La inteligencia estadounidense revisa más de 120 laboratorios biológicos financiados con fondos públicos fuera de su territorio, incluidos más de 40 en Ucrania. Washington presenta la medida como una acción de bioseguridad, pero el dato vuelve a exponer una práctica sensible: Estados Unidos financia, supervisa o influye en investigaciones biológicas en decenas de países, muchas veces bajo estructuras militares, con escasa transparencia pública y en zonas atravesadas por disputas geopolíticas.
La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, inició una revisión sobre más de 120 laboratorios biológicos financiados por contribuyentes estadounidenses en el exterior. La investigación apunta a identificar dónde están esos laboratorios, qué patógenos almacenan y qué tipo de investigaciones realizan, con especial atención a estudios considerados de alto riesgo, entre ellos los de ganancia de función.
Más de 40 de esas instalaciones estarían ubicadas en Ucrania, un país en guerra, convertido desde 2022 en uno de los principales escenarios de confrontación entre Rusia, la OTAN y Estados Unidos.
El asunto es demasiado grave para reducirlo a propaganda de un lado o del otro. La existencia de laboratorios biológicos no prueba por sí sola la existencia de armas biológicas. Pero tampoco puede aceptarse con naturalidad que una potencia militar financie programas sensibles en el exterior sin una rendición de cuentas clara, independiente y accesible para la comunidad internacional.
La bioseguridad bajo mando de una potencia militar
Washington sostiene que estos programas tienen fines sanitarios: vigilancia epidemiológica, control de patógenos, prevención de accidentes y reducción de amenazas heredadas del período soviético. Esa explicación forma parte del discurso oficial del Departamento de Defensa, que encuadra las actividades en Ucrania dentro del Programa de Reducción Cooperativa de Amenazas.
Pero ahí aparece el primer problema político: no hablamos solo de cooperación sanitaria civil. Hablamos de programas financiados por Estados Unidos, vinculados históricamente a estructuras del Pentágono, desplegados en países periféricos o estratégicos, y ubicados en una región donde Washington opera con objetivos militares, diplomáticos y económicos.
Esa mezcla es peligrosa. La salud pública necesita cooperación internacional, ciencia abierta y control civil. No necesita redes opacas bajo paraguas de seguridad nacional, ni laboratorios sensibles administrados dentro de la lógica de competencia entre potencias.
Ganancia de función: investigación útil, riesgo real
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump en 2025 buscó restringir el financiamiento federal a investigaciones de ganancia de función consideradas peligrosas. Ese tipo de investigación puede servir para anticipar mutaciones de virus y preparar respuestas sanitarias. Pero también puede aumentar el riesgo de accidentes, filtraciones o usos indebidos si modifica patógenos para volverlos más transmisibles, resistentes o dañinos.
La discusión no nació de la nada. Después de la pandemia de COVID-19, el mundo quedó obligado a revisar con más seriedad qué se investiga, dónde, con qué controles y bajo qué responsabilidades.
Trump intenta presentar la medida como una cruzada de seguridad biológica. Pero el trumpismo no parte de una relación limpia con la ciencia ni con la verdad pública. Su gobierno ha utilizado temas sanitarios y de inteligencia para alimentar batallas políticas internas, buscar culpables externos y reforzar una narrativa de poder nacional. Por eso la revisión puede ser necesaria, pero no debe quedar en manos de quienes la usan para propaganda.
Ucrania, guerra y acusaciones cruzadas
Rusia denunció desde 2022 que existían laboratorios en Ucrania vinculados a actividades biológicas militares de Estados Unidos. Washington negó que esos programas tuvieran relación con armas biológicas. Naciones Unidas señaló entonces que no tenía conocimiento de un programa ucraniano de armas biológicas.
Ese punto debe mantenerse con claridad: hasta ahora no hay prueba pública concluyente que confirme la existencia de un programa de armas biológicas en Ucrania. Confundir laboratorios de vigilancia sanitaria con laboratorios de armas puede alimentar desinformación.
Pero también hay una verdad incómoda que Washington prefiere esquivar: Estados Unidos sí financió programas biológicos en Ucrania y en otros países. Que los presente como cooperación sanitaria no alcanza. La historia estadounidense en América Latina, Medio Oriente, Asia y Europa muestra que sus programas “técnicos” muchas veces llegan acompañados de intereses estratégicos, condicionamientos políticos y presencia militar.
La Convención sobre Armas Biológicas y la doble vara
La Convención sobre Armas Biológicas prohíbe el desarrollo, producción, adquisición y almacenamiento de armas biológicas. Es una de las líneas rojas del derecho internacional.
Si cualquier Estado —Estados Unidos, Rusia, Ucrania o cualquier otro— desarrollara armas biológicas, estaría ante una violación gravísima. Pero el problema actual no se limita a la acusación de armas. También involucra el espacio gris de investigaciones sensibles, patógenos peligrosos, financiamiento militar, contratistas, secretos de Estado y ausencia de mecanismos internacionales fuertes de verificación.
Estados Unidos suele exigir transparencia a sus adversarios, pero rara vez acepta controles equivalentes sobre su propia red global de seguridad, inteligencia, laboratorios, bases y programas financiados en el extranjero. Esa doble vara debilita la confianza internacional y convierte la bioseguridad en otro capítulo de la disputa imperial.