonio.

El caso golpea un punto político sensible para el gobierno de Milei. No se trata solo de una causa judicial individual, sino de una discusión sobre transparencia en el ejercicio del poder. En un gobierno que sostiene buena parte de su legitimidad pública en la promesa de terminar con los privilegios de la política, cualquier duda patrimonial sobre uno de sus principales voceros y funcionarios exige respuestas claras, documentación verificable y control institucional efectivo.

Fuente

La Nación