El diputado Gustavo Salle, que construyó su discurso contra la “casta” política y la “cleptocorporatocracia”, solicitó el pase en comisión de Rodrigo Larrea Pereira, funcionario del BPS y señalado como su sobrino, para trabajar en su secretaría parlamentaria. La designación es legal, pero deja expuesta una fuerte contradicción política.
Un pase en comisión para el despacho de Salle
Gustavo Salle llegó al Parlamento con un discurso de ruptura. Se presentó como enemigo del sistema político tradicional, denunció a la “casta”, cuestionó privilegios y prometió combatir lo que define como “cleptocorporatocracia”. Ahora, una resolución del Banco de Previsión Social lo coloca en una posición bastante distinta a la que sostuvo en campaña.
Según la información divulgada, Salle solicitó y obtuvo el pase en comisión de Rodrigo Larrea Pereira, funcionario del BPS con cargo de Profesional I Odontólogo, Escalafón A, Grado 013, para cumplir tareas de asistencia directa en su secretaría parlamentaria.
El trámite quedó autorizado por resolución fechada el 29 de mayo de 2026 y establece que el funcionario pasará a desempeñarse junto al diputado hasta el 14 de febrero de 2030, fecha de cierre del actual período parlamentario.
El punto central no es si el mecanismo existe. Existe. El pase en comisión está previsto por la normativa uruguaya y se utiliza desde hace años para que funcionarios públicos presten tareas de apoyo en otros organismos o en despachos parlamentarios. El problema es otro: la distancia entre el discurso público de Salle y la práctica concreta que ahora utiliza.
El Estado paga, el legislador elige
El pase en comisión permite que un funcionario mantenga su vínculo con el organismo de origen, pero trabaje temporalmente en otra dependencia pública. En este caso, el funcionario seguiría cobrando desde el BPS, incluyendo las partidas que componen su remuneración y el premio por cumplimiento de metas.
La tabla pública de remuneraciones del BPS, actualizada a enero de 2026, marca que un grado 13 tiene un sueldo base de $143.447. A eso se suma una prima por alimentación de $20.312 y una prima por cumplimiento de metas de $22.334, lo que lleva el total nominal mensual a $186.093.
Ese dato vuelve más sensible el caso. No se trata de una changa administrativa menor ni de una colaboración honoraria. Se trata de un cargo profesional remunerado con fondos públicos, trasladado a una secretaría parlamentaria por pedido de un legislador.
Legalmente, el pase puede estar amparado. Políticamente, la pregunta es inevitable: ¿qué diferencia hay entre esta práctica y las que Salle denunció durante años como parte del funcionamiento de la vieja política?
El discurso anticasta suele tener un problema: funciona mientras mira hacia afuera. Pero se vuelve mucho más frágil en el momento en que quien lo sostiene empieza a usar las mismas herramientas del sistema que decía venir a combatir.
La crítica al sistema no alcanza si se reproducen sus prácticas
Salle no es un legislador más en este tema. Su identidad política se construyó sobre la denuncia permanente contra los privilegios, los acomodos y el uso del Estado por parte de partidos, corporaciones y dirigentes. Por eso el caso pesa más.
No alcanza con decir que “es legal”. Muchas prácticas cuestionadas en la política uruguaya son legales, pero igual revelan problemas éticos, culturales y republicanos. La discusión no termina en el expediente: empieza ahí.
El uso de familiares o allegados en cargos de confianza, asesorías, secretarías o pases en comisión ha sido una de las formas más persistentes de reproducción del poder político. Cambian los partidos, cambian los discursos, cambian los colores, pero el mecanismo sobrevive.
La ciudadanía que votó a Salle buscando una voz contra el sistema tiene derecho a preguntarse si esto forma parte de una renovación real o si apenas se trata de la misma casta con diferente olor.