El jefe de Gabinete argentino presentó declaraciones juradas rectificativas en medio de causas judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles. La explicación oficial intenta convertir activos no declarados, operaciones inmobiliarias y medio millón de dólares en Bitcoin en una simple “desprolijidad”.

Una rectificación que llega después del escándalo

Manuel Adorni, una de las voces centrales del gobierno de Javier Milei, presentó ante la Oficina Anticorrupción y ARCA una serie de declaraciones juradas rectificativas que modifican de forma sustancial la fotografía patrimonial conocida hasta ahora.

La presentación no aparece en el vacío. Llega después de que su patrimonio quedara bajo investigación judicial en Comodoro Py, con expedientes por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. También llega después de semanas de presión pública, versiones cruzadas, operaciones inmobiliarias bajo la lupa y explicaciones demoradas desde la propia Casa Rosada.

El dato más fuerte es la incorporación de unos US$ 513.000 atribuidos a ganancias con Bitcoin. Según la versión oficial, esas inversiones se habrían realizado entre 2013 y 2018, mediante ocho billeteras virtuales, a partir de un capital inicial cercano a US$ 200.000.

El problema político no es solamente la existencia de esos fondos. El problema es que aparecen ahora, cuando el caso ya estaba instalado judicial y mediáticamente. La maniobra busca presentar como reconstrucción técnica lo que en realidad deja expuesta una pregunta básica: por qué un activo tan relevante no figuraba antes con claridad en la documentación patrimonial de un alto funcionario que llegó al gobierno haciendo bandera de la transparencia.

El relato de la “desprolijidad”

Desde el entorno de Adorni se intentó ordenar el caso bajo una palabra cómoda: “desprolijidad”. Según esa explicación, las declaraciones de 2023 las habría hecho él mismo, las de 2024 con contador, y recién con la denuncia judicial habría sido necesario reconstruir toda la historia patrimonial familiar.

Pero esa defensa tiene un problema evidente. No se trata de una diferencia menor ni de un error administrativo sin consecuencias. La rectificación incluye activos financieros de gran volumen, cambios patrimoniales de su esposa Bettina Angeletti, bienes heredados, operaciones inmobiliarias, hipotecas, remodelaciones y correcciones impositivas de los últimos cinco años.

La propia documentación presentada, según la información publicada, admite que Adorni deberá regularizar ante ARCA los impuestos que correspondan por esas rectificaciones. Dicho de otro modo: el gobierno que acusa al resto de vivir fuera de la ley ahora pretende que una reconstrucción tardía alcance para clausurar las dudas sobre uno de sus principales funcionarios.

La explicación oficial también incorpora ingresos por herencias: unos US$ 57.000 por una propiedad en La Plata y cerca de US$ 22.000 por un lote en Daireaux. En total, alrededor de US$ 79.000. Esos montos pueden explicar una parte del patrimonio, pero no resuelven el centro de la discusión: la aparición tardía de medio millón de dólares en Bitcoin y el entramado inmobiliario que quedó bajo revisión judicial.

La transparencia como discurso, no como práctica

El caso Adorni golpea directamente sobre el corazón del discurso libertario. Durante años, Milei y su entorno construyeron una épica contra “la casta”, contra los privilegios y contra cualquier sospecha de manejo oscuro del Estado. Pero ante un caso que involucra a uno de sus funcionarios más visibles, el gobierno responde con la vieja fórmula de siempre: negar, demorar, rectificar y presentar la corrección como prueba de inocencia.

La casa en Indio Cuá, el departamento de Caballito, las remodelaciones, las hipotecas, los anticipos, los bienes incorporados a nombre de ambos cónyuges y las explicaciones sobre operaciones con amigos personales no son detalles secundarios. Son piezas de un mismo cuadro: un funcionario poderoso que debió rehacer su historia patrimonial cuando la Justicia y la prensa ya estaban mirando.

La maniobra busca desplazar el foco. Ya no se discute lo omitido, sino la supuesta capacidad técnica de demostrarlo después. Ya no se pregunta por qué no estaba declarado, sino si ahora puede justificarse. Ese cambio de eje es político: pretende convertir una crisis de transparencia en una simple presentación contable.

El gobierno de Milei exige sacrificios, ajuste y obediencia fiscal a millones de trabajadores, jubilados y pequeños contribuyentes. Pero en la cima del poder, cuando aparecen patrimonios difíciles de explicar, propiedades y activos no informados con claridad, la respuesta oficial es indulgente: fue una desprolijidad, se está corrigiendo, todo venía de antes.

Fuente ; Infobae