La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, resolvió una serie de cambios internos que impactan sobre algunas de las investigaciones más sensibles de los últimos años. Diego Pérez pasará a la Fiscalía de Delitos Económicos de 1.º Turno, mientras Alejandro Machado asumirá la nueva Fiscalía Especializada de Cibercrimen.
La Fiscalía General de la Nación vuelve a mover su estructura interna en un momento cargado de causas políticas, económicas y administrativas de alto impacto. Según informó El Observador, el fiscal de Flagrancia de 5.º Turno, Diego Pérez, será el nuevo titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de 1.º Turno.
El cambio no es menor. Esa sede concentra investigaciones de fuerte peso público: el caso Cardama, la compra de la estancia María Dolores, la causa por la presunta destrucción de documentos vinculados al caso Sebastián Marset y la investigación por República Ganadera, entre otras.
La resolución forma parte de una reorganización impulsada por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que también definió el traslado de Alejandro Machado, actual titular de Delitos Económicos de 1.º Turno, hacia la Fiscalía Especializada de Cibercrimen.
Causas sensibles y continuidad institucional
El movimiento se produce sobre expedientes que no son administrativos ni menores. En ellos aparecen decisiones del gobierno anterior, contratos públicos, manejo de información oficial, eventuales responsabilidades políticas y perjuicios económicos todavía bajo investigación.
El caso Cardama se convirtió en uno de los principales focos judiciales vinculados a la administración de Luis Lacalle Pou, por el contrato de construcción de patrullas oceánicas para la Armada y las advertencias que surgieron sobre garantías, trámites y respaldo financiero. La Fiscalía venía a la espera de documentación oficial para avanzar en citaciones y diligencias.
También está abierta la investigación por la presunta destrucción de documentación relacionada con el caso Marset. Esa línea no es la misma que la entrega del pasaporte, que fue archivada en 2024, sino una indagatoria posterior sobre posible ocultamiento de chats y destrucción de documentos públicos. Montevideo Portal informó que la Fiscalía procuraba determinar si durante el gobierno anterior existió manejo ilegal de información sobre el narcotraficante Sebastián Marset.
A eso se suma República Ganadera, una investigación penal de enorme impacto social y económico. En octubre de 2025, fuentes fiscales citadas por El Observador señalaban que la fiscalía de Machado estaba priorizando esa causa por la cantidad de damnificados, el volumen económico y la complejidad de la indagatoria.
Machado pasa a Cibercrimen
Alejandro Machado dejará Delitos Económicos para asumir la nueva Fiscalía Especializada de Cibercrimen. Según informó La Diaria, su traslado se inscribe en los cambios definidos por Ferrero y en la necesidad de instalar una fiscalía especializada en delitos informáticos.
El movimiento también responde a un pedido del propio Machado, que meses atrás había solicitado ser trasladado de la Fiscalía de Delitos Económicos. Con la creación de la nueva sede especializada, se presentó como candidato y Ferrero resolvió designarlo.
La decisión llega en un contexto en que los delitos digitales, las estafas informáticas, el uso de evidencia electrónica, las amenazas, el lavado mediante plataformas y las operaciones criminales con soporte tecnológico exigen capacidades específicas. La Fiscalía arrastra desde hace años dificultades de recursos, equipos técnicos y tiempos de respuesta ante investigaciones complejas.
Ferrero busca reforzar investigaciones complejas
La reorganización no se limita a nombres. Ferrero también resolvió fortalecer el trabajo de apoyo a fiscales que investigan delitos complejos. En marzo, la Fiscalía creó la Unidad Especializada en Crimen Organizado, con competencia nacional, para asesorar, coordinar y colaborar en investigaciones sobre tráfico de drogas, armas, lavado, delitos informáticos, contrabando, trata de personas, pornografía infantil y otros delitos vinculados a organizaciones criminales.
La resolución oficial señala que este tipo de casos requiere esfuerzos especiales, cooperación internacional, pericias, informes, manejo de evidencia y articulación con organismos como la Secretaría Antilavado, la UIAF del Banco Central y la DGI. La nueva unidad también absorbió competencias de la anterior Unidad Especializada en Cibercriminalidad, creada en 2022.
Desde una mirada institucional, el punto central es claro: las causas complejas no pueden depender solo de voluntad individual. Necesitan equipos, soporte técnico, continuidad, trazabilidad de decisiones y capacidad real para enfrentar delitos económicos, corrupción, crimen organizado y redes transnacionales.
Pérez no asumirá de inmediato
El traslado de Diego Pérez no se ejecutará en forma inmediata. Según la información disponible, el fiscal buscará avanzar antes en algunas causas que tiene actualmente en Flagrancia, entre ellas la que involucra al exdirector de la Ursec, Nicolás Cendoya, cuyo juicio todavía no comenzó.
Pérez viene trabajando ese expediente desde hace años. La causa incluye acusaciones por abuso de funciones, entre otros hechos vinculados a destrucción de documentación de la Ursec y decisiones administrativas adoptadas durante la gestión de Cendoya. El Observador informó recientemente que un Tribunal de Apelaciones rechazó planteos de prescripción formulados por las defensas.
Ese dato explica parte del calendario. El cambio de sede está definido políticamente dentro de Fiscalía, pero la transición deberá ordenar expedientes en curso para evitar impactos procesales innecesarios.
El peso político de Delitos Económicos
La Fiscalía de Delitos Económicos de 1.º Turno queda en el centro de una etapa relevante. No solo por los nombres de los fiscales, sino por la materia que investiga.
Cardama, Marset, María Dolores y República Ganadera exigen respuestas judiciales, pero también responsabilidad política y transparencia pública. La ciudadanía tiene derecho a saber qué pasó, quién decidió, qué controles fallaron, qué documentación existe y si hubo conductas con relevancia penal.
El cambio de fiscal no debe convertirse en una excusa para demoras ni en una zona gris. Las investigaciones deben seguir con garantías para todas las partes, presunción de inocencia, acceso a prueba y respeto del debido proceso. Pero también con firmeza frente a expedientes que tocan poder económico, poder político y decisiones estatales de alto costo público.
Fuentes
El Observador