Suiza decidirá este domingo si limita su población a 10 millones de habitantes. La propuesta, impulsada por el Partido Popular Suizo, presenta la medida como “sostenibilidad”, pero coloca otra vez a la inmigración como responsable del deterioro en vivienda, transporte, salud y servicios públicos.

El límite poblacional como discurso contra la inmigración

Suiza llega a un referéndum inédito: definir si el país debe fijar un techo de 10 millones de habitantes. La iniciativa es impulsada por el Partido Popular Suizo, una fuerza de derecha que presenta la propuesta como una respuesta a la presión sobre la vivienda, los servicios públicos, el tránsito y el medio ambiente.

El planteo llega en un país que pasó de 7,3 millones de habitantes en 2002 a unos 9,1 millones en la actualidad. Cerca del 27% de la población residente es extranjera, un dato que la derecha suiza utiliza como eje de campaña para instalar la idea de que el malestar cotidiano tiene un culpable claro: los inmigrantes.

El argumento se repite en Europa y no es nuevo. Cuando suben los alquileres, cuando faltan médicos, cuando el transporte se satura o cuando los servicios públicos pierden calidad, la derecha rara vez apunta al modelo económico, a la especulación inmobiliaria, a la falta de inversión pública o a las desigualdades internas. Prefiere señalar al extranjero.

Ese desplazamiento es político. Convertir la vivienda o la salud en un problema de “exceso de población” permite evitar preguntas más profundas: quién concentra la riqueza, quién define el precio del suelo, quién gana con la precarización laboral y qué sectores se benefician de una economía que necesita trabajadores migrantes, pero luego los presenta como amenaza.

“Sostenibilidad” para maquillar una agenda de exclusión

El Partido Popular Suizo llama a su propuesta una “iniciativa de sostenibilidad”. La palabra busca suavizar el contenido real de la medida: restringir la llegada de personas, endurecer políticas migratorias y condicionar la relación de Suiza con la Unión Europea.

La iniciativa no se limita a una cifra simbólica. Si la población alcanza determinados umbrales, el Estado debería tomar medidas para frenar el crecimiento. Eso podría afectar permisos de residencia, reunificación familiar, asilo y acuerdos de libre circulación con la Unión Europea.

Los opositores —entre ellos el gobierno suizo, otros partidos principales, empresarios y sindicatos— advierten que la propuesta puede generar un golpe económico y social. Hospitales, hoteles, servicios, empresas tecnológicas, industria farmacéutica y otros sectores dependen de trabajadores extranjeros. La derecha denuncia a los inmigrantes, pero el propio sistema económico suizo los necesita para funcionar.

Ahí aparece la contradicción. Los migrantes son útiles para sostener la economía, cuidar personas mayores, trabajar en servicios, limpiar, construir, atender hoteles y mover sectores enteros. Pero, en tiempos electorales, se los convierte en responsables del deterioro de la vida cotidiana.

El problema no es que la población crezca. El problema es cómo se organiza una sociedad para garantizar vivienda, transporte, salud, trabajo digno y servicios públicos. Poner un número máximo de habitantes no resuelve por sí solo la especulación inmobiliaria ni la desigualdad. Solo transforma la política social en control migratorio.

Una señal de época para Europa

La votación suiza no ocurre aislada. Forma parte de una ola más amplia en Europa, donde las derechas nacionalistas y xenófobas ganan terreno usando los miedos sociales como combustible político.

La fórmula es conocida: se toma un problema real, se simplifica su causa y se señala a un grupo vulnerable. En este caso, los extranjeros. Antes fueron los refugiados, los musulmanes, los trabajadores del Este europeo, los africanos, los latinoamericanos o cualquier comunidad que pudiera ser presentada como “amenaza” a una identidad nacional supuestamente perdida.

En Suiza, el discurso aparece envuelto en trenes llenos, alquileres caros y servicios presionados. Son problemas concretos, pero la respuesta de la derecha no apunta a regular el mercado inmobiliario, fortalecer lo público o distribuir mejor la riqueza. Apunta a cerrar la puerta.

El riesgo de este tipo de propuestas es que normalizan una idea peligrosa: que la vida digna de unos solo se garantiza excluyendo a otros. Esa mirada rompe con una perspectiva humanista y solidaria, y reduce a las personas migrantes a una carga estadística.

Suiza votará una cifra, pero el trasfondo es más amplio. Lo que está en juego es si los problemas sociales se enfrentan con políticas públicas, derechos e inversión, o si se usa a los extranjeros como chivo expiatorio para no discutir el modelo que produce desigualdad.

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