El fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez confirmó el archivo de la denuncia presentada por la defensa de Gustavo Penadés contra Alicia Ghione. La decisión cierra una línea de ataque contra la fiscal que inició la investigación, pero no modifica el expediente principal contra el exsenador nacionalista ni borra el peso político de una causa que involucra poder, víctimas jóvenes y una trama paralela ya condenada.
Una denuncia contra quien investigó
La denuncia penal contra Alicia Ghione quedó archivada de forma definitiva. Rodríguez revisó lo actuado por Delitos Económicos y concluyó que no había elementos suficientes para seguir investigando a la fiscal que llevó adelante la primera etapa del caso Penadés.
La resolución sostiene que las actuaciones realizadas no produjeron resultados que permitieran una continuación útil de la indagatoria. En términos concretos, Fiscalía entendió que no había base penal para avanzar contra Ghione.
El planteo había sido impulsado por la defensa de Gustavo Penadés y también estuvo vinculado a cuestionamientos de la defensa de Sebastián Mauvezín. Ambos buscaban revisar decisiones tomadas por Ghione durante una de las causas judiciales más sensibles de los últimos años en Uruguay.
La defensa de Penadés cuestionaba dos aspectos. Uno estaba relacionado con el contenido del celular de Jonathan Mastropierro, una de las víctimas públicas del caso. El otro apuntaba a la entrega de discos duros con información reservada de la causa al policía Federico Rodríguez, condenado en la investigación paralela vinculada al expediente.
Ese último punto había sido señalado por la jueza Gabriela Azpiroz al habilitar el reexamen. La magistrada entendió que algunos aspectos debían ser revisados por otro fiscal. Esa revisión quedó en manos de Enrique Rodríguez, quien finalmente confirmó el archivo.
No todo cuestionamiento es delito
Una defensa puede cuestionar el trabajo de Fiscalía, pedir nulidades, discutir pruebas o señalar decisiones que considera irregulares. Eso forma parte del proceso penal y de las garantías que debe tener cualquier acusado.
Pero para investigar penalmente a una fiscal se necesita algo más que una diferencia de criterio, una sospecha o una estrategia defensiva. En este caso, el Ministerio Público entendió que ese piso no se alcanzó.
La causa Penadés viene atravesada por una fuerte disputa judicial y política. Desde el inicio, la defensa del exsenador nacionalista buscó instalar dudas sobre el origen de las denuncias, la actuación de Fiscalía y la credibilidad de algunos testigos.
El archivo de la denuncia contra Ghione golpea esa línea argumental, al menos en el terreno penal. No resuelve el juicio principal, no adelanta una condena y tampoco cancela el derecho de defensa. Pero sí deja en claro que el intento de convertir en delito la actuación de la fiscal que inició la investigación no prosperó.
Una causa que involucra poder
El caso no es menor. Penadés no era un dirigente cualquiera. Fue senador del Partido Nacional, tuvo peso político durante años y ocupó un lugar relevante dentro de la coalición de gobierno anterior.
Por eso la causa nunca estuvo limitada a un expediente judicial. También abrió una discusión sobre poder, acceso a redes de influencia, vulnerabilidad de las víctimas y capacidad del sistema de justicia para investigar a una figura política de alto perfil.
En ese marco, la denuncia contra Ghione funcionaba como un intento de correr parte del foco hacia quien investigó. Es una estrategia conocida: cuando el expediente avanza sobre una persona con poder, muchas veces la discusión se desplaza hacia fiscales, testigos, procedimientos o filtraciones.
La causa principal sigue abierta
El archivo de la denuncia contra Ghione no cambia el centro del caso. La causa principal contra Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín sigue su curso.
La fiscal Isabel Ithurralde presentó acusación y pidió 16 años de prisión para Penadés y 6 años para Mauvezín. La acusación se apoya en testimonios de víctimas, evidencia extraída de dispositivos electrónicos y otros elementos reunidos durante la investigación.
El expediente se encamina a la etapa de control de acusación, previa al juicio oral. Allí se discutirá qué pruebas ingresan al juicio y cuáles quedan afuera.
Ese será el terreno donde deberá resolverse el fondo del caso: si la Fiscalía logra probar los delitos que atribuye a Penadés y Mauvezín, y si las defensas logran sostener sus cuestionamientos ante el tribunal.
En una causa marcada por denuncias graves, víctimas jóvenes, una trama paralela ya condenada y un acusado con fuerte pasado político, el juicio oral será el momento decisivo. Allí deberá hablar la prueba, no el peso del apellido ni la presión del poder.