A 1.000 días del inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, las cifras ya no describen una guerra convencional sino una catástrofe humana sostenida: más de 73.000 palestinos asesinados, decenas de miles de niños muertos o heridos, la mayor parte de la Franja destruida, restricciones severas al ingreso de ayuda y una ocupación militar que sigue expandiéndose incluso después del alto el fuego anunciado en octubre de 2025.
Mil días de destrucción sobre una población encerrada
Este 2 de julio de 2026 se cumplieron 1.000 días desde el 7 de octubre de 2023, fecha que Israel utilizó como punto de partida para desplegar una ofensiva militar de castigo colectivo sobre la Franja de Gaza. Desde entonces, el territorio palestino quedó sometido a bombardeos, desplazamientos forzados, destrucción de hospitales, escuelas, viviendas, redes de agua, caminos, campamentos de desplazados y servicios esenciales.
La magnitud de la devastación impide hablar solamente de “daños colaterales”. Gaza es un territorio sitiado, densamente poblado, con más de dos millones de personas encerradas entre el mar, las ruinas y las zonas militares impuestas por Israel. La población civil no tiene corredores seguros reales, no dispone de un sistema sanitario operativo suficiente y depende de una ayuda humanitaria que entra tarde, mal y bajo control israelí.
La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza informó que más de 2,4 millones de personas fueron sometidas durante estos 1.000 días a genocidio, hambre y limpieza étnica. También reportó miles de familias completamente aniquiladas, miles de desaparecidos bajo los escombros y una destrucción cercana al 90% de la infraestructura de la Franja.
Organizaciones humanitarias internacionales también advierten que la situación de la infancia es devastadora. Save the Children informó que al menos 21.000 niños fueron asesinados en Gaza durante estos 1.000 días de guerra. La cifra resume el carácter profundamente civil de la tragedia: no se destruyó solamente una estructura militar, se golpeó la base misma de la vida palestina.
Una tregua que no detuvo las muertes
El alto el fuego acordado en octubre de 2025 no significó el fin de la violencia. Desde entonces, los ataques israelíes continuaron y ya provocaron más de 1.000 muertes palestinas adicionales. La diferencia es que la ofensiva pasó a administrarse bajo el lenguaje diplomático de la “tregua”, mientras en el terreno seguían los bombardeos, las incursiones, las demoliciones y las restricciones al movimiento.
Israel sostiene que sus operaciones buscan impedir el rearme de Hamás y responder a amenazas contra sus tropas. Sin embargo, el resultado concreto es que la población civil sigue muriendo, los desplazados siguen hacinados y la ayuda humanitaria continúa bloqueada o severamente limitada. La ONU advirtió que el financiamiento humanitario sigue por debajo de lo necesario y que las restricciones de acceso impiden llegar de forma adecuada a la población.
Al mismo tiempo, Israel no solo mantuvo posiciones militares dentro de Gaza, sino que avanzó más allá de la llamada “Línea Amarilla”, establecida como perímetro de retirada en el acuerdo impulsado por Estados Unidos. Benjamín Netanyahu reconoció públicamente que Israel controla más del 60% de Gaza y ordenó avanzar hacia el 70% del territorio.
Ese dato es central. La guerra no terminó: se transformó en ocupación territorial progresiva. El plan israelí no apunta únicamente a neutralizar una amenaza militar, sino a redibujar Gaza, reducir el espacio habitable palestino y consolidar zonas de control permanente. En la práctica, más de dos millones de personas quedan empujadas a franjas cada vez más pequeñas, sin reconstrucción real, sin soberanía y sin garantías de retorno.
Resistencia, autodeterminación y el fracaso político de Israel
En este contexto, las facciones palestinas emitieron una declaración conjunta al cumplirse los 1.000 días de ofensiva israelí. En el comunicado, reafirmaron el derecho del pueblo palestino a resistir la ocupación y rechazaron cualquier tutela extranjera sobre Gaza. También sostuvieron que la administración del enclave debe ser un asunto palestino, no una imposición de Israel, Estados Unidos ni gobiernos occidentales.
El punto político de fondo es que Israel no logró quebrar la voluntad nacional palestina. Destruyó ciudades, mató familias enteras, desplazó a millones, ocupó territorio y pulverizó infraestructura. Pero no consiguió borrar la cuestión palestina ni imponer una rendición política definitiva.
Eso no elimina las obligaciones del derecho internacional humanitario: toda acción armada debe respetar la vida civil. Pero tampoco puede ocultarse que el pueblo palestino vive bajo ocupación, bloqueo, despojo territorial y negación sistemática de su autodeterminación. Presentar la resistencia palestina como un problema aislado, separado de décadas de colonialismo, ocupación militar y apartheid, es una forma de borrar la causa estructural del conflicto.
En junio de 2026, una comisión independiente de Naciones Unidas concluyó que Israel continuó cometiendo genocidio y otros crímenes atroces, particularmente mediante el ataque deliberado contra niñas y niños palestinos. Israel rechazó esas conclusiones y acusó a la comisión de parcialidad, pero el señalamiento ya forma parte del expediente internacional sobre Gaza.