A diez años de la regulación del cannabis, Uruguay vuelve a discutir el ingreso del cannabis medicinal al Formulario Terapéutico de Medicamentos. La medida permitiría que los tratamientos lleguen con más respaldo, más cobertura y mayor igualdad de acceso dentro del sistema de salud.

Una política sanitaria que abrió camino

Uruguay fue pionero en regular el cannabis y en reconocer que su uso medicinal debía salir de la informalidad, del prejuicio y del mercado sin controles. La regulación permitió instalar un marco legal, sanitario y productivo para tratar el tema como una política pública, con intervención del Estado, trazabilidad, controles de calidad y prescripción médica.

La Ley 19.847 declaró de interés público el acceso al cannabis medicinal y terapéutico. Luego, el Decreto 56/023 ordenó el funcionamiento de especialidades farmacéuticas, formulaciones magistrales y productos autorizados, además de crear el Programa Nacional de Acceso al Cannabis Medicinal y Terapéutico.

Ese recorrido colocó al país en una posición distinta a la de otros mercados donde los pacientes quedan librados a productos sin respaldo sanitario. En Uruguay existe regulación, hay empresas habilitadas, hay investigación, hay productos registrados y hay una institucionalidad pública capaz de ordenar la prescripción.

El desafío pendiente: que el acceso no dependa del bolsillo

El punto que vuelve a estar sobre la mesa es el ingreso al Formulario Terapéutico de Medicamentos. Esa incorporación permitiría que los prestadores de salud deban contar con estos tratamientos dentro de su vademécum, bajo criterios médicos y con mayor cobertura.

Hoy los costos siguen siendo altos para muchas familias. Algunos tratamientos pueden alcanzar varios miles de pesos por mes, lo que limita el acceso de pacientes que podrían beneficiarse con una indicación médica adecuada. No se trata de retroceder en la regulación, sino de completar el camino iniciado: pasar de una política habilitada a una política realmente accesible.

La ausencia de cobertura general también abre espacio a circuitos informales. En internet, ferias o comercios no habilitados circulan aceites y preparados sin garantías suficientes sobre concentración, composición, origen o condiciones de elaboración. La respuesta sanitaria no puede ser dejar a los pacientes solos frente a ese mercado, sino fortalecer el acceso a productos controlados, indicados por profesionales y dispensados por vías formales.

Formación médica y evidencia clínica

Otro punto central es la formación profesional. El cannabis medicinal no debe ser tratado como una solución mágica ni como un producto de uso indiscriminado. Su lugar está en la medicina basada en evidencia, con indicaciones concretas, seguimiento clínico y control de efectos.

En Uruguay ya existen antecedentes de formación impulsados por el Ministerio de Salud Pública y el Sindicato Médico del Uruguay, orientados a médicos y odontólogos. También hay experiencia clínica nacional, entre ellas estudios en epilepsia refractaria pediátrica, donde se registraron beneficios en determinados pacientes tratados con derivados de cannabis medicinal.

La discusión actual no parte de cero. Parte de una política ya creada, de un marco legal existente y de una industria regulada. El paso que falta es integrar con más fuerza esa herramienta al sistema de salud, para que el acceso no dependa de la capacidad de pago ni de la información fragmentada que cada paciente logre conseguir por su cuenta.

Quatroges