El senador nacionalista anunció que buscará citar al ministro de Ganadería a comisión tras conocerse que la propuesta colonizadora prevé entre seis y siete unidades lecheras en una primera etapa. La oposición habla de “mentira” por la diferencia con los 16 tambos mencionados durante la interpelación, aunque el plan oficial mantiene banco de forraje, recría, riego, apoyo a productores familiares y una proyección territorial más amplia.

La estancia María Dolores vuelve al centro de la discusión política. El senador nacionalista Sebastián Da Silva anunció que promoverá la citación del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, a la Comisión de Ganadería del Senado, luego de conocerse la propuesta colonizadora elaborada para el predio adquirido por el Instituto Nacional de Colonización.

El cuestionamiento de Da Silva se apoya en un dato concreto: el proyecto actual prevé instalar entre seis y siete unidades de producción lechera, con una superficie promedio de 146 hectáreas cada una y una inversión estimada en US$ 1,7 millones. Para el legislador blanco, esa cifra contradice lo afirmado por las autoridades durante la interpelación parlamentaria, donde se habló de 16 tambos como parte del destino productivo de María Dolores.

Da Silva sostuvo que el gobierno “mintió” al Senado y a la población, y anunció que quiere que Fratti explique “qué cambió” entre aquella presentación política y la propuesta técnica conocida ahora. Su planteo busca instalar la idea de que la compra de María Dolores fue defendida con una expectativa productiva que luego no se sostuvo en los documentos concretos.

Una diferencia real que la oposición intenta convertir en acusación política

La diferencia entre los 16 tambos mencionados en la discusión inicial y las seis o siete unidades previstas en la propuesta actual existe y debe ser explicada. No conviene ocultarla ni minimizarla. Pero tampoco alcanza, por sí sola, para cerrar el asunto con la palabra “mentira”, como pretende instalar la oposición.

El propio seguimiento oficial de compromisos del gobierno había hablado de adjudicar los primeros seis tambos de un total de 16 previstos. Ese dato permite una lectura distinta: las seis unidades no necesariamente cancelan toda la proyección inicial, sino que pueden corresponder a una primera etapa de instalación, con desarrollo posterior condicionado por infraestructura, viviendas, financiamiento, obras, demanda productiva y capacidad organizativa.

Ahí está el centro político del debate. La oposición toma el número menor para presentar el proyecto como un fracaso o una promesa falsa. El gobierno, en cambio, tiene la obligación de explicar con precisión si los 16 tambos siguen siendo una meta de largo plazo, si fueron reformulados, o si la propuesta técnica cambió el alcance original del proyecto.

La transparencia en ese punto es necesaria. Una política pública de esta escala no se defiende con consignas, sino con datos, cronograma, costos, etapas y resultados verificables.

El proyecto no se reduce a seis tambos

El problema del planteo opositor es que reduce María Dolores a una sola cuenta: cuántos tambos se instalan dentro del predio. Esa cuenta importa, pero no agota el proyecto.

La propuesta colonizadora incluye un banco de grano y forraje bajo riego por pivote, en un área mínima de 1.200 hectáreas. Ese componente está pensado para abastecer no solo a las nuevas unidades lecheras que se instalen en María Dolores, sino también a productores ya existentes en el área de influencia del campo.

También se prevé un modelo de gestión asociativa y de cooperación con organizaciones vinculadas al sector lechero. En esa línea, ya participaron cinco gremiales: la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, la Sociedad de Productores de Leche de Villa Rodríguez y la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Treinta y Tres Orientales.

El Instituto Nacional de la Leche informó que en la primera etapa se sembraron 1.203 hectáreas de maíz de primera y segunda, de las cuales 450 hectáreas están bajo riego. La inversión de las gremiales en insumos y cosecha fue estimada en unos US$ 800.000. Para 2027-2028, las proyecciones técnicas ubican el banco de forraje en unas 2.700 hectáreas, con capacidad de beneficiar a alrededor de 381 familias productoras dentro de un radio de hasta 50 kilómetros.

Ese dato cambia la discusión. Si se mide María Dolores solo por los tambos instalados dentro del predio, el proyecto queda reducido. Si se lo mira como política de tierra, riego, alimento, recría, escala productiva y apoyo a productores familiares, el alcance es mayor.

Una inversión pública bajo disputa

María Dolores tiene 4.404 hectáreas, está ubicada en Florida y fue adquirida por el Instituto Nacional de Colonización por US$ 32,5 millones. La compra fue observada por el Tribunal de Cuentas y luego ratificada por el Directorio del INC, que defendió la legalidad del procedimiento y reiteró el gasto.

Desde el comienzo, la oposición cuestionó el precio, el procedimiento, el destino productivo y el sentido político de la operación. También vinculó la compra con un homenaje al expresidente José Mujica, una lectura que el oficialismo rechazó al defender la adquisición como parte de una política de acceso a la tierra y fortalecimiento de la producción familiar.

En marzo, la comisión investigadora de Diputados retomó el caso. En abril, autoridades de Colonización comparecieron ante el Parlamento y respondieron preguntas sobre el proceso. Allí se informó que ya había productores trabajando en el predio, hectáreas en producción y un plan de desarrollo a largo plazo para avanzar con unidades lecheras, banco de forraje, riego y apoyo a productores familiares.

La controversia, por tanto, no empezó con el número de tambos. Viene desde la compra misma. Lo nuevo es que Da Silva encontró en la propuesta colonizadora un punto de ataque político: la distancia entre la expectativa de 16 unidades y la primera configuración técnica de seis o siete.

Acceso a la tierra, productores familiares y disputa de modelo

María Dolores expresa una discusión de fondo: qué papel debe cumplir el Estado en el acceso a la tierra y en el sostenimiento de la producción familiar.

La concentración de la tierra, el cierre de tambos, la dificultad de los jóvenes rurales para acceder a escala productiva y la fragilidad de muchos productores familiares son problemas reales. En ese marco, Colonización sigue siendo una herramienta pública importante. Puede y debe ser controlada, auditada y cuestionada en sus decisiones concretas, pero no debilitada como instrumento de política territorial.

El proyecto de María Dolores plantea instalar unidades lecheras, producir forraje bajo riego, aprovechar infraestructura existente, fortalecer organizaciones locales, apoyar a productores de menor escala y priorizar jóvenes, mujeres y asalariados rurales con experiencia en el sector. Esa orientación es coherente con una mirada de desarrollo rural que no deja todo librado al mercado.

Eso no exime al gobierno de responder. Al contrario: una política pública defendible necesita información clara. El Ministerio de Ganadería y el INC deberían explicar si las seis o siete unidades son una primera etapa, cuál es el cronograma para llegar a más tambos, qué inversiones faltan, qué rol tendrán MEVIR, Conaprole, BROU, UTE, Antel, la Intendencia de Florida y las gremiales lecheras, y qué indicadores se usarán para evaluar el resultado.

La oposición tiene derecho a controlar. Pero el control parlamentario no debería convertirse en una operación para desacreditar de antemano una política de tierra pública, producción familiar y fortalecimiento de la cuenca lechera. La diferencia entre un proyecto que se ajusta técnicamente y una mentira deliberada debe probarse con documentos, no solo con frases de conferencia de prensa.