La fiscal Sandra Fleitas pidió cuatro años de prisión para el exsenador del Frente Amplio por el caso de la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial. Para Carrera y su defensa, la causa forma parte de una represalia política vinculada a sus denuncias por la entrega del puerto a Katoen Natie y al espionaje que sufrió durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Una acusación que lleva el caso a juicio oral

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno presentó la acusación contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera y pidió una condena de cuatro años de prisión por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada.

El pedido incluye además tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 Unidades Reajustables, cercana a los dos millones de pesos. Con esta presentación, el expediente avanza hacia la etapa de juicio oral, aunque antes deberá realizarse una audiencia de control de acusación, instancia en la que se definirá qué pruebas serán admitidas para el debate.

Carrera fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior durante la gestión de Eduardo Bonomi. La causa refiere a la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial, pese a que Hernández era civil y, según la acusación fiscal, no tenía derecho a recibir atención en ese centro.

El origen del caso y el gasto cuestionado

Víctor Hernández recibió el impacto de una bala perdida en La Paloma, Rocha, en 2012, y quedó con parálisis en miembros inferiores. La investigación inicial apuntó a que el disparo pudo haber salido de una vivienda asignada a un policía, donde se realizaba una reunión con otros funcionarios. Esa hipótesis nunca fue probada judicialmente.

Hernández fue atendido primero en centros de salud públicos y luego ingresó al Hospital Policial. Según la imputación fiscal, Carrera habría intervenido para permitir que permaneciera internado durante tres años sin abonar el servicio, pese a no ser policía ni familiar de un funcionario policial.

La acusación sostiene que el perjuicio económico para el Estado superó los $ 6 millones. Ese cálculo incluye más de $ 5,2 millones por internación y estudios médicos, además de $ 940.000 en tickets de alimentación entregados durante tres años. Fiscalía también propuso como testigo al exministro del Interior Luis Alberto Heber.

Un nuevo eslabón en una denuncia de lawfare

El caso no puede leerse aislado del contexto político que Carrera viene denunciando desde hace años. El exsenador sostiene que la causa fue armada como represalia por sus denuncias sobre el acuerdo portuario con Katoen Natie, uno de los episodios más cuestionados del gobierno de Luis Lacalle Pou por la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo.

Desde esa lectura, el pedido fiscal aparece como un nuevo eslabón de uno de los casos más notorios de judicialización de la política en Uruguay: un dirigente opositor que denunció una entrega estratégica del puerto, que luego fue objeto de espionaje ilegal y que ahora enfrenta un pedido de prisión por una decisión administrativa tomada años antes, en un caso marcado por una víctima gravemente herida y una responsabilidad estatal nunca aclarada de fondo.

Carrera ha insistido en que demostrará su inocencia en juicio. También ha sostenido que la causa está atravesada por motivaciones políticas y que el proceso forma parte de una operación más amplia de desgaste, persecución y disciplinamiento contra quienes enfrentaron al poder político y económico durante el período anterior.

Espionaje, puerto y garantías democráticas

El antecedente del espionaje es central. Carrera y el entonces senador Mario Bergara denunciaron maniobras de espionaje político vinculadas al entorno del caso Astesiano. En 2024, la Justicia condenó al exgerente de Vertical Skies, Marcelo Acuña, por cohecho calificado en calidad de coautor, en una causa relacionada con el espionaje a ambos legisladores. Tras esa condena, Carrera y Bergara señalaron que todavía faltaba saber quién pagó y quién ordenó esa operación.

En diciembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la denuncia presentada por Carrera por espionaje ilegal y persecución política. Esa admisión no implica una sentencia sobre el fondo del asunto, pero sí confirma que el planteo será analizado en el sistema interamericano de derechos humanos.

El juicio oral deberá determinar si existió delito o si la actuación de Carrera estuvo dentro de decisiones administrativas adoptadas en una situación excepcional. Lo que ya existe, sin embargo, es un cuadro político grave: una denuncia por la entrega del puerto, un dirigente opositor espiado, una causa penal impulsada años después y un pedido de prisión que llega en medio de una disputa pública sobre el uso del sistema judicial para golpear adversarios políticos.

La presunción de inocencia, el derecho de defensa y la independencia judicial deben ser respetados. Pero también corresponde señalar que el lawfare no funciona solamente mediante condenas: muchas veces opera a través del desgaste, la sospecha permanente, el daño público anticipado y la utilización del proceso penal como castigo político antes de cualquier sentencia.