La ANEP reclamó formalmente a la dirección de El País después de que un periodista del diario se hiciera pasar por docente, ingresara a una Asamblea Técnico Docente del liceo Dámaso Larrañaga, participara de la instancia, votara resoluciones y se retirara con documentación interna. El episodio no es menor: muestra una forma de operar sobre la educación pública, donde el periodismo deja de observar y pasa a intervenir en el hecho que después pretende narrar.
No fue solo mirar: fue intervenir en una asamblea docente
El caso generó una respuesta formal de la Administración Nacional de Educación Pública. El consejero Pablo Caggiani envió una carta al director de redacción de El País, Martín Aguirre Regules, por la publicación del 14 de junio, en la que el periodista Sebastián Cabrera relató cómo se infiltró en una Asamblea Técnico Docente del liceo Dámaso Antonio Larrañaga.
La palabra “infiltró” no fue puesta por terceros. El propio enfoque de la publicación asumió ese procedimiento como parte de la crónica. Según lo informado, el periodista ingresó sin identificarse como trabajador de prensa, se hizo pasar por docente, participó de comisiones, votó en el plenario y se retiró con una constancia oficial sellada por Secundaria.
Una cosa es observar una instancia pública o consultar fuentes docentes. Otra muy distinta es ingresar bajo una identidad funcional que no corresponde, participar como si se tuviera derecho a voz y voto, y alterar el desarrollo de una asamblea que produce resoluciones destinadas a la ATD nacional.
No se trata solamente de si hubo o no delito. La discusión penal puede tener matices. No surge de la información disponible que haya falsificación documental ni suplantación de una persona real. Pero el problema democrático y ético es más claro: un periodista no puede intervenir en una deliberación institucional para luego convertir esa intervención en nota periodística.
El periodismo no queda por encima de las reglas básicas de convivencia institucional. Menos aún cuando el objetivo parece ser presentar a los docentes como desordenados, corporativos o resistentes a los cambios, una matriz narrativa que ciertos medios repiten cada vez que la educación pública discute desde abajo.
Las ATD no son una reunión cualquiera
La gravedad del episodio aumenta porque no se trataba de una charla informal. Las Asambleas Técnico Docentes son órganos deliberantes, consultivos y con derecho de iniciativa en asuntos pedagógicos y educativos. Funcionan en los centros educativos y también por subsistema. Participan docentes de la ANEP y sus opiniones pueden incidir en políticas educativas, planes y programas de estudio.
La Ley General de Educación establece que las ATD deben ser consultadas antes de la aprobación o modificación de planes o programas del nivel correspondiente. Por eso, una asamblea docente no es un blanco legítimo para una maniobra de simulación periodística. Es parte de la arquitectura institucional de la educación pública uruguaya.
ANEP señaló en su carta que mantiene un vínculo cotidiano con medios y periodistas de todo el país. Esa frase importa. Si un medio quiere conocer cómo funciona una ATD, puede pedir entrevistas, solicitar información, consultar autoridades, hablar con docentes, asistir cuando corresponda y explicar con transparencia qué busca. Lo que no corresponde es entrar sin decir quién se es, participar como si se fuera docente y después transformar esa acción en espectáculo.
El episodio también obliga a mirar hacia dentro del sistema: hubo fallas de control, porque una persona ajena pudo ingresar, votar y obtener una constancia. Pero ese problema administrativo no limpia el método elegido por el medio. Que una puerta esté mal cuidada no convierte en correcto entrar con una identidad que no corresponde.
El viejo libreto contra la educación pública
Este episodio funciona como muestra de un mecanismo más amplio. Algunos medios de derecha en Uruguay no solo informan sobre la educación pública: construyen un marco permanente de sospecha sobre docentes, sindicatos, ATD y cualquier forma de deliberación colectiva.
El libreto es conocido. Si los docentes discuten, son corporativos. Si reclaman presupuesto, son irresponsables. Si cuestionan una reforma, son conservadores. Si defienden la presencialidad, se los caricaturiza. Si hablan de condiciones de trabajo, se los acusa de no pensar en los estudiantes. En ese relato, la educación pública aparece siempre como problema, nunca como derecho social ni como espacio de construcción democrática.
La infiltración en una ATD encaja en esa matriz. No busca comprender el sistema desde sus tensiones reales, sino capturar escenas útiles para reforzar una tesis previa: que los docentes son parte del obstáculo. El procedimiento no es neutral. Selecciona un espacio, entra de forma irregular, participa sin legitimidad y después presenta lo ocurrido como revelación periodística.
Ese tipo de práctica erosiona la confianza pública. No solo daña a los docentes involucrados. También golpea la relación entre prensa, instituciones y ciudadanía. Un medio puede ser crítico, debe fiscalizar y tiene derecho a investigar. Pero investigar no equivale a simular ser parte de un órgano deliberante y votar resoluciones que no le corresponden.
La derecha mediática suele exigir transparencia a sindicatos, estudiantes, docentes y organismos públicos. Está bien exigirla. Pero la transparencia también debe correr para los medios. Especialmente para los que se presentan como guardianes de la institucionalidad mientras usan métodos que, como mínimo, la distorsionan.