El Frente Amplio resolvió suspender la venta de un bono colaborador que tenía como premio principal 11 pasajes a Punta Cana, con una semana de alojamiento en un hotel all inclusive, y como segundo premio otros 11 pasajes a Buzios, también con alojamiento incluido. El sorteo estaba previsto para el 31 de julio y cada bono tenía un valor de 450 pesos.

La indicación llegó a las departamentales frenteamplistas en un momento políticamente sensible para el oficialismo. La polémica por la camioneta Hyundai Santa Fe adquirida por el presidente Yamandú Orsi había derivado en cuestionamientos sobre la forma de pago del vehículo, el descuento recibido y el uso de una Renault Stepway vinculada a la campaña electoral de 2024.

Según la información divulgada, a las departamentales se les pidió dejar de vender los bonos, devolver a la sede central los números no colocados y ofrecer la devolución del dinero a quienes ya habían comprado. También se planteó la posibilidad de que esos compradores aceptaran dejar el monto como colaboración, pero ya sin participación en el sorteo.

Una medida para evitar más desgaste

La suspensión no fue presentada públicamente como consecuencia de una irregularidad propia de la nueva rifa. El punto central parece ser otro: el Frente Amplio decidió no sostener una campaña de recaudación con premios turísticos en pleno clima de sospecha política instalado alrededor de otra rifa anterior.

Esa rifa anterior estaba vinculada a la Renault Stepway donada por Car One durante la campaña electoral de Orsi. Según la explicación ofrecida desde el entorno presidencial, el vehículo fue una donación personal al entonces candidato, no al Frente Amplio como lema. Luego se organizó un bono colaboración con ese auto como incentivo, pero nadie resultó ganador. Lo recaudado habría sido rendido ante la Corte Electoral y, según la versión de Presidencia, el superávit de campaña fue volcado posteriormente al Frente Amplio.

La discusión pública se concentró en si ese vehículo podía ser utilizado después como parte de pago de la camioneta Hyundai de Orsi. La oposición tomó el caso como eje de presión política, mientras el presidente sostuvo que actuó con transparencia y resolvió donar la camioneta a la ANEP para despejar dudas y cerrar el episodio.

En ese escenario, mantener activa una nueva rifa de viajes podía convertirse en un problema comunicacional mayor para el Frente Amplio. No por el contenido del premio en sí, sino por el contexto. La fuerza política quedaba expuesta a que cualquier bono, sorteo o campaña de recaudación fuera leído bajo la sombra de la polémica anterior.

Las razones que se dieron dentro del FA

De acuerdo con la información publicada, a militantes se les explicó que la suspensión respondía a las últimas noticias de público conocimiento y al temor de que la rifa no lograra el resultado financiero esperado. Es decir, se evaluó que el clima político podía afectar la venta de los bonos y convertir una herramienta de recaudación en un nuevo foco de desgaste.

El senador del MPP Aníbal Pereyra, presidente de la Comisión del Interior del Frente Amplio, dio una explicación de carácter más operativo. Señaló que en varios lugares del país existían dificultades para vender otro bono, debido a que poco tiempo antes se había vendido un bono de apoyo a Cuba. Según esa versión, el área de Finanzas resolvió suspender momentáneamente la campaña.

Las dos explicaciones no necesariamente se contradicen. Una apunta al clima político generado por la polémica de la camioneta; la otra, a la dificultad práctica de colocar nuevos bonos en el territorio. En ambos casos, la decisión muestra que el Frente Amplio entendió que seguir adelante podía ser más costoso que detener la venta.

Rifas, financiamiento y cautela política

El episodio vuelve a poner sobre la mesa un asunto más amplio: la forma en que los partidos políticos recaudan fondos, comunican sus campañas financieras y documentan sus sorteos, bonos o colaboraciones. En Uruguay, las rifas y juegos similares tienen normativa específica, con exigencias distintas según el monto de emisión, el tipo de premio, el beneficiario y la comunicación o autorización correspondiente ante los organismos competentes.

Por eso conviene separar los planos. Una cosa es la discusión jurídica sobre una rifa concreta, que debe analizarse con documentos, montos, autorizaciones y rendiciones. Otra cosa es la discusión política sobre la conveniencia de continuar vendiendo un bono en un momento en que la oposición y varios medios colocaron el tema de las rifas en el centro de la agenda.

El Frente Amplio optó por cortar esa exposición. La decisión evita alimentar una controversia que podía seguir escalando y permite ordenar internamente la comunicación sobre recaudación, premios, bonos y donaciones. En un gobierno recién iniciado, el costo de sostener una rifa de viajes en medio de una polémica sobre vehículos, descuentos y campaña electoral podía ser mayor que cualquier beneficio económico.

Fuentes

El Observador
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