El estudio jurídico que asesoró al Ministerio de Defensa durante la compra de las patrullas oceánicas declaró ante la comisión parlamentaria que en agosto de 2024 sugirió dejar sin efecto el contrato por los incumplimientos en las garantías. El caso vuelve a colocar en el centro una pregunta básica: cómo se protegió el dinero público en una operación superior a los 82 millones de euros.

La comisión especial que analiza la compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama sumó un nuevo capítulo con la comparecencia del estudio Delpiazzo, contratado por el Ministerio de Defensa durante la administración anterior para asesorar en aspectos jurídicos del contrato.

Según lo expuesto en el Parlamento y lo señalado por legisladores del oficialismo, el estudio había advertido en agosto de 2024 que el contrato debía dejarse sin efecto por las demoras y problemas en la constitución de las garantías exigidas al astillero.

Ese punto es clave. Las garantías no eran un detalle administrativo ni una formalidad secundaria. Eran la condición para que el contrato entrara en vigencia y para habilitar el primer desembolso, superior a los ocho millones de euros.

El caso Cardama no discute si Uruguay necesita patrullas oceánicas. La Armada las reclama desde hace años para controlar el mar territorial, combatir la pesca ilegal y cuidar los recursos naturales. Lo que se discute es otra cosa: si el Estado compró bien, si controló bien y si alguien permitió que un contrato millonario avanzara sin las seguridades mínimas.

Un contrato grande para una necesidad real

En julio de 2023, el entonces ministro de Defensa Javier García anunció la compra de dos buques de patrulla oceánica al astillero español Cardama por 82,2 millones de euros. La decisión fue presentada como una respuesta a una necesidad largamente planteada por la Armada Nacional.

El contrato fue firmado el 15 de diciembre de 2023 entre el Estado uruguayo y Francisco Cardama S.A. A partir de allí, la empresa tenía un plazo de 45 días para constituir las garantías previstas.

Había dos garantías centrales: una de fiel cumplimiento, equivalente al 5% del monto total del contrato, y otra de reembolso, asociada al anticipo por cada buque. Sin esas garantías, el contrato no debía activarse.

Ese es el núcleo del problema. Una compra pública de esta magnitud no puede descansar en promesas, correos, documentos incompletos o prórrogas sucesivas. El Estado compra con dinero de la sociedad. Por eso, antes de pagar, debe asegurarse de que tiene respaldo real para reclamar si la empresa incumple.

De 45 días a 11 meses

El plazo original de 45 días terminó convertido en un proceso de casi 11 meses. En ese período, Cardama presentó distintas alternativas de garantía. Algunas fueron observadas, otras no prosperaron y otras terminaron generando dudas graves.

Según la reconstrucción conocida hasta ahora, hubo intentos con distintas entidades antes de llegar a Eurocommerce y Redbridge. El Banco Central fue consultado sobre algunas opciones y recomendó no avanzar sin asesoramiento adecuado, además de sugerir la intervención de un corredor de seguros.

El Ministerio de Defensa no contrató un corredor de seguros. En su lugar, trabajó con el estudio Delpiazzo para revisar los documentos.

Ahí aparece una zona que la comisión deberá terminar de aclarar: si el asesoramiento jurídico advertía problemas, si existían informes recomendando frenar el contrato y si esas advertencias fueron atendidas o quedaron en un cajón.

La advertencia de Delpiazzo

La comparecencia del estudio Delpiazzo dejó un dato político fuerte. Según lo informado por legisladores del Frente Amplio, en agosto de 2024 el estudio elaboró un informe dirigido al Ministerio de Defensa en el que sugería dejar sin efecto el contrato por incumplimientos vinculados a las garantías.

Para el oficialismo, ese informe confirma que el contrato nunca debió haber entrado en vigencia ni debió habilitarse el primer pago.

El dato golpea el relato de normalidad. Si el propio asesor jurídico contratado por el Estado recomendó frenar el proceso, la pregunta es inevitable: ¿por qué se siguió adelante?

La respuesta no puede ser solamente partidaria. No alcanza con decir que el gobierno anterior actuó de buena fe, ni con afirmar que el gobierno actual busca hacer política con el tema. La discusión debe ir al expediente, a los correos, a las fechas, a las firmas y a las responsabilidades concretas.

Un expediente incompleto

Otro punto señalado en la comisión es la falta de documentación completa en los archivos del Ministerio de Defensa al inicio de la actual administración.

Según legisladores del oficialismo, buena parte de la reconstrucción del proceso surgió de correos electrónicos y documentos aportados por el propio estudio Delpiazzo, no de un expediente ministerial ordenado y suficiente.

Eso, en una compra pública de esta escala, es grave por sí mismo.

Un contrato de más de 82 millones de euros no puede depender de reconstrucciones posteriores. El Estado debe tener un expediente claro, completo, trazable y accesible para los controles internos, políticos y judiciales.

La comisión resolvió solicitar copias de correos electrónicos de autoridades del Ministerio de Defensa entre enero de 2023 y febrero de 2025. El objetivo es reconstruir quién sabía qué, qué advertencias recibió cada jerarca y qué decisiones se tomaron pese a esas advertencias.

Eurocommerce y la garantía que encendió las alarmas

El punto más delicado del caso apareció con la garantía de fiel cumplimiento vinculada a Eurocommerce.

El gobierno actual sostuvo que, al intentar verificar la existencia de esa garantía en Reino Unido, constató que en la dirección indicada no funcionaba una entidad financiera sino una inmobiliaria. Presidencia también informó que la empresa tenía señales compatibles con una firma de papel y que la garantía no ofrecía el respaldo exigido.

A partir de esos elementos, el Poder Ejecutivo anunció acciones administrativas, civiles y penales, y luego resolvió rescindir el contrato con Cardama.

El gobierno también detectó problemas en la garantía de reembolso vinculada a Redbridge. Según la información conocida, el documento presentado no sería una póliza de anticipo financiero válida, sino un escrito de términos y condiciones que no cumplía con lo exigido por el contrato.

Si estas irregularidades se confirman judicialmente, el problema no sería menor. El Estado habría pagado millones de euros sin contar con las garantías reales que debía tener antes de liberar fondos.

La oposición defiende la gestión anterior

La oposición, especialmente el Partido Nacional, sostiene que el proceso fue transparente y que la rescisión impulsada por el gobierno actual puede exponer al país a un juicio costoso.

Esa posición insiste en que la compra respondía a una necesidad real de la Armada, que el contrato estaba en ejecución y que el problema de las garantías no necesariamente habilitaba a cortar el vínculo de la forma en que lo hizo el Poder Ejecutivo.

También plantea que Cardama venía cumpliendo avances y que Uruguay debe cuidar su posición jurídica frente a eventuales demandas internacionales.

Ese argumento debe ser considerado, porque en contratos de esta magnitud no alcanza con tener razón política: también hay que construir una defensa jurídica sólida. Pero la oposición tiene un problema: las advertencias sobre las garantías existieron, las prórrogas fueron muchas y el expediente no aparece tan prolijo como debería.

La transparencia no se proclama. Se demuestra con documentos completos, controles oportunos y decisiones explicables.

El fondo: defender al Estado

El caso Cardama expone algo más profundo que una pelea entre gobiernos.

El Estado uruguayo necesita comprar mejor. Necesita defender sus recursos, exigir garantías reales, controlar a sus proveedores y evitar que contratos millonarios se muevan por atajos administrativos.

La defensa nacional no puede ser usada como excusa para bajar controles. Al contrario: cuando se compra material estratégico, el estándar debe ser más alto, no más bajo.

Una cosa es que la Armada necesite patrullas oceánicas. Otra cosa muy distinta es aceptar que, por esa necesidad, el Estado termine atado a documentos débiles, entidades dudosas o garantías que no cumplen las condiciones pactadas.

Lo que debe aclarar la comisión

La comisión parlamentaria tiene varias preguntas por delante.

Debe determinar por qué se otorgaron tantas prórrogas, qué autoridades conocían las advertencias del estudio Delpiazzo, por qué el informe de agosto de 2024 no derivó en la suspensión del proceso, cómo se aceptaron finalmente las garantías y qué documentación faltaba en el Ministerio de Defensa.

También deberá separar responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales. No todo error administrativo es delito. Pero tampoco todo puede quedar reducido a una desprolijidad.

Cuando hay más de 82 millones de euros comprometidos, una garantía discutida, documentos observados y pagos ya realizados, el estándar de explicación debe ser alto.

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