La Comisión de Ambiente del PIT-CNT y una red de organizaciones sociales, académicas, sindicales y profesionales plantearon que la crisis ambiental no puede separarse del modelo productivo, la concentración de recursos, la exposición a plaguicidas y el avance del gasto militar en el mundo. El reclamo central apunta a fortalecer políticas públicas, generar información sanitaria y ambiental confiable, proteger a trabajadores y comunidades rurales, e impulsar alternativas como la agroecología.

El ambiente también es una disputa social

La Comisión de Ambiente del PIT-CNT difundió una declaración por el Día Mundial del Medio Ambiente y colocó el debate en un terreno amplio: no solo residuos, árboles, agua o suelos, sino también producción, salud, trabajo, alimentación y poder económico.

Jorge Ramada, referente de la comisión, sostuvo que el deterioro ambiental está vinculado al modelo de producción dominante. Su planteo apunta a una idea central: la sociedad tiene responsabilidades, pero el mayor peso está en quienes definen qué se produce, cómo se produce, para quién se produce y quién se apropia de las ganancias.

Desde esa mirada, la crisis ambiental no aparece como una suma de conductas individuales aisladas, sino como resultado de una forma de producir que genera residuos, contamina agua y suelos, presiona sobre la biodiversidad y expone a trabajadores y comunidades a sustancias peligrosas.

El planteo sindical también cuestiona el consumismo, la obsolescencia programada y la producción de bienes de corta duración que terminan convertidos rápidamente en basura. En ese punto, la discusión ambiental se cruza con otra pregunta de fondo: cuánta producción responde a necesidades reales y cuánta responde a la lógica de vender más, descartar más y volver a comprar.

Agrotóxicos, salud y necesidad de datos serios

Uno de los puntos más delicados del documento es la exposición de la población a plaguicidas, llamados agrotóxicos por las organizaciones sociales y ambientales. La advertencia no debe tratarse con liviandad: no alcanza con denunciar, también hace falta medir, registrar, investigar y sostener políticas públicas con base científica.

La Organización Mundial de la Salud advierte que los plaguicidas pueden generar efectos agudos y crónicos sobre la salud humana, según el tipo de sustancia, la cantidad, la vía de exposición, la frecuencia y las condiciones de vulnerabilidad de cada persona. Ese marco científico permite ordenar el debate sin exageraciones y sin negar riesgos.

Las organizaciones firmantes señalan que Uruguay tuvo en las últimas décadas una fuerte expansión agroindustrial, agrícola y forestal, acompañada por un uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas. Según advierten, esa expansión aumentó la exposición de trabajadores rurales, comunidades cercanas a zonas productivas y consumidores.

El problema mayor, según el planteo, es que la información nacional disponible sobre niveles de exposición y consecuencias sanitarias todavía es insuficiente, fragmentaria y difícil de sistematizar. Por eso reclaman al Estado políticas específicas para proteger la salud de trabajadores, comunidades rurales y consumidores.

Entre las medidas propuestas aparecen pedidos concretos: información clara del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre principios activos, volúmenes aplicados, zonas de uso y actividades productivas; controles laborales más fuertes desde el Ministerio de Trabajo; incorporación de antecedentes de exposición a agrotóxicos en la historia clínica del Sistema Nacional Integrado de Salud; datos sobre intoxicaciones agudas y posibles afectaciones crónicas; monitoreo de residuos de plaguicidas en alimentos, ambiente y fuentes de agua; y estrategias de análisis adaptadas a las sustancias más utilizadas en cada territorio.

Agroecología, residuos y alimentación

Frente al modelo agroexportador dominante, la Comisión de Ambiente plantea la necesidad de discutir alternativas. La agroecología aparece allí no como consigna decorativa, sino como una vía posible para producir alimentos con menor dependencia de insumos químicos, mayor cuidado del suelo y más vínculo con productores locales.

Uruguay cuenta con una Ley de Agroecología y un Plan Nacional para fomentar sistemas de producción, distribución y consumo de base agroecológica. Ese dato es importante porque muestra que la discusión no parte de cero: existe una base legal e institucional para avanzar, aunque las organizaciones entienden que falta impulso político, recursos y prioridad estatal.

El documento también cruza la producción de alimentos con la desigualdad. Uruguay produce para muchos más habitantes que los que tiene, pero el informe oficial de inseguridad alimentaria de 2025 estimó que 13,2% de los hogares atravesó inseguridad alimentaria moderada o grave. Ese dato obliga a mirar más allá del volumen exportador: producir mucho no garantiza por sí solo que todas las personas accedan a una alimentación suficiente y adecuada.

En residuos, Ramada fue crítico con los vertederos a cielo abierto del interior del país y con una lógica que, según su visión, mantiene situaciones de exclusión social. Uruguay aprobó en 2019 una Ley de Gestión Integral de Residuos, cuyo objetivo es prevenir y reducir los impactos negativos de la generación y manejo de residuos, además de reconocer su potencial para generar valor y empleo de calidad.

Militarismo y ambiente: una contradicción global

La Comisión de Ambiente también vinculó la crisis ambiental con el crecimiento del militarismo y la industria armamentística. Ramada cuestionó que países que aumentan el gasto militar y recortan áreas sociales pretendan presentarse como autoridad moral en materia ambiental.

Ese planteo tiene respaldo en una realidad internacional difícil de ignorar. El gasto militar mundial alcanzó en 2025 un nuevo récord, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. A la vez, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha documentado durante años los impactos ambientales de los conflictos armados, desde contaminación y destrucción de ecosistemas hasta daños sobre agua, suelos, medios de vida y biodiversidad.

La advertencia sindical no busca mezclar temas sin relación. Plantea que el ambiente también se degrada por guerras, ocupaciones, industria armamentística, extracción intensiva de recursos y prioridades presupuestales que desplazan gasto social y políticas de cuidado.

En esa misma línea, Ramada expresó reparos frente a la búsqueda de petróleo y a ciertos proyectos de hidrógeno verde si reproducen una lógica extractiva: uso de agua, sol, territorio e infraestructura nacional para producir bienes destinados principalmente a grandes empresas o mercados externos. A la vez, diferenció esos proyectos de experiencias con impacto local, capaces de mejorar procesos productivos concretos dentro del país.

Fuentes:

Portal del PIT-CNT