OSE ajusta los últimos detalles del pliego para lanzar la licitación internacional de la represa de Casupá, una obra de US$ 130 millones que promete aumentar de forma decisiva la reserva de agua dulce para Montevideo y el área metropolitana. El proyecto llega después de la crisis hídrica de 2023, con datos técnicos fuertes, impactos territoriales concretos y una discusión de fondo: el agua como derecho, planificación pública y seguridad estratégica.
El llamado quedó cerca, pero todavía depende del pliego y del trámite ambiental
El presidente de OSE, Pablo Ferreri, confirmó que el organismo está en la etapa final previa al llamado internacional para construir la represa de Casupá. “Estamos muy muy cerca de hacer público el llamado. Estamos llegando a ese punto”, dijo el jerarca, al explicar que el directorio trabaja sobre la aprobación del pliego licitatorio.
La licitación había sido anunciada inicialmente para mayo, pero el proceso se corrió algunas semanas. Según Ferreri, la demora responde al cierre técnico y administrativo del pliego, una pieza clave porque define condiciones de competencia, exigencias constructivas, garantías, plazos, evaluación de ofertas y responsabilidades de las empresas.
El otro elemento pendiente es la Autorización Ambiental Previa, a cargo del Ministerio de Ambiente. Sin ese trámite cerrado, la obra no puede comenzar. El ministro Edgardo Ortuño espera que el proceso ambiental culmine en el último trimestre del año. La CAF financió una consultoría específica para actualizar el Estudio de Impacto Ambiental y continuar el trámite de autorización, con un plazo de ejecución de doce meses.
En diciembre de 2025 ya se había dado un paso importante: ocho consorcios se presentaron a la etapa de precalificación. Esa instancia no adjudica la obra, pero filtra qué empresas tienen espalda técnica, documental y económica para competir en la licitación pública internacional. Entre los grupos interesados aparecen firmas uruguayas y extranjeras, incluidas empresas de China, Argentina, Colombia, Italia y consorcios con participación nacional.
La previsión oficial es adjudicar hacia fines de 2026, iniciar los trabajos en los primeros meses de 2027 y terminar la construcción en el tercer trimestre de 2029. En el pico de actividad, OSE estima que la obra generará más de 700 puestos de trabajo directos e indirectos.
Los números de la represa: 118 millones de metros cúbicos y una reserva que cambia de escala
Casupá no es una obra menor dentro del sistema de agua potable. La represa se construirá sobre el arroyo Casupá, afluente del río Santa Lucía, a unos diez kilómetros de la localidad de Casupá, en el departamento de Florida, en una zona vinculada también a Lavalleja por la cuenca y el área de influencia.
El dato central es la capacidad de almacenamiento: 118 millones de metros cúbicos de agua bruta. Esa reserva se sumaría a los aproximadamente 80 millones de metros cúbicos que hoy aportan Paso Severino y Canelón Grande. En términos simples, el sistema pasaría a contar con cerca de 200 millones de metros cúbicos de reserva de agua dulce.
El proyecto ejecutivo presentado por OSE indica una cuenca interceptada de 685 kilómetros cuadrados, un área de embalse de 2.127 hectáreas, un área de expropiación de 3.467 hectáreas, una presa de hormigón compactado a rodillo, 750 metros de longitud de coronamiento y una altura máxima de 27 metros. La CAF, en su ficha de financiamiento, describe la altura como aproximadamente 30 metros, diferencia explicable por criterios de redondeo técnico.
El objetivo hidráulico es claro: aumentar la capacidad de regulación de la cuenca alta del Santa Lucía. La propia presentación técnica de OSE señala que la cuenca no es deficitaria en términos absolutos, pero sí tiene poca capacidad de regulación. Es decir: puede haber agua en términos anuales, pero no necesariamente cuando el sistema más la necesita. En períodos de estiaje, esa falta de reserva se transforma en riesgo directo para la población.
Hoy el Sistema Metropolitano abastece a Montevideo, Canelones, Ciudad de la Costa, La Paz, Las Piedras, Progreso y villas aledañas. Según datos de OSE, atiende a 1.738.924 habitantes y depende centralmente de la planta de Aguas Corrientes. Esa planta produce en promedio 600.000 metros cúbicos diarios, puede llegar a 700.000 y enfrenta una demanda máxima proyectada de 850.000 metros cúbicos diarios hacia 2045.
La crisis hídrica de 2023 dejó expuesta esa fragilidad. En junio de aquel año, Paso Severino llegó a tener apenas 3,79 millones de metros cúbicos sobre una capacidad de 67 millones. La emergencia obligó a recurrir a mezclas con agua de mayor salinidad y alteró la calidad del agua que recibían los hogares del área metropolitana. Casupá aparece como respuesta estructural a esa experiencia: más reserva, más margen de maniobra y menor dependencia de esperar lluvias en el momento crítico.
Tierra, familias, ambiente y el sistema que deberá completarse
El proyecto también tiene una huella territorial fuerte. Ferreri informó que las expropiaciones abarcan 102 padrones y 43 propietarios. OSE ya avanzó sobre uno de los padrones más urgentes, necesario para instalar el obrador de la represa. Para el resto, el organismo transmite que los propietarios podrán permanecer en sus predios, sin cargo, hasta algún momento de 2028, porque esos campos serán inundados más adelante.
La obra tiene valor estratégico para el país, pero también afecta tierras productivas, viviendas, relaciones familiares con el territorio y ecosistemas. El Estado debe garantizar información clara, compensaciones justas, acompañamiento social, protección ambiental y control público. Una obra necesaria no habilita a pasar por arriba de quienes viven en la zona. El derecho al agua y el derecho de las comunidades afectadas no deben presentarse como enemigos.
En paralelo, Casupá no funcionará sola. Forma parte de un paquete mayor de obras para el área metropolitana y la Costa de Oro. El gobierno sustituyó el esquema original de Arazatí por una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, con capacidad de 200.000 metros cúbicos diarios, conectada a la infraestructura ya existente sobre el río Santa Lucía. También se prevé una solución para el Este de la Costa de Oro, con una represa en el arroyo Solís Chico de 6 millones de metros cúbicos y una planta de pequeño porte de 24.000 metros cúbicos diarios.
OSE sostiene que no hay que plantear una falsa oposición entre represa y planta potabilizadora. El sistema necesita reserva de agua bruta, capacidad de tratamiento, bombeo, distribución y reducción de pérdidas. Casupá aporta una pieza decisiva: más agua dulce almacenada en la cuenca alta. Pero la seguridad hídrica real dependerá también de las plantas, las tuberías, las líneas de bombeo, el mantenimiento y la gestión pública del recurso.
Después de la crisis de 2023, Uruguay no puede tratar el agua potable como una obra más ni como un negocio de oportunidad. El agua es un derecho humano, un servicio público esencial y una condición básica de vida. Casupá será una obra de cemento, ingeniería y millones de dólares, pero su sentido profundo está en otra parte: que una sequía severa no vuelva a dejar a cientos de miles de personas dependiendo de la incertidumbre, la salinidad y la improvisación.