La Fiscalía informó al Parlamento que hubo cinco denuncias vinculadas al caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado en Flor de Maroñas. La cifra corrige versiones públicas que hablaban de 14 denuncias, pero no cambia el fondo del problema: la UTU alertó sobre lesiones, la denuncia ingresó mal caratulada, el INAU no fue informado de forma efectiva y el sistema de protección no llegó a tiempo.

La Fiscalía informó al Parlamento que en sus registros hubo cinco denuncias vinculadas al caso y no 14, cifra que había circulado en versiones públicas y en planteos de organizaciones sociales. Pero esa corrección no cierra la discusión. La ordena.

Jonathan tenía 15 años, asistía a la UTU de Flor de Maroñas y fue asesinado el 6 de marzo de 2026. Su padre fue imputado por homicidio agravado y violencia doméstica. Antes de esa muerte hubo antecedentes, alertas, comunicaciones entre organismos y una denuncia realizada desde el centro educativo al que concurría el adolescente.

Cinco denuncias y una alerta que perdió gravedad en el camino

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, informó que Fiscalía tuvo conocimiento de cinco denuncias relacionadas con la situación de Jonathan. Las dos primeras fueron presentadas por la madre del adolescente contra el padre, en junio de 2023 y abril de 2024. A partir de esas actuaciones, la Justicia dispuso medidas cautelares.

La tercera denuncia fue la más sensible para entender la falla posterior. Ingresó el 27 de noviembre de 2025 y fue presentada por autoridades de la UTU a la que concurría Jonathan. Allí se habían detectado lesiones y señales de posible violencia. Sin embargo, el caso llegó a Fiscalía a través de la Policía bajo la carátula de “averiguación de situación”.

Esa fórmula administrativa no fue neutra. En una situación de posible violencia contra un adolescente, la forma en que se registra la denuncia define la urgencia inicial, el tipo de derivación y el nivel de alarma institucional. Si una advertencia de un centro educativo entra al sistema bajo una carátula genérica, la causa pierde peso antes de empezar a caminar.

Fiscalía señaló que la Policía no anotó correctamente el delito que debía ser investigado y que tampoco cumplió todas las tareas encomendadas por el fiscal que tomó intervención. Esa combinación resume buena parte del problema: la alerta existió, pero fue procesada de una manera que redujo su gravedad.

Las otras dos denuncias registradas por Fiscalía fueron posteriores a la muerte de Jonathan y fueron presentadas por su hermana contra su madre por situaciones de violencia. Por eso la cronología importa. Antes del crimen ya había antecedentes contra el padre, ya había una advertencia desde la UTU y ya había organismos estatales con información suficiente para mirar el caso con mayor atención.

La UTU alertó, el INAU no recibió y el seguimiento quedó cortado

La actuación de la UTU ocupa un lugar central. El centro educativo detectó señales, observó lesiones y comunicó la situación. En casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, muchas veces la primera alarma aparece en la escuela, en el liceo, en la UTU, en una policlínica o en un espacio barrial. Son lugares de cercanía, donde el vínculo cotidiano permite ver lo que el expediente todavía no ve.

Después de la denuncia, el caso pasó por la Seccional 16, por una comisaría especializada en violencia doméstica y de género, por Fiscalía y por la Justicia de Familia Especializada. Desde el Poder Judicial se indicó que se encomendó a la Policía solicitar al INAU un informe para el seguimiento del caso. Pero el INAU sostuvo luego que nunca recibió comunicación sobre la situación de Jonathan.

También se manejó un posible error de interpretación en la orden judicial. La indicación de que “INAU aborde situación” habría sido entendida en anotaciones primarias como “INAU aguarde situaciones”. Más allá de la palabra exacta, el resultado fue concreto: el organismo que debía intervenir no intervino.

Fiscalía había dispuesto tomar declaración a la madre del adolescente. Pero el caso no quedó asignado luego a otra fiscalía para seguimiento. Así, una denuncia que debía abrir una ruta clara de protección terminó en una secuencia de trámites incompletos: una carátula débil, una comunicación fallida, una intervención que no llegó y un seguimiento que no se consolidó.

Interior reconoció errores y la INDDHH habló de una muerte evitable

El Ministerio del Interior reconoció errores en la actuación policial y dispuso sumarios a cinco funcionarios. Entre los puntos señalados aparecieron la denuncia mal ingresada, la comunicación incorrecta al INAU, la falta de supervisión y omisiones en el abordaje del caso. También se indicó que la denuncia de la UTU no fue tramitada desde el inicio como un caso de violencia doméstica, sino bajo una fórmula que no activó el recorrido adecuado.

Ese reconocimiento institucional es importante, pero no alcanza. La muerte de Jonathan muestra una falla más profunda que un expediente mal caratulado. Muestra la distancia que puede existir entre un protocolo escrito y una protección real. Muestra que una denuncia puede circular por varias oficinas sin convertirse en una respuesta concreta para un adolescente en riesgo.

La Institución Nacional de Derechos Humanos sostuvo que la muerte de Jonathan era evitable y que el caso evidenció debilidades graves del sistema de protección de infancia y adolescencia. También remarcó que la protección de niñas, niños y adolescentes no depende de una sola institución, sino de una red estatal que requiere coordinación efectiva, respuestas inmediatas y capacidad de actuar a tiempo.