El excanciller Francisco Bustillo fue citado por Cancillería en el marco de la investigación interna vinculada al caso Marset. No compareció. Fue convocado nuevamente. Tampoco declaró. Ahora, desde el Partido Nacional, el diputado Juan José Olaizola sostiene que el sumario dispuesto contra él forma parte de una “persecución política”.
Un sumario que no salió de la nada
El canciller Mario Lubetkin resolvió iniciar un sumario administrativo contra Francisco Bustillo, con separación de funciones y retención del 50% del salario. La medida se adoptó después de que el excanciller, funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, se negara a comparecer ante los instructores de la investigación interna.
Bustillo no fue sancionado por una opinión, por una militancia ni por una diferencia partidaria. Fue llamado a declarar en una investigación administrativa vinculada al caso Marset y, según la información publicada, se negó en dos oportunidades.
En la segunda instancia, incluso habría comunicado que no iría a declarar y que no lo llamaran más por teléfono. Ese es el punto que el Partido Nacional intenta correr del centro de la discusión: antes de hablar de persecución, hubo citaciones formales que el excanciller decidió no atender.
El caso Marset y los documentos destruidos
La investigación interna de Cancillería apunta a reconstruir qué ocurrió con documentación vinculada al trámite del pasaporte uruguayo entregado a Sebastián Marset en Dubái. Ese caso no fue un episodio administrativo menor: involucró al gobierno anterior, derivó en investigaciones parlamentarias, fiscales y administrativas, y terminó con jerarcas políticos dando explicaciones durante meses.
Según la información divulgada, la investigación interna se inició luego de que Fiscalía pidiera reunir la mayor cantidad posible de documentación vinculada al trámite. A partir de allí, Cancillería comenzó a revisar faltantes, movimientos de documentos y la destrucción de material oficial relacionado con el caso.
En ese marco fueron citados funcionarios y autoridades de la época. Entre ellos, el exdirector de Jurídica Carlos Mata. Bustillo también fue convocado. La diferencia es que el excanciller se negó a comparecer, pese a seguir siendo funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La víctima de turno
Olaizola no habla desde afuera. Bustillo trabaja como asesor suyo mediante pase en comisión. Ese dato importa, porque la defensa política surge del mismo entorno donde actualmente se desempeña el excanciller.
La receta es conocida: cuando los controles del Estado llegan a dirigentes o exjerarcas del Partido Nacional, aparece el libreto de la persecución. Lo que antes se reclamaba como transparencia, ahora se presenta como ataque político. Lo que antes era “que la Justicia actúe”, ahora se transforma en victimización.
Pero en este caso hay una secuencia concreta: hubo una investigación interna, hubo citaciones, hubo negativas a declarar y luego se dispuso el sumario. La persecución no aparece en los hechos. Lo que aparece es un exministro que no quiso responder ante un procedimiento administrativo y una bancada política que intenta convertir esa negativa en martirio.