El sumario contra el excanciller Francisco Bustillo vuelve sobre uno de los puntos más sensibles del caso Marset: la destrucción de un documento con chats oficiales, la actuación de Cancillería, la intervención de Torre Ejecutiva y el papel político que tuvo Luis Lacalle Pou en aquella coordinación.Jorge Díaz fue directo: si se habla del sumario a Bustillo, también corresponde preguntarle a Lacalle Pou, porque fue “partícipe directo de los hechos”.
Un sumario que expone una herida no cerrada
Cancillería resolvió iniciar un sumario contra Francisco Bustillo, con separación del cargo y retención del 50% del salario. La medida fue adoptada luego de que el excanciller se negara a declarar en la investigación interna vinculada al pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset.
Bustillo ya no era ministro, pero seguía vinculado al Estado como diplomático de carrera. Además, se encontraba en pase en comisión como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola. Por eso la decisión administrativa no quedó en el plano simbólico: tuvo efectos concretos sobre su función pública y su remuneración.
Dato clave
Bustillo fue citado a declarar en la investigación interna y no compareció. La negativa a colaborar con el procedimiento fue el disparador inmediato del sumario.
El caso no empieza ni termina en esa negativa. El fondo es más pesado: la actuación de Cancillería durante el trámite del pasaporte de Marset y, sobre todo, el destino de un documento que contenía comunicaciones entre Carolina Ache y Guillermo Maciel, donde se advertía sobre la peligrosidad del narcotraficante uruguayo.
El documento destruido y la contradicción con la versión oficial
La investigación administrativa de Cancillería concluyó que el documento destruido formaba parte de un expediente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ese punto es central porque contradice la versión que había dado Luis Lacalle Pou en 2023. El entonces presidente sostuvo que no se trataba de una pieza de expediente, sino de una hoja protocolizada por escribano.
No es una diferencia menor. Si el documento integraba un expediente, su retiro y posterior destrucción dejan de ser un episodio confuso para convertirse en un problema institucional de primera línea.
La contradicción principal
Lacalle Pou dijo que el documento no era parte de un expediente. La investigación administrativa de Cancillería sostuvo lo contrario: el documento existía, integraba un expediente y fue retirado de la órbita del ministerio.
Según la reconstrucción administrativa, el exdirector de Jurídica de Cancillería, Carlos Mata, habría retirado el sobre con los chats bajo orden de Bustillo. Luego ese material llegó a Torre Ejecutiva, donde terminó destruido por Roberto Lafluf, entonces asesor presidencial.
La causa penal por la entrega del pasaporte fue archivada, pero el archivo no borra la responsabilidad política. El propio fiscal del caso señaló que Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo faltaron a la verdad y ocultaron información al Senado. Eso no alcanzó para una imputación penal, pero sí dejó una marca política difícil de borrar.
Lacalle Pou, Torre Ejecutiva y la responsabilidad política
Después de conocerse el sumario, Bustillo salió a defenderse. Cuestionó el procedimiento, sostuvo que no correspondía sancionarlo por hechos ocurridos cuando era ministro político y apuntó contra Carolina Ache y Jorge Díaz. También afirmó que sigue sintiéndose respaldado por Lacalle Pou.
La respuesta de Jorge Díaz fue directa: si se habla del sumario a Bustillo, también corresponde preguntarle a Lacalle Pou, porque fue “partícipe directo de los hechos”.
Ese señalamiento tiene un dato concreto detrás. Lacalle Pou reconoció que pidió a Roberto Lafluf convocar una reunión con Carolina Ache y Guillermo Maciel en Torre Ejecutiva para establecer una “línea única de trabajo y de acción”. También dijo que pasó por esa reunión “a saludar” y que permaneció menos de dos minutos.
El punto político
El problema no es solo qué hizo Bustillo. También es qué se coordinó desde Presidencia, qué información se intentó ordenar y por qué un documento relevante del caso Marset terminó destruido.
El caso Marset no fue solamente la entrega de un pasaporte a un narcotraficante preso en Dubái. También fue la forma en que el gobierno administró la información, respondió ante el Parlamento y trató un documento que comprometía a jerarcas de Cancillería e Interior.
No hay una condena penal contra Lacalle Pou ni contra Bustillo por este episodio. Pero hay hechos administrativos, declaraciones públicas y contradicciones documentales que mantienen abierta la discusión política.