La diputada frenteamplista Diana Noy López reclamó que se insista con un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura sobre la fiscal Claudia Arriaga. El planteo apunta a conocer su cargo actual, sus tareas, su participación en una misión oficial en La Haya y su actuación en procedimientos disciplinarios dentro de la Fiscalía General de la Nación.
Un pedido que no apunta solo a un viaje
El pedido original fue presentado el 9 de diciembre de 2025 y dirigido al Ministerio de Educación y Cultura, como vía institucional para requerir información a la Fiscalía General de la Nación. La solicitud fue realizada al amparo del artículo 118 de la Constitución, que habilita a los legisladores a pedir datos e informes necesarios para el cumplimiento de su función de contralor.
El punto de partida fue la presencia de Claudia Arriaga en la Reunión de Alto Nivel de Fiscales Generales realizada en La Haya, Países Bajos. Fiscalía informó oficialmente que Uruguay estuvo representado por Arriaga, prosecretaria letrada, y por Daniel Trecca, asesor en Cooperación Penal Internacional.
Pero el planteo parlamentario va más allá de la agenda internacional. Noy pidió saber qué cargo ocupa Arriaga, dónde trabaja físicamente, qué tareas cumple y con qué fundamentos fue seleccionada para integrar esa comitiva. También solicitó que se adjunte la invitación al evento y toda la información correspondiente.
La pregunta de fondo es institucional: si una funcionaria cumple tareas sensibles, participa en procedimientos disciplinarios y representa al organismo en el exterior, el Parlamento tiene derecho a conocer cuáles son sus atribuciones, quién las definió y bajo qué criterios se ejercen.
La Haya, Fiscalía y una designación que necesita explicación pública
La reunión de La Haya fue presentada por Fiscalía como una instancia de cooperación judicial internacional vinculada a crimen organizado, investigaciones transnacionales y equipos conjuntos de investigación. Ese tipo de ámbitos son relevantes para Uruguay y no deberían ser discutidos desde una lógica menor o partidaria.
El problema no es que Fiscalía participe en espacios internacionales. El problema es que, cuando esa representación recae en una funcionaria cuyo nombre ya venía asociado a cuestionamientos internos, el organismo debe explicar con claridad por qué fue elegida y qué rol concreto cumplió.
Arriaga ya había representado a Fiscalía en junio de 2025 en una reunión preparatoria de Ministerios Públicos del Mercosur, en Buenos Aires, donde el propio organismo la presentó como prosecretaria letrada encargada de la dirección de la Unidad de Control Interno.
Ese dato no es menor. La Unidad de Control Interno tiene una función especialmente delicada: revisar conductas, detectar eventuales irregularidades y activar mecanismos disciplinarios. En cualquier institución pública, ese poder requiere controles, trazabilidad y transparencia. En Fiscalía, todavía más.
Caja Profesional, secreto tributario y sumarios
El tramo más delicado del pedido de informes refiere a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.
Las actas de la Caja muestran que Fiscalía había solicitado información sobre funcionarios vinculados al organismo. En una sesión del 29 de mayo de 2025, el directorio dejó constancia de que, a partir de información enviada por la Caja, se detectó que una fiscal figuraba con declaración de ejercicio profesional. Ante eso, la fiscal de Corte Mónica Ferrero dispuso una información de urgencia y designó como instructora a Claudia Arriaga.
Arriaga solicitó luego documentación sobre la declaración jurada de la fiscal Gabriela Aguirre Grompone. La asesoría jurídica de la Caja advirtió reparos por secreto tributario y protección de datos personales. En una sesión posterior, el 5 de junio de 2025, el directorio resolvió por unanimidad no acceder a la solicitud de Arriaga, apoyándose en un informe jurídico que consideró que la información estaba alcanzada por el artículo 47 del Código Tributario y que no surgía consentimiento de la titular.
Ese es el núcleo político e institucional del caso. No se trata solamente de saber si una funcionaria viajó o no viajó. Se trata de saber si Fiscalía pidió información protegida, quién lo hizo, con qué fundamento legal, qué uso se le dio y si eso derivó en sumarios o investigaciones administrativas.
Por eso Noy pregunta si algún funcionario de Fiscalía pidió información a la Caja Profesional durante 2025, qué información se solicitó, si era una práctica habitual o excepcional, si estaba amparada por el Código Tributario y si Arriaga actuó como instructora en investigaciones o sumarios.