Organizaciones sociales, familiares de víctimas de la dictadura, estudiantes y legisladores se movilizaron en Santiago bajo la consigna “No más impunidad”. La protesta respondió a las señales del gobierno de José Antonio Kast y a las declaraciones del ministro Fernando Rabat, que no descartó evaluar indultos caso a caso para condenados por violaciones a los derechos humanos.

La calle contra la impunidad

Santiago de Chile volvió a poner en la calle una discusión central para cualquier democracia: el límite frente a los crímenes de Estado. Familiares de víctimas de la dictadura, organizaciones sociales y políticas, estudiantes, activistas de derechos humanos y legisladores marcharon este sábado bajo la consigna “No más impunidad”, en rechazo a la posibilidad de indultos para condenados por graves violaciones a los derechos humanos.

La movilización partió desde Plaza Baquedano y avanzó por la avenida Alameda hasta la zona de la Universidad de Chile. Según los organizadores, carabineros impidieron el paso hacia el sector del Palacio de La Moneda, por lo que la marcha terminó con un acto en Plaza Bulnes.

Entre las voces presentes estuvo Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quien vinculó la protesta con la defensa de la memoria y con el rechazo al negacionismo. También participó la senadora Fabiola Campillai, una de las figuras más reconocidas de la lucha contra la violencia estatal posterior al estallido social de 2019, tras haber perdido la vista, el gusto y el olfato por el impacto de una granada lanzada por un carabinero.

Bordadoras de la Memoria, familiares de detenidos desaparecidos y estudiantes también se sumaron a la convocatoria. Durante el acto se recordó que la represión dictatorial alcanzó de forma directa al mundo universitario: en la Universidad de Chile hubo 122 estudiantes asesinados durante la dictadura y en la Universidad Católica se recordó la cifra de 31.

El indulto no es un trámite menor

El conflicto político se abrió después de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, evitara descartar de forma general indultos para condenados por violaciones a los derechos humanos o por delitos sexuales contra menores. Su argumento fue que cada solicitud debe analizarse según los antecedentes del expediente y las circunstancias particulares de la persona condenada.

En Chile, el gobierno ha recibido más de 40 solicitudes de indulto, entre ellas algunas vinculadas a condenas por hechos ocurridos durante el período de la dictadura, entre 1973 y 1990. En ese marco, la discusión dejó de ser administrativa y pasó a tocar una fibra histórica profunda: la relación del Estado con la verdad, la justicia y la reparación.

Un indulto presidencial no borra una condena judicial, pero sí altera el cumplimiento de la pena. En delitos comunes puede abrir debates jurídicos y humanitarios. En crímenes de lesa humanidad, torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas o graves abusos estatales, el mensaje político es otro: puede leerse como una puerta hacia la impunidad.

El Plan Nacional de búsqueda en disputa

La marcha también expresó preocupación por el futuro del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, creado para esclarecer las circunstancias de desaparición, muerte y destino final de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura chilena.

Los datos oficiales muestran la dimensión de la deuda histórica. El Estado chileno reconoce 1.469 víctimas de desaparición forzada calificadas por comisiones de verdad. De ese total, los restos de 307 personas fueron encontrados, identificados y restituidos a sus familias. Aún quedan 1.162 casos pendientes de esclarecer.

Por eso el Plan no es solo una política pública más. Es una obligación del Estado frente a las familias y frente a la sociedad. Implica búsqueda, identificación, restitución, acceso a la información, participación de familiares, reparación y garantías de no repetición.

Fuentes:

Prensa Latina