El presidente firmó junto a la ministra Sandra Lazo la resolución que deja sin efecto la incorporación de Graciela Figueredo como asesora del comandante en jefe del Ejército. La abogada había sido cuestionada por Madres y Familiares por su actuación en defensa de represores de la dictadura.

La resolución que corrigió una designación cuestionada

El presidente Yamandú Orsi firmó junto a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, la resolución que dispone el cese de Graciela Figueredo como asesora jurídica del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi.

La decisión llega después del reclamo público de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que había rechazado la designación por considerar incompatible ese cargo con la trayectoria pública y profesional de Figueredo en causas vinculadas al terrorismo de Estado.

La abogada fue señalada por su actuación como defensora de militares acusados y condenados por delitos de lesa humanidad. Para la organización, su presencia en un espacio de asesoramiento directo al mando del Ejército representaba una señal preocupante en un área especialmente sensible para la democracia uruguaya: la búsqueda de verdad, memoria y justicia.

El reclamo de Madres y Familiares

Madres y Familiares había advertido que la designación de Figueredo afectaba la coherencia institucional del Ministerio de Defensa en relación con los compromisos asumidos sobre detenidos desaparecidos, archivos militares, búsqueda de restos y responsabilidad del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

El cuestionamiento no apuntaba a una diferencia administrativa menor, sino a una definición política de fondo. Una abogada vinculada a la defensa de represores no podía ocupar, sin costo institucional, un lugar de asesoramiento dentro del máximo mando del Ejército, una institución que todavía arrastra responsabilidades históricas no resueltas y deudas abiertas con las víctimas.

La organización también había señalado la gravedad de colocar en ese ámbito a una persona que, según sus planteos públicos, relativizó el valor de testimonios, investigaciones judiciales y procesos vinculados a crímenes de lesa humanidad.

Corregir también es ejercer autoridad

La resolución firmada por Orsi y Lazo marca una corrección necesaria. El gobierno recibió el reclamo, revisó la situación y terminó dejando sin efecto una decisión que había generado una tensión innecesaria con el movimiento de derechos humanos.

En un país donde todavía hay familias que buscan a sus desaparecidos, donde persisten silencios militares y donde la impunidad no es una discusión cerrada, las señales institucionales importan. No alcanza con declarar compromiso con la memoria: también hay que cuidar quiénes ocupan lugares de confianza dentro de las estructuras del Estado.

Fuentes:
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos