El presidente Rodrigo Paz decretó un estado de excepción nacional por 90 días y habilitó el despliegue de militares junto a la Policía para despejar rutas bloqueadas tras más de 50 días de protesta social. El gobierno habla de restablecer el orden y garantizar el abastecimiento; las organizaciones movilizadas denuncian persecución, militarización y una deriva autoritaria contra sectores populares, campesinos e indígenas.
El decreto que militariza la crisis social
Bolivia entró en una fase de máxima tensión política. El gobierno de Rodrigo Paz declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional, con el argumento de garantizar la libre circulación, el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, y el funcionamiento de servicios esenciales.
La medida llegó después de más de 50 días de protestas y bloqueos de rutas contra el gobierno. El conflicto dejó muertos, heridos, detenidos, ciudades con dificultades de abastecimiento y una economía golpeada por la falta de combustible, alimentos e insumos médicos.
Pero el punto central no es solo el bloqueo de caminos. El salto político está en la respuesta elegida por el Ejecutivo: pasar de la negociación social al uso de una herramienta extraordinaria que habilita la intervención militar en un conflicto interno.
El Decreto Supremo 5636 declara el estado de excepción por “conmoción interna” durante 90 días. La norma prohíbe promover o ejecutar actos de violencia, obstaculizar el transporte de alimentos, combustibles o medicamentos, afectar infraestructura crítica, portar explosivos o elementos incendiarios, y desconocer perímetros de seguridad fijados por las autoridades.
En el papel, el gobierno sostiene que no se suspenden garantías constitucionales ni el debido proceso. En los hechos, el mensaje político es otro: el conflicto social pasa a ser tratado como un problema de seguridad nacional. Esa frontera es delicada. Cuando el Estado deja de leer una protesta como expresión de malestar social y empieza a presentarla como amenaza interna, el camino hacia la represión queda abierto.
Ajuste, desabastecimiento y protesta popular
La crisis no apareció de la nada. Las protestas estallaron en un país golpeado por el ajuste, la falta de dólares, la suba del costo de vida y el conflicto por los combustibles. El gobierno de Paz eliminó subsidios históricos a los carburantes como parte de una política económica presentada como inevitable para ordenar las cuentas públicas.
Ese tipo de medidas siempre tiene una traducción concreta en la vida cotidiana: transporte más caro, alimentos más caros, producción más cara, salarios que pierden poder de compra y sectores populares obligados a pagar el costo de una crisis que no generaron.
La movilización tuvo como protagonistas a sindicatos, campesinos, organizaciones indígenas, cocaleros del Chapare y sectores vinculados al expresidente Evo Morales. La Central Obrera Boliviana firmó un acuerdo con el gobierno para desactivar parte de las medidas, pero otros sectores rechazaron el pacto, denunciaron traición y mantuvieron los bloqueos.
Ahí el gobierno eligió una estrategia conocida en América Latina: dividir la protesta, negociar con una parte, aislar a otra y luego justificar el uso de la fuerza contra los sectores que no aceptan el acuerdo. El conflicto se trasladó especialmente al Trópico de Cochabamba, bastión político y social del evismo, donde los cocaleros anunciaron que no acatarán el estado de excepción.
Rodrigo Paz acusa a Evo Morales y a su base social de impulsar una operación de desestabilización. Morales niega ser el organizador de la protesta y la presenta como una rebelión indígena y popular contra el ajuste económico. Entre esas dos narrativas, el gobierno avanza con militares en las rutas.
La vieja receta: orden, Ejército y respaldo de Washington
El estado de excepción fue acompañado por el respaldo político de Estados Unidos. Ese dato no es menor. En una región donde cada crisis social suele ser leída desde Washington en clave de “estabilidad”, “orden” o “lucha contra el caos”, el apoyo externo a un gobierno que militariza rutas y enfrenta a movimientos campesinos e indígenas tiene una carga política evidente.
Bolivia tiene una historia larga de golpes, intervenciones militares, racismo estatal y ofensivas contra el movimiento popular. Por eso, el despliegue de soldados en una crisis interna no puede tratarse como un trámite administrativo. La memoria latinoamericana obliga a mirar estos pasos con alarma.
La derecha regional suele usar una fórmula repetida: primero instala que la protesta es caos; después dice que el caos impide vivir; luego pide mano dura; finalmente presenta la militarización como defensa de la democracia. Así, una herramienta excepcional se vuelve método de gobierno.
Paz sostiene que el estado de excepción busca devolver la libertad de circulación a la población. Pero el problema democrático es más amplio: ningún gobierno puede construir estabilidad duradera si responde al hambre, al ajuste y al reclamo social con tanquetas, policías militares y decretos de emergencia.