El escándalo patrimonial que rodea al jefe de Gabinete de Javier Milei ya no es solo un problema judicial ni una incomodidad interna para la Casa Rosada. En el Senado, sectores de la oposición dialoguista avisaron que no están dispuestos a seguir pagando el costo político de blindar a Manuel Adorni, mientras el kirchnerismo impulsa una interpelación que podría abrir el camino a una moción de censura.
Un funcionario cada vez más difícil de sostener
La continuidad de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete entró en una zona crítica. El funcionario, uno de los rostros más visibles del gobierno de Javier Milei, quedó debilitado por las explicaciones sobre su patrimonio, las rectificaciones de sus declaraciones juradas y la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
El problema para el oficialismo ya no se limita a la denuncia opositora. Según la información publicada por medios argentinos, referentes de bloques que hasta ahora habían funcionado como sostén parlamentario del Gobierno le hicieron saber a la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, que no pueden garantizar un freno a la ofensiva contra Adorni.
La Libertad Avanza gobierna con minoría parlamentaria y necesita de aliados para sostener su agenda. Pero cuando el costo político de defender a un funcionario empieza a ser más alto que el beneficio de acompañar al Gobierno, los apoyos se vuelven frágiles.
En el Senado ya se habla del posible “efecto Kueider”: una dinámica de derrumbe rápido, donde nadie quiere quedar asociado a la defensa de una figura cuestionada. La comparación pesa porque remite a un episodio reciente en el que una situación política pasó de la suspensión a la expulsión en cuestión de horas, empujada por el temor de los bloques a cargar con el costo público.
El patrimonio, las rectificaciones y el anexo que falta
Adorni presentó una nueva declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente a 2025, y rectificó información de años anteriores. En esa presentación declaró un patrimonio bruto cercano a los $944,5 millones, una cifra muy superior a la informada previamente.
La explicación pública del jefe de Gabinete se apoyó en ahorros familiares, ingresos de su esposa y operaciones vinculadas a criptomonedas. También reconoció haber mantenido fondos fuera del sistema formal durante años, un argumento especialmente sensible para un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de “la casta” y exigir sacrificios a la población trabajadora.
A la vez, el caso sumó otro elemento delicado: la falta del anexo reservado con los bienes de su esposa, Bettina Angeletti. Ese formulario es parte del sistema de declaraciones juradas patrimoniales y permite completar el cuadro familiar. La defensa del entorno de Adorni sostiene que tiene plazo para presentarlo, pero el dato político es otro: en plena investigación judicial, la información patrimonial aparece otra vez incompleta.
La situación golpea el relato moral del mileísmo. El mismo Gobierno que construyó buena parte de su identidad pública sobre la denuncia contra la política tradicional ahora sostiene a un jefe de Gabinete cuestionado por explicaciones patrimoniales que no logran cerrar. Mientras se recortan derechos, se ajusta el gasto social y se exige paciencia a los sectores populares, el funcionario que debe rendir cuentas ante el Congreso aparece envuelto en operaciones inmobiliarias, deudas privadas, dólares no declarados y rectificaciones tardías.
El Senado puede abrir una crisis institucional para Milei
La Constitución argentina establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras, para informar sobre la marcha del Gobierno. También permite que sea interpelado para tratar una moción de censura y, si ambas cámaras reúnen las mayorías necesarias, removerlo del cargo.
No se trata solo de un gesto opositor ni de una declaración política. La moción de censura está prevista como un mecanismo institucional de control parlamentario sobre el jefe de Gabinete.
El kirchnerismo impulsa en el Senado una resolución para interpelar a Adorni y discutir una eventual moción de censura. La reunión de Labor Parlamentaria convocada para este miércoles será clave para definir si el tema entra en el temario. Si la discusión se habilita, el oficialismo podría quedar sin los aliados necesarios para bloquear el avance.
La crisis también expone tensiones dentro del propio Gobierno. Patricia Bullrich habría intentado ordenar una salida menos costosa, incluso con la posibilidad de que Adorni pidiera licencia mientras avanza la investigación judicial. Pero Karina Milei, principal sostén político del jefe de Gabinete, mantiene el respaldo.
El problema para Milei es que el caso Adorni ya dejó de ser administrable con discursos contra la oposición o acusaciones de campaña mediática. El Congreso tiene herramientas para exigir explicaciones, la Justicia mantiene abierta la investigación y los aliados parlamentarios empiezan a tomar distancia.
La promesa de una política “distinta” choca con una escena conocida: un funcionario poderoso bajo sospecha, explicaciones cambiantes, información patrimonial incompleta y un Gobierno que intenta blindarlo. La diferencia es que esta vez el costo puede llegar al corazón del gabinete libertario.