La defensa de Charles Carrera contestó la acusación de la fiscal Sandra Fleitas y planteó que parte de los delitos estarían prescriptos. El caso, iniciado por una denuncia del Ministerio del Interior durante la gestión de Luis Alberto Heber, entra en una etapa clave: la discusión ya no pasa solo por el expediente, sino también por las garantías, el cambio de delitos y el uso del poder penal en un conflicto de alto voltaje político.
La defensa contestó y busca llevar el caso a juicio con una prueba extensa
La defensa del exsenador frenteamplista Charles Carrera contestó la acusación presentada por la fiscal Sandra Fleitas y propuso una lista de 70 testigos para el eventual juicio oral. Además, advirtió que parte de los delitos por los que se lo acusa podrían estar prescriptos, un punto que puede ser decisivo en la etapa previa al juicio.
La Fiscalía había presentado la acusación en mayo y pidió cuatro años de prisión, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa cercana a los dos millones de pesos. Con esa acusación quedó formalmente abierta la etapa de juicio oral, aunque antes debe realizarse la audiencia de control de acusación, instancia en la que se define qué pruebas podrán ingresar al juicio.
Carrera está acusado por presuntas irregularidades durante su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, entre 2010 y 2017. El expediente se centra en la atención médica brindada en el Hospital Policial a Víctor Hernández, un civil herido de bala en La Paloma, Rocha, y en la entrega de tickets de alimentación por unos 20.000 pesos.
La acusación fiscal sostiene que Carrera habría tenido responsabilidad penal por autorizar el ingreso de Hernández al Hospital Policial y por habilitar el uso de recursos públicos en beneficio de una persona que no estaba comprendida dentro del régimen previsto para ese centro de salud.
El cambio de delitos y el punto más débil de la acusación
Uno de los nudos centrales del caso es el cambio de calificación penal. Durante buena parte de la investigación, la defensa trabajó sobre el presunto delito de abuso de funciones. Sin embargo, cuando Sandra Fleitas asumió la causa, pidió la imputación por fraude, utilización indebida de información privilegiada y falsificación ideológica.
Ese giro fue cuestionado por Carrera y sus abogados, que sostienen que se trató de un cambio sorpresivo y que afectó el derecho de defensa. La recusación presentada contra Fleitas apuntó justamente a ese punto: la defensa afirma que se preparó durante años para responder por una figura penal y terminó enfrentando otra acusación, más grave, en un plazo reducido.
El Tribunal de Apelaciones confirmó luego la imputación por fraude y utilización indebida de información privilegiada, pero revocó el delito de falsificación ideológica por funcionario público. Ese dato no cierra el caso, pero sí reduce el alcance original de la imputación que había pedido la Fiscalía.
La defensa también denunció que Fiscalía investigó más allá del objeto de la causa. Entre las diligencias cuestionadas aparecen pedidos vinculados al perfil de Facebook de Carrera, declaraciones juradas ante la Jutep, documentos con su firma y una eventual pericia caligráfica. Para sus abogados, esas actuaciones exceden el hecho concreto investigado y muestran una búsqueda más amplia sobre la persona que sobre el caso.
Un expediente penal atravesado por política, Fiscalía y derechos
El caso nació a partir de una denuncia presentada en 2022 por autoridades del Ministerio del Interior encabezadas entonces por Luis Alberto Heber. Ese origen político no invalida por sí mismo la investigación, pero sí obliga a mirar el expediente con especial cuidado: se trata de un exjerarca y exsenador del Frente Amplio investigado por hechos ocurridos durante los gobiernos progresistas, en una causa impulsada desde un ministerio conducido por el gobierno de la coalición.
Carrera sostiene que fue víctima de una causa armada y vinculó el expediente con su denuncia por el acuerdo portuario con Katoen Natie. También llevó su planteo al sistema interamericano: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio trámite a su denuncia por espionaje ilegal y persecución política. Esa decisión no implica una sentencia a su favor, pero obliga al Estado uruguayo a responder ante un organismo internacional.
La Justicia ya rechazó pedidos fuertes de Fiscalía, como la prisión domiciliaria total, la prohibición de usar redes sociales y la restricción para hacer declaraciones públicas. En esa instancia, la jueza entendió que las medidas solicitadas eran desproporcionadas y que afectaban derechos como la libertad de expresión.
El expediente entra ahora en una zona decisiva. La defensa no solo busca discutir los hechos, sino también la prescripción, la validez de la acusación, la amplitud de la investigación y la imparcialidad del proceso. En términos políticos, el caso Carrera se transformó en una prueba para la calidad institucional: el Estado tiene derecho a investigar, pero también tiene la obligación de hacerlo sin atajos, sin sesgos y con garantías plenas para cualquier acusado.