Un estudio comparó datos de 2018 y 2023 y encontró una caída en el consumo de bebidas azucaradas, galletitas, alfajores, golosinas y otros productos con exceso entre niños menores de 4 años. El resultado llega después de años en los que el gobierno de Luis Lacalle Pou postergó y flexibilizó la política de etiquetado frontal, una decisión que fue cuestionada por organizaciones de salud por favorecer a la industria alimentaria antes que a la infancia.
Menos bebidas azucaradas, galletitas y golosinas
La evidencia empieza a mostrar con claridad que los octógonos no son un adorno en los envases. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition Education and Behavior, elaborado por Gerónimo Brunet, María Rosa Curutchet y Gastón Ares, comparó datos de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud de 2018 y 2023, antes y después de la implementación efectiva del etiquetado frontal.
El trabajo analizó información de 4.377 niños y niñas mayores de 6 meses, residentes en localidades de más de 5.000 habitantes. La comparación mostró una baja en la proporción de menores que habían consumido el día anterior productos asociados a exceso de azúcar, sodio o grasas.
Entre los niños de 6 a 23 meses bajó el consumo de refrescos, jugos artificiales y aguas saborizadas; alfajores y galletitas; y productos procesados de papa. En los niños de 2 a 4 años, las reducciones se concentraron en bebidas azucaradas, helados, golosinas y postres lácteos envasados.
Los autores del estudio aclaran que el diseño no permite afirmar que los octógonos sean la única causa de la reducción. Pero la asociación temporal es relevante: luego de la aplicación de una política pública que advierte de forma clara sobre productos con exceso, bajó el consumo infantil de varias categorías nocivas.
Una política de salud que el gobierno anterior demoró y debilitó
El etiquetado frontal fue aprobado en 2018, durante el gobierno del Frente Amplio, con el objetivo de advertir de manera simple y visible cuando un alimento procesado o ultraprocesado contenía exceso de azúcares, grasas, grasas saturadas o sodio.
La entrada en vigencia obligatoria estaba prevista para el 1.º de marzo de 2020, luego de un período de adaptación para la industria. Sin embargo, apenas asumido, el gobierno de Luis Lacalle Pou postergó la aplicación por 120 días mediante el Decreto 91/020. La decisión fue tomada atendiendo planteos del sector empresarial alimentario y generó críticas de organizaciones de salud y sociedades científicas.
Esa no fue la única señal. En 2021, el Poder Ejecutivo modificó los criterios del etiquetado y elevó los valores permitidos antes de que un producto fuera considerado con exceso. En alimentos sólidos, por ejemplo, el umbral de azúcar pasó de 10 a 13 gramos cada 100 gramos; el de sodio subió de 400 a 500 miligramos; y también se flexibilizaron los límites para grasas y grasas saturadas.
La consecuencia era clara: productos que antes debían advertir al consumidor podían dejar de llevar octógono. Es decir, menos información visible para las familias y más margen para la industria. Trece organizaciones de salud y de la sociedad civil cuestionaron esa flexibilización y advirtieron que los niños podían ser los principales perjudicados.
La salud infantil no puede quedar subordinada al mercado
Los datos actuales vuelven más grave aquella discusión. Si los octógonos ayudan a reducir el consumo de productos dañinos entre niños pequeños, cada postergación, cada flexibilización y cada concesión a la industria significó tiempo perdido en una política de prevención.
UNICEF ya había advertido que la alimentación no saludable es un problema fuerte en Uruguay. Más de la mitad de los niños consume alfajores, galletitas rellenas o bizcochos en el desayuno, un tercio consume golosinas tres o más veces por semana y el exceso de sodio aparece asociado a snacks, nuggets, hamburguesas y panchos. La ENDIS 2023 también mostró que el 38,6% de los niños de 2 a 4 años había consumido bebidas azucaradas el día anterior a la encuesta.
La política de etiquetado frontal no resuelve todo por sí sola. Tiene que integrarse con alimentación saludable en centros educativos, regulación de publicidad dirigida a niños, control efectivo de cantinas, educación alimentaria y acceso real a alimentos frescos. Pero el estudio confirma que informar de forma clara funciona, especialmente en hogares que deben decidir rápido, con presupuestos ajustados y frente a góndolas dominadas por ultraprocesados.
La comparación deja una conclusión política y sanitaria: cuando el Estado protege el derecho a la información y pone límites al negocio de la comida chatarra, la salud infantil mejora. Cuando el gobierno se inclina ante las presiones del mercado, el proceso se demora.