En la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, Uruguay será examinado por su sistema de negociación colectiva. Detrás del planteo de las cámaras de Comercio e Industria aparece una disputa de fondo: mantener los Consejos de Salarios como herramienta nacional de distribución o empujar los ajustes salariales hacia negociaciones empresa por empresa.

Uruguay, otra vez bajo examen por su negociación colectiva

Uruguay fue incluido en la lista de países que serán examinados por la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo, en el marco de la 114.ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se desarrolla en Ginebra entre el 1.º y el 12 de junio.

El caso refiere al Convenio 98 de la OIT, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, especialmente en lo relativo al artículo 4, que promueve el desarrollo de mecanismos de negociación entre empleadores y trabajadores.

El punto cuestionado vuelve a ser el sistema uruguayo de Consejos de Salarios, creado por la Ley 10.449 y reformado por la Ley 18.566 de Negociación Colectiva. En particular, se discute la posibilidad de acordar aumentos generales de salarios y condiciones de trabajo en ámbitos tripartitos, con participación de trabajadores, empleadores y Poder Ejecutivo.Lo que está en juego no es una cuestión formal de procedimiento, sino una de las columnas históricas del modelo laboral uruguayo: la negociación por rama de actividad, con pisos salariales generales y alcance para miles de trabajadores que no negocian individualmente con su patrón.

El objetivo de fondo: debilitar los Consejos de Salarios

Las cámaras empresariales sostienen que la presencia del Poder Ejecutivo en estos ámbitos supone una intromisión en la negociación colectiva. El argumento formal es que un convenio colectivo debería surgir únicamente de empleadores y trabajadores, sin intervención estatal.

Pero esa mirada desconoce una característica central del modelo uruguayo. Los Consejos de Salarios no sustituyen la negociación colectiva: la ordenan, la amplían y la convierten en una herramienta de alcance nacional. Además, cuando se incluyen condiciones de trabajo, la normativa exige acuerdo entre trabajadores y empleadores, por lo que la participación del Poder Ejecutivo no funciona como imposición automática sobre esos contenidos.

El conflicto real parece estar en otro lugar. Si se debilita el aumento general por rama, el ajuste salarial queda librado a la negociación empresa por empresa. Eso desplaza el equilibrio hacia el empleador, especialmente en sectores donde hay menor organización sindical, mayor precariedad o trabajadores con menos capacidad de presión.

En términos concretos, eliminar o vaciar los aumentos generales implicaría que miles de trabajadores quedarían dependiendo de la voluntad de cada empresa. Para las grandes cámaras empresariales, eso significaría más margen para negociar a la baja, fragmentar reclamos y evitar pisos salariales comunes.

Una herramienta usada por gobiernos de todos los partidos

Los aumentos generales de salarios a través de la negociación colectiva no son una rareza reciente ni una invención de un solo gobierno. Forman parte de una práctica histórica del país desde la creación de los Consejos de Salarios en 1943.

Gobiernos de distinto signo político han utilizado este instrumento cuando convocaron la negociación colectiva. Ningún partido con responsabilidad de gobierno lo eliminó como principio general. Esa continuidad muestra que el sistema no pertenece a una fuerza política, sino a una tradición institucional uruguaya.

Uruguay entre los mejores indicadores laborales y el banquillo de examen

La Conferencia Internacional del Trabajo de 2026 reúne a representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores de los 187 Estados miembros de la OIT. Es el principal órgano de decisión del organismo y funciona bajo una estructura tripartita: Estados, sindicatos y cámaras empresariales.

En esta misma conferencia se analiza el diálogo social en el mundo. Uruguay aparece como un caso de avance en esa materia, mientras las organizaciones sindicales internacionales lo ubican entre los países con mejor cumplimiento de la legislación laboral internacional.

Esa situación deja expuesta una contradicción difícil de explicar: un país reconocido por su sistema de diálogo social es, al mismo tiempo, examinado por una denuncia que apunta justamente contra una de las herramientas que sostienen ese diálogo.

Desde la delegación sindical uruguaya se entiende que la inclusión del país en este examen responde más a razones políticas que técnicas. La lectura sindical es que las cámaras empresariales buscan utilizar el sistema de control de normas de la OIT para erosionar desde afuera un modelo que no han logrado desmontar internamente.

La disputa por el salario como disputa democrática

La discusión sobre los Consejos de Salarios no es solo laboral. También es democrática. En una economía donde el poder de negociación no está distribuido de manera igualitaria, dejar los ajustes salariales exclusivamente en manos de cada empresa supone aceptar que el trabajador negocie desde una posición mucho más débil.

La negociación colectiva por rama corrige parcialmente esa desigualdad. No elimina el conflicto entre capital y trabajo, pero le da un cauce institucional. Permite discutir salarios, categorías, condiciones laborales y reglas comunes con participación de las partes involucradas y del Estado.

El planteo empresarial, en cambio, empuja hacia un modelo más fragmentado. Un país donde cada empresa negocia por separado es un país donde los trabajadores organizados en sindicatos fuertes pueden defenderse mejor, pero quienes están en sectores más débiles quedan más expuestos. Esa es la diferencia entre un derecho colectivo y una negociación individual disfrazada de libertad.

Uruguay tiene problemas laborales reales: salarios todavía insuficientes en varias ramas, informalidad, desigualdades de género, tercerizaciones, precariedad juvenil y desafíos nuevos asociados a plataformas digitales y cambios tecnológicos. Pero debilitar los Consejos de Salarios no resolvería esos problemas. Los agravaría.

Delegación sindical uruguaya en Ginebra

La delegación del PIT-CNT que participa en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo está integrada por José Olivera, de FENAPES, y Martín Ford, de AEBU, responsables de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la central; Carolina Spilman, vicepresidenta del PIT-CNT y responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad Sexual; y Gabriel Salsamendi, abogado asesor de la central sindical.

Fuentes

Portal del PIT-CNT