El senador Iván Cepeda no llamó a desconocer de forma general un futuro gobierno de Abelardo de la Espriella. Su advertencia fue condicionada: planteó una desobediencia civil pacífica si el presidente electo no aclara los cuestionamientos sobre su nacionalidad estadounidense, sus eventuales vínculos con agencias de Estados Unidos, las denuncias que rodearon su campaña y las garantías de soberanía institucional de Colombia.
Una advertencia política en medio de una transición cargada
Colombia entra en una transición presidencial bajo una tensión creciente. Iván Cepeda, excandidato del Pacto Histórico y principal figura de la oposición, endureció su posición frente a Abelardo de la Espriella, presidente electo tras una segunda vuelta ajustada.
El eje planteado por Cepeda es otro: si antes de la posesión no se aclaran los cuestionamientos sobre la nacionalidad estadounidense de De la Espriella, su relación con agencias de seguridad de Estados Unidos, las denuncias sobre su campaña y sus compromisos frente a la soberanía colombiana, entonces —según dijo— impulsará una desobediencia civil pacífica.
Cepeda también exigió que De la Espriella desista de cualquier intento de persecución judicial contra Gustavo Petro y contra dirigentes de la oposición. En su lectura, el problema no es solo electoral: es de soberanía, subordinación externa y garantías democráticas.
Nacionalidad, soberanía y campaña judicializada
El punto más sensible es la ciudadanía estadounidense de De la Espriella. La Constitución colombiana exige que el presidente sea colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. Ese texto, por sí solo, no establece una prohibición automática por tener otra nacionalidad. Esa fue también la interpretación difundida por verificadores y especialistas constitucionales durante la campaña.
Pero Cepeda no centra su argumento únicamente en la doble nacionalidad. Su cuestionamiento apunta al juramento de naturalización en Estados Unidos y a la posible incompatibilidad política entre ese compromiso y la jefatura del Estado colombiano. Esa discusión no está cerrada en términos políticos, aunque hasta ahora no aparece una decisión judicial firme que impida la posesión por ese motivo.
También hay antecedentes electorales. El Consejo Nacional Electoral recibió una solicitud de revocatoria de la inscripción de De la Espriella por supuestas irregularidades en firmas y documentos de inscripción. La resolución del CNE negó la revocatoria por falta de pruebas suficientes, aunque remitió actuaciones a la Fiscalía para lo que correspondiera. Ese dato es clave: hubo denuncias formales, pero no una decisión administrativa que anulara la candidatura.
El trasfondo regional: una derecha alineada con Washington
La disputa colombiana supera la frontera nacional. De la Espriella llega como parte de una nueva ofensiva de derechas duras en América Latina, con referencias explícitas a Donald Trump, Nayib Bukele, Javier Milei y Álvaro Uribe. Su agenda combina seguridad militarizada, recorte del Estado, persecución a estructuras que define como “narcoterroristas” y alineamiento fuerte con Estados Unidos.
Ese alineamiento encendió alarmas en sectores progresistas colombianos y también en legisladores demócratas estadounidenses. Una carta enviada desde el Congreso de Estados Unidos pidió examinar posibles vínculos de De la Espriella con estructuras paramilitares, con Alex Saab y con operaciones financieras e inmobiliarias en Florida. La carta no equivale a una condena judicial, pero instala un problema político de primer orden: qué intereses condicionarán la política exterior, judicial y de seguridad de Colombia desde el 7 de agosto.